Sociedad

Monday 13 May 2024 | Actualizado a 14:35 PM

Empresas de vigilancia privada aumentan de manera exponencial

Control. Además de haberse convertido en un negocio, la demanda de clientes creció

/ 4 de noviembre de 2012 / 05:25

En menos de una década, las empresas de vigilancia privadas en Bolivia, tanto legales como ilegales, se multiplicaron por nueve. En 2001 eran 30 y este año, según datos ofrecidos por el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, suman 265; un 885% de crecimiento.

Existen cuatro razones que explican este fenómeno, según especialistas del área: el crecimiento de la inseguridad ciudadana en el país, el escaso personal policial para cubrir las demandas de la ciudadanía, instituciones y comercios.

También influyeron la falta de una normativa que sancione de forma drástica (clausuras y multas) el trabajo de las empresas ilegales o de aquellas que no renovaron su permiso de funcionamiento y, finalmente, porque es un negocio muy lucrativo.

Los datos ofrecidos por el viceministerio fueron elaborados por el Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes), de la Policía, y el viceministro de entonces hizo una presentación  en el Parlamento Andino.

Según el artículo 59 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, promulgada el 31 de julio, una empresa de seguridad privada tiene la función de desarrollar actividades preventivas de vigilancia y de alerta temprana, y debe operar en estrecha colaboración de la Policía.

Transparencia. Dencoes y las jefaturas departamentales de control de este tipo de organizaciones (Jedecoes) son las encargadas, por instrucción del Comando General, de supervisar y controlar sus actividades.

La Razón pidió al Dencoes desde 2011, en reiteradas ocasiones, datos sobre la cantidad de empresas que operan en Bolivia, sin embargo, ese departamento se negó a proporcionarlos e incluso solicitó una orden fiscal para dar curso a la información,

Fernando Quiroga, autor del libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia, y jefe nacional  Jurídico y de Recursos Humanos de la empresa Armus, detalló que de las 30 empresas  legales e ilegales registradas en 2003, 13 funcionaban en La Paz, diez en Santa Cruz y siete en Cochabamba.

 En abril, cuando presentó el tema “Consolidación democrática, un nuevo modelo de seguridad ciudadana” ante el Parlamento Andino, Dencoes informó que hay 265 empresas, 82 autorizadas, 44 en trámite, 139 ilegales y 126 identificadas. En Santa Cruz existen más firmas  clandestinas (39).

Datos del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2012-2016, elaborado por el Ministerio de Gobierno, señalan que las denuncias de hechos delictivos desde 2005 a 2011 se incrementaron en un 78%.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen recibió en 2005, 6.681 denuncias en todo el país y el año pasado 26.726.
 Quiroga indicó que sólo hasta junio de la presente gestión se registraron 3.020 denuncias de robo, 2.507 de lesiones, 1.082 homicidios, 1.025 hurtos, 984 estafas y 650 violaciones.

“La inseguridad es el mercado de las empresas de vigilancia privada, inseguridad que está en aumento en el país”, expresó Raúl Moreno, licenciado en seguridad y gerente de la empresa privada Radar.

Sin embargo, estos datos no reflejan la verdadera situación de la delincuencia en Bolivia. La última publicación del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, que depende del viceministerio de ramo, reveló que en 2011 al menos un miembro de seis de cada diez familias fue asaltado, cuatro de cada diez reportaron que al menos uno de sus integrantes sufrió un hurto; el domicilio de tres de cada diez familias fue robado y cuatro de cada diez sufrieron el robo de autopartes o vehículos. Sin embargo, sólo tres de cada diez denunciaron el hecho.

Déficit. “Es de conocimiento público” que hace falta personal policial en el país, y que por ello existen estas instancias de vigilancia, dijo el director nacional de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Argandoña.

En 2010, en La Paz había un policía por cada 276 pobladores, en Santa Cruz la relación era de uno por cada 495 y en Cochabamba de uno por cada 428. Esta proporción estaba lejos del estándar internacional de un policía por cada 140 habitantes.

¿Cuántos empleados tienen las empresas de vigilancia privada en Bolivia? ¿Cuántos exjefes policiales son dueños de estas firmas? ¿Cuánto le dejan al Estado en tributos y a cuánto ascienden sus ganancias?

