Piden procesar a Subalcalde; 36 personas se quedaron sin techo
Afectados. La mayoría son estudiantes universitarios que vivían en la casa colapsada
El presidente del Concejo, Omar Rocha, solicitó a la alcaldesa interina, Gabriela Niño de Guzmán, que abra proceso administrativo contra el subalcalde del Centro, Ramiro Burgos, por incumplimiento de funciones en relación con el derrumbe en Miraflores. La petición, que tiene el respaldo de al menos dos concejales, quedó en manos de la Alcaldesa. El aludido reiteró, en su defensa, que cumplió con todas las normas.
Anoche, Gabriel Iñiguez, esposo de la propietaria del inmueble fuera de norma de cinco pisos que colapsó, dijo en el programa Todo a Pulmón, de John Arandia, que su familia y 35 de sus anticresistas e inquilinos se quedaron sin techo.
En el programa no se preguntó a Iniguez por qué construyó tres pisos más sobre las dos plantas que le autorizó la Alcaldía. También se estableció que otras cinco casas resultados afectadas por las excavaciones de la empresa Pro Urban —que construía el edificio María Angélica, de 23 pisos, en la calle Argentina— y por la mala calidad del suelo sobre el que se alzó la casa ilegal.
Rocha sostuvo que este desastre pudo ser evitado. “Es falso que la municipalidad no tiene tuición para fiscalizar y supervisar las obras. Para eso están los procesos técnico administrativos”, dijo.
La razón para procesar a Burgos son las tres notas que le enviaron los vecinos del edificio en construcción el 8 de julio de 2010, el 5 de septiembre de 2011 y el 12 de diciembre de 2011 en las que hacían notar los problemas ocasionados por Pro Urban.
Indicios. La Razón no pudo acceder a las cartas, pero Burgos explicó que a raíz de la primera se impuso una multa de Bs 1.700 a la constructora porque no tenía autorización para edificar el María Angélica y se le ordenó paralizar la construcción.
En la segunda, se denunció un hundimiento en la calle, que el Subalcalde atribuyó a fallas en el alcantarillado. La tercera es una solicitud para evitar el movimiento de tierra por la época de lluvias. La Alcaldesa dijo desconocer la petición de Rocha y anticipó que el proceso penal que interpondrá la Alcaldía contra Pro Urban definirá responsabilidades. “Al hacer la denuncia ante la Fiscalía, estamos sometiendo nuestras actuaciones ante una autoridad superior”, apuntó.
El concejal Freddy Miranda (MSM) explicó que Rocha respaldó su requerimiento en las quejas de los vecinos. “Yo solicité que la Subalcaldía remita toda la información. Luego de evaluar la documentación, tomaré una posición”, dijo.
Jorge Silva (MAS) cree que el inicio de un proceso administrativo contra Burgos es lo menos que se puede hacer. “La Alcaldía quiere librar su responsabilidad con el proceso penal a Pro Urban, cuando la Subalcaldía tiene corresponsabilidad. Para qué está entonces la Unidad de Fiscalización en las subalcaldías”.
El concejal Carlos Ramírez (MAS) también apoya el proceso. “En La Paz hay 175 mil construcciones fuera de norma, unas 35 mil están en el Centro y Miraflores. La Subalcaldía Centro este año ha llevado adelante 120 procesos administrativos, que es una cantidad insignificante. Entonces, creo que se tiene que iniciar un proceso, tiene que caerle la responsabilidad”, dijo.
La mirada de dos expertos
– El director de la Cámara Departamental de la Construcción, Mauricio Torres, dijo que la empresa Pro Urban no está inscrita en esa institución y reconoció que hay un vacío legal sobre la fiscalización a las obras privadas.
– “Esa casa (la de cinco pisos) iba a colapsar con o sin excavación por la mala calidad del suelo. Era una construcción peligrosa”, dijo el responsable de visado de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia filial La Paz, Mario Galindo.
La compensación se traba por líos legales
La negociación entre Pro Urban, que construía el edificio María Angélica, y las 26 personas damnificadas por el colapso del inmueble de cinco pisos se trabó ayer debido a que la propietaria de la construcción fuera de norma vive en Chile y porque los contratos de anticrético no están registrados en Derechos Reales.
“Hemos firmado un preacuerdo con 26 personas. El lunes vamos a determinar un porcentaje (de compensación). Estamos esperando el arribo de la propietaria que resultó ser la esposa del señor que dio los anticréticos”, explicó Sergio Medina, asesor legal de la constructora.
Los anticresistas —en su mayoría estudiantes de las universidades privadas circundantes—, que vivían en los garzoniers habilitados en el inmueble fuera de norma, sólo tienen contratos privados con reconocimiento de firmas y algunos incluso sólo recibos que certificarían su inversión. “Para indemnizar se requerían los documentos legales registrados en Derechos Reales, pero como no existen estamos dispuestos a ver otras salidas”, señaló Medina.
El jueves, este diario informó que las habitaciones fueron otorgadas en anticrético por $us 12 mil y que los alquileres oscilaban entre los $us 100 y $us 200. El dirigente de la Junta de Vecinos de Miraflores, Álvaro Cortez, informó que la constructora sólo quiere compensar con el 50% a los afectados y amenazó con asumir medidas de presión.
Los Iñiguez denuncian presiones de Pro Urban
Gabriel Iñiguez, esposo de la propietaria de la casa fuera de norma que colapsó el miércoles, dijo anoche en Todo a Pulmón que la constructora Pro Urban le ofreció en dos oportunidades comprarle el terreno, aprovechándose del estado emocional en el que se encontraba.
“Ellos quieren apropiarse de mi terreno”, dijo. Relató que los representantes de la firma le dijeron, en un primer momento, que debía devolver parte de los anticréticos y que, como estaba pasando por un problema económico, ellos le compraban el predio. “Ayer han dicho ‘nosotros vamos a devolver, pero queremos que sigas considerando la venta de tu terreno’”.
Por otra parte, dos de los cinco pisos de la construcción fuera de norma y un cuarto de cocina de una casa contigua serán demolidos para estabilizar el área colindante al terreno del edificio María Angélica, informó el jefe de la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos, Vladimir Toro. Antes de esta intervención, la empresa Pro Urban está obligada a rescatar enseres y muebles del edificio fuera de norma, así como el material de construcción que pueda reutilizarse.