No hay respuesta del Dencoes para ninguna de estas preguntas, ya que este negocio sigue siendo una suerte de agujero negro.
Con relación a la parte lucrativa, Quiroga manifestó que las firmas clandestinas son las que ganan más, ya que omiten el registro patronal en la Caja Nacional de Salud, no pagan aportes para la jubilación, ni tributan. “Sabemos que la seguridad privada es lucrativa, no hay que taparlo”, afirmó el autor del libro.

Hay casos en que estas firmas cobran a sus agentes por el uniforme;  los sueldos oscilan entre Bs 900 y Bs 1.500; y algunos reciben un bono de transporte de Bs 200 adicional, detalló. Tampoco se controla que al menos se cumpla el salario mínimo nacional vigente, de Bs 1.000.

Mientras tanto la demanda va en aumento. En 2011, la firma Armus tenía contrato con 29 instituciones, cantidad que en 2012 aumentó a 34.

Dencoes fue creada en 2002

El libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia sostiene que la Policía creó el Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes), “con el objetivo de establecer políticas y procedimientos técnicos operativos para el inicio, funcionamiento, operación, supervisión y cesación de las empresas de seguridad”, mediante la Resolución 324/2002 del Comando General de la Policía, de 7 de octubre de 2002.

Alistan reglamento para poder imponer sanciones

Los operativos de control estarán acompañados por un miembro de la Fiscalía

El reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, que será aprobado próximamente, impone sanciones más enérgicas a las empresas de vigilancia privada que vulneren la normativa, informó el director general de Seguridad Ciudadana, Julio César Argandoña.

Entre éstas figuran la clausura momentánea o definitiva, la imposición de multas, cuyo monto aún está en estudio, y la demanda penal.

 “La normativa que estaba vigente —la Resolución 222544, de junio de 2004, que quedó sin efecto— no contaba con un respaldo sancionatorio y no era muy coercitiva. Con este reglamento se van a imponer sanciones, las cuales van a permitir que se regule y controle el crecimiento desmesurado de estas firmas”, añadió.

El proyecto es revisado por personal del Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes) y de las Jefaturas Departamentales de Control de Empresas de Seguridad Privada (Jedecoes), que pueden introducir  modificaciones o plantear nuevos artículos.

FISCAL. Argandoña indicó que también se ha previsto que en todos los operativos de control que ejecute la Policía a estas empresas, esté presente  un fiscal, quien legalizará la imposición de las sanciones.

Actualmente el personal de las Jedecoes no cuenta con el apoyo de un representante del Ministerio Público, por lo que su accionar se ve limitado, ya que hay el riesgo de que sean denunciados por violación de derechos, allanamiento y otros delitos.

El objetivo es que las empresas desarrollen sus labores operativas bajo tuición de la Policía y cumplan con todas las normas para garantizar la correcta prestación del servicio.

Fernando Quiroga, de la firma Armus, dijo que era necesario contar con esta normativa. “No se puede exponer a la ciudadanía con guardias sin referencias o garantías”, apuntó.

Más datos sobre el proyecto

personal
En la reglamentación se establecerá que las empresas no admitan a nacionales o extranjeros que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada.

FFAA
Tampoco podrán admitir a personal que haya formado parte de las FFAA o la Policía y que haya sido dado de baja por faltas
o delitos.

Las primeras empresas custodiaban sólo a artistas

Las primeras empresas de vigilancia privada comenzaron a operar en 1999 en la sede de gobierno, éstas eran CIES, de origen nacional, y Wackenhut, de Inglaterra, informó Fernando Quiroga, autor del libro La problemática de la seguridad ciudadana y la incursión de la seguridad privada en Bolivia, editado este año.

“Recuerdo que esas eran las primeras que se identificaron más y custodiaban a los artistas internacionales que llegaban, aunque me imagino que había otras más. Sé que ahora una funciona con otro nombre”, explicó.

Antes de la creación del Departamento Nacional de Control de Empresas de Seguridad Privada (Dencoes) y de que en 2004 se reglamentara el funcionamiento  de estas empresas, ninguna instancia verificaba la labor de los guardias, su forma de trabajo, los antecedentes de su personal o si portaban armas de fuego.

UNIFORME. Durante esos primeros años, los agentes tampoco portaban uniformes propios, sólo vestían formalmente, con una camisa, corbata y terno, y cuando se realizaba un concierto en un teatro, se ubicaban al borde del escenario usando panocas (especie de abrigos largos), tampoco portaban una  identificación. “Antes trabajaban solamente a nivel local, pero desde 2008 empezaron a expandirse y abrieron sus sucursales en otros departamentos”, indicó.

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Coca-Cola sube en Bs 0,50 el precio de 4 gaseosas retornables

La empresa no explicó las razones para esta elevación

/ 25 de julio de 2017 / 14:15

“Ahora, el refresco personal es Bs 1,50, era Bs 1”, dijo Miguel Paya, vendedor de una tienda en el barrio de Los Pinos. Embol, la empresa que embotella CocaCola, subió el precio de cuatro de sus productos retornables de vidrio y plástico en Bs 0,50.

Los cuatro productos que subieron de precio al consumidor final son las gaseosas Coca-Cola de 190 mililitros (personal), la de 600 mililitros (popular) y la de litro y medio, todas embotelladas en vidrio. También se incrementó el precio de la Coca-Cola de dos litros en botella retornable.

Esta información fue comprobada luego de realizar un recorrido por cinco zonas: San Pedro, Sopocachi, Miraflores, Los Pinos y Auquisamaña. Una decena de dueños de tiendas barriales, a excepción de uno, que no tenía pedidos nuevos, confirmaron la información a La Razón.

El refresco Coca-Cola de 190 mililitros (ml) que costaba Bs 1 ahora se ofrece a Bs 1,50; la de 600 ml que valía Bs 3,50 hoy cuesta Bs 4, y la de litro y medio que valía Bs 4,50 la venden a Bs 5. La de dos litros en envase retornable, que valía Bs 6,50, actualmente la venden en Bs 7.

Este medio intentó entrevistar a alguna autoridad de la empresa para conocer las causas de esta elevación, aunque sin éxito. Una empleada de Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (Embol) dijo que se iba a devolver la llamada telefónica, pero hasta el cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta alguna.

“Solo han subido las retornables en Bs 0,50 y la personal. El viernes nos han dado ya con otro precio. La retornable en plástico está ahora Bs 7 y la popular, Bs 3. No conozco las razones, la factura nos llegó de esa forma”, dijo Teófila Sanca, propietaria de una tienda en el barrio de Los Pinos.

“La que vendo más es la de dos litros retornable. Para que la gente piense que nosotros no fuimos los que subimos los precios, les estamos explicando que fue decisión de la empresa”, añadió Miguel Ángel Paya, otro tendero.

Las dos últimas veces que Embol subió el precio de sus productos fue en enero de 2012 y octubre de 2014. La primera vez, la firma elevó en Bs 0,50 sus productos no retornables y las gaseosas dietéticas, y la segunda vez subió el precio entre Bs 0,50 y Bs 1 los no retornables de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Simba, Fresca,  Taí, Mineragua y Agua Vital. 

En enero de 2014, este medio informó que el gerente general de Coca-Cola Company-Región Trasandina (Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay), Humberto Zogbi, reveló que el consumo anual de este producto en Bolivia llega a 53 litros por persona y que las tiendas son sus principales distribuidoras.

“Tengo mi negocio de comida y daba la personal a Bs 1,50, pero ahora la doy a Bs 2”, dijo Cintya Conde, de American Gourmet.

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Computadoras escolares serán bloqueadas en caso de robo

Educación. El Gobierno las entregará desde la próxima gestión

/ 21 de octubre de 2013 / 06:31

Las computadoras que el Gobierno entregará a estudiantes de secundaria de colegios fiscales desde 2014, y que serán ensambladas en el país, tendrán un mecanismo contra robos; sus software y hardware dejarán de funcionar una vez que pase un tiempo prudente sin ser reportadas.

“Las máquinas tienen un sistema antirrobos. Deben reportarlas a diario al colegio, y si pasa muchos días y no lo hacen, se va a morir la máquina. Son las más modernas”, explicó ayer la ministra de Desarrollo Rural Productivo y Economía Plural, Teresa Morales,  al referirse a las bondades de estos aparatos que serán ensamblados en el país por la empresa estatal Quipus.

El Decreto 1759, aprobado el 9 de octubre de este año, permite al Gobierno crear la compañía cuya principal actividad será la producción, ensamblado y comercialización de productos. La inversión será de $us 60 millones provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), “que es un resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, y otros”, según la autoridad.

Profesores. La ministra explicó las características de las laptop en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, de la red Patria Nueva. En caso de extravío, la autoridad indicó que los alumnos deben informar diariamente a sus profesores y si se produce la pérdida, serán éstos los que bloqueen el acceso a los aparatos.

Entre otras de sus características, Morales detalló que las computadoras podrán convertirse en tabletas, lo que implica que su pantalla será táctil. Alternativamente, los estudiantes podrán hacer uso de su teclado. También se convertirán en pequeños maletines, porque tendrán un sujetador. Además poseen un lente de aumento microscópico, y su peso es menor a dos kilos.

El objetivo de brindar estas nuevas tecnologías de información es para mejorar el aprendizaje de los alumnos. “No es una novedad que se ensamblen computadoras en Bolivia, sino que se las entregue a todos los niños en edad escolar, (ya) ensambladas”, sostuvo la ministra Morales.

La producción que se realizará por año será de 100.000 y  200.000 equipos. En próximas gestiones se piensa dotar de estos equipos a estudiantes, niños y jóvenes de educación privada.

La titular anunció que la licitación para la construcción de la empresa será lanzada en noviembre. Hay varios interesados en producir los equipos, que incluyen además todos los kits (piezas, como las tarjetas madre).

El decreto autoriza a la empresa pública efectuar contrataciones directas en el exterior. “Se autoriza a la Empresa Pública Quipus realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa; pudiéndose adherir a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”, establece la disposición adicional única.

Una máquina adquirida del extranjero tiene un costo aproximado de $us 450, en el país su precio será de $us 395, lo que representa un ahorro para el Estado. “En caso de extravío, el niño  (ni el padre de familia) no cancelarán ningún costo”, advirtió Morales.

En Quipus también se crearán celulares con sus propias características y otros productos, en una segunda fase. La nueva empresa será financiada  por el Banco de Desarrollo Productivo. Para ello, el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), emitirá bonos para garantizar el financiamiento. Esta fábrica tendrá un costo de $us 60 millones.

Otros aspectos del decreto

Directorio
La Empresa Quipus no cuenta con directorio y tiene el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica.

La Paz
Ésta será instalada en la ciudad; pueden abrirse agencias o sucursales en otros departamentos de Bolivia.

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Computadoras escolares serán bloqueadas en caso de robo

Educación. El Gobierno las entregará desde la próxima gestión

/ 21 de octubre de 2013 / 06:31

Las computadoras que el Gobierno entregará a estudiantes de secundaria de colegios fiscales desde 2014, y que serán ensambladas en el país, tendrán un mecanismo contra robos; sus software y hardware dejarán de funcionar una vez que pase un tiempo prudente sin ser reportadas.

“Las máquinas tienen un sistema antirrobos. Deben reportarlas a diario al colegio, y si pasa muchos días y no lo hacen, se va a morir la máquina. Son las más modernas”, explicó ayer la ministra de Desarrollo Rural Productivo y Economía Plural, Teresa Morales,  al referirse a las bondades de estos aparatos que serán ensamblados en el país por la empresa estatal Quipus.

El Decreto 1759, aprobado el 9 de octubre de este año, permite al Gobierno crear la compañía cuya principal actividad será la producción, ensamblado y comercialización de productos. La inversión será de $us 60 millones provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), “que es un resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, y otros”, según la autoridad.

Profesores. La ministra explicó las características de las laptop en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, de la red Patria Nueva. En caso de extravío, la autoridad indicó que los alumnos deben informar diariamente a sus profesores y si se produce la pérdida, serán éstos los que bloqueen el acceso a los aparatos.

Entre otras de sus características, Morales detalló que las computadoras podrán convertirse en tabletas, lo que implica que su pantalla será táctil. Alternativamente, los estudiantes podrán hacer uso de su teclado. También se convertirán en pequeños maletines, porque tendrán un sujetador. Además poseen un lente de aumento microscópico, y su peso es menor a dos kilos.

El objetivo de brindar estas nuevas tecnologías de información es para mejorar el aprendizaje de los alumnos. “No es una novedad que se ensamblen computadoras en Bolivia, sino que se las entregue a todos los niños en edad escolar, (ya) ensambladas”, sostuvo la ministra Morales.

La producción que se realizará por año será de 100.000 y  200.000 equipos. En próximas gestiones se piensa dotar de estos equipos a estudiantes, niños y jóvenes de educación privada.

La titular anunció que la licitación para la construcción de la empresa será lanzada en noviembre. Hay varios interesados en producir los equipos, que incluyen además todos los kits (piezas, como las tarjetas madre).

El decreto autoriza a la empresa pública efectuar contrataciones directas en el exterior. “Se autoriza a la Empresa Pública Quipus realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa; pudiéndose adherir a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”, establece la disposición adicional única.

Una máquina adquirida del extranjero tiene un costo aproximado de $us 450, en el país su precio será de $us 395, lo que representa un ahorro para el Estado. “En caso de extravío, el niño  (ni el padre de familia) no cancelarán ningún costo”, advirtió Morales.

En Quipus también se crearán celulares con sus propias características y otros productos, en una segunda fase. La nueva empresa será financiada  por el Banco de Desarrollo Productivo. Para ello, el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), emitirá bonos para garantizar el financiamiento. Esta fábrica tendrá un costo de $us 60 millones.

Otros aspectos del decreto

Directorio
La Empresa Quipus no cuenta con directorio y tiene el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica.

La Paz
Ésta será instalada en la ciudad; pueden abrirse agencias o sucursales en otros departamentos de Bolivia.

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Gobierno dice que pretende dar ‘sensación de seguridad’

Ilegal. Así, el Ministro de Gobierno justifica la presentación pública, a veces errada, de sospechosos

/ 29 de abril de 2013 / 04:44

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a La Razón que la exhibición mediática de supuestos delincuentes, a veces de personas que resultan inocentes en los casos, tiene la finalidad de brindar “una sensación de seguridad a la gente”.

Destacó, además, que no se puede censurar a la Policía por “tres casos”, en alusión a aquellos en los que los presentados a los medios de comunicación finalmente salieron libres, frente a los miles de hechos que atiende la entidad del orden cada año.

“Cuando hay un mensaje de presentar casos (a la prensa), avances de investigación, la gente tiene sensación de seguridad. Entonces yo no censuraría el trabajo de la Policía, por trabajar, por reducir objetivamente el delito, por dar sensación de seguridad a la gente y eso pasa por el mensaje comunicacional”.  

La autoridad intentó explicar de ese modo los errores admitidos por la Policía y el Gobierno con relación a la aprehensión de personas inocentes.

El último hecho de estas características ocurrió la semana pasada, cuando el brasileño Adao Souza Silva (40) salió libre después de que estuvo aprehendido durante una semana y presentado a los medios de comunicación, el 18 de abril, como si fuese el sicario que había asesinado a Honorio Rodríguez (47).

De acuerdo con el inciso 4 del artículo 296 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la fuerza policial no debe permitir que los detenidos sean expuestos a los medios de información sin su consentimiento previo.  

Cuando a Romero se le cuestionó, ¿por qué los sospechosos son mostrados de manera pública?, éste respondió: “Porque es parte de la investigación, porque la gente pide resultados. No es un tema de normativa, es de sensación. La seguridad ciudadana tiene un componente objetivo y otro subjetivo, y en muchos casos más juega el subjetivo”.

La Razón le preguntó a la autoridad acerca de tres hechos, que ocurrieron en los meses pasados, en los cuales la entidad del verde olivo y el Ministerio de Gobierno exhibieron a personas que finalmente resultaron inocentes: Adao Souza Silva, Medardo Tola (mostrado como cabecilla de una banda de asaltantes y preso por diez meses y diez días), y Édgar F. (35) (exhibido como integrante de una banda de atracadores el 10 de enero).

Romero justificó estos hechos con esta afirmación: “Yo no sé si vamos a censurar a la Policía por tres casos que usted haya investigado, frente a los miles de casos que se resuelven cada año, en promedio se atienden como 50.000 hechos a nivel nacional”.

Se exhiben porque hay hipótesis

arresto
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que las personas que se muestran a la prensa tienen señales de haber cometido  delitos. “Se presentan casos porque hay indicios, hipótesis, no es que se agarre a la persona en la calle y se la muestre”.

Plan baja cifra de delitos en Santa Cruz

El plan Chachapuma que lleva adelante el Gobierno, en coordinación con otras instituciones en Santa Cruz, logró disminuir la criminalidad en esa urbe.

El ministro Carlos Romero indicó que en los primeros días de su implementación se registraron entre 600 y 700 por día, pero que  luego esta cifra ha bajado. Así, el viernes 28 sólo hubo 54 personas que consumieron alcohol en vía pública, indicó. “Las tentativas de robo bajaron en 90%. Había más de 500 autos raybanizados sin autorización, en las últimas jornadas no llegamos ni a diez”, afirmó.

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Gobierno dice que pretende dar ‘sensación de seguridad’

Ilegal. Así, el Ministro de Gobierno justifica la presentación pública, a veces errada, de sospechosos

/ 29 de abril de 2013 / 04:44

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a La Razón que la exhibición mediática de supuestos delincuentes, a veces de personas que resultan inocentes en los casos, tiene la finalidad de brindar “una sensación de seguridad a la gente”.

Destacó, además, que no se puede censurar a la Policía por “tres casos”, en alusión a aquellos en los que los presentados a los medios de comunicación finalmente salieron libres, frente a los miles de hechos que atiende la entidad del orden cada año.

“Cuando hay un mensaje de presentar casos (a la prensa), avances de investigación, la gente tiene sensación de seguridad. Entonces yo no censuraría el trabajo de la Policía, por trabajar, por reducir objetivamente el delito, por dar sensación de seguridad a la gente y eso pasa por el mensaje comunicacional”.  

La autoridad intentó explicar de ese modo los errores admitidos por la Policía y el Gobierno con relación a la aprehensión de personas inocentes.

El último hecho de estas características ocurrió la semana pasada, cuando el brasileño Adao Souza Silva (40) salió libre después de que estuvo aprehendido durante una semana y presentado a los medios de comunicación, el 18 de abril, como si fuese el sicario que había asesinado a Honorio Rodríguez (47).

De acuerdo con el inciso 4 del artículo 296 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la fuerza policial no debe permitir que los detenidos sean expuestos a los medios de información sin su consentimiento previo.  

Cuando a Romero se le cuestionó, ¿por qué los sospechosos son mostrados de manera pública?, éste respondió: “Porque es parte de la investigación, porque la gente pide resultados. No es un tema de normativa, es de sensación. La seguridad ciudadana tiene un componente objetivo y otro subjetivo, y en muchos casos más juega el subjetivo”.

La Razón le preguntó a la autoridad acerca de tres hechos, que ocurrieron en los meses pasados, en los cuales la entidad del verde olivo y el Ministerio de Gobierno exhibieron a personas que finalmente resultaron inocentes: Adao Souza Silva, Medardo Tola (mostrado como cabecilla de una banda de asaltantes y preso por diez meses y diez días), y Édgar F. (35) (exhibido como integrante de una banda de atracadores el 10 de enero).

Romero justificó estos hechos con esta afirmación: “Yo no sé si vamos a censurar a la Policía por tres casos que usted haya investigado, frente a los miles de casos que se resuelven cada año, en promedio se atienden como 50.000 hechos a nivel nacional”.

Se exhiben porque hay hipótesis

arresto
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que las personas que se muestran a la prensa tienen señales de haber cometido  delitos. “Se presentan casos porque hay indicios, hipótesis, no es que se agarre a la persona en la calle y se la muestre”.

Plan baja cifra de delitos en Santa Cruz

El plan Chachapuma que lleva adelante el Gobierno, en coordinación con otras instituciones en Santa Cruz, logró disminuir la criminalidad en esa urbe.

El ministro Carlos Romero indicó que en los primeros días de su implementación se registraron entre 600 y 700 por día, pero que  luego esta cifra ha bajado. Así, el viernes 28 sólo hubo 54 personas que consumieron alcohol en vía pública, indicó. “Las tentativas de robo bajaron en 90%. Había más de 500 autos raybanizados sin autorización, en las últimas jornadas no llegamos ni a diez”, afirmó.

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