La Policía es una de las instituciones más denunciadas por vulneración de los derechos humanos, mientras que la justicia, la impunidad, la falta de relación entre leyes y su ejercicio, y el “nulo” respeto a los derechos de los pueblos y naciones indígenas fueron identificados como ámbitos de violación de los derechos elementales, refiere un informe del Defensor del Pueblo.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó hoy, en ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, un informe sobre la situación de esta materia. La Policía encabeza la lista de las instituciones más denunciadas con 580 casos, seguidas en orden descendente por el Órgano Judicial (315), Fiscalía (294), direcciones Departamentales de Educación de Oruro (267) y de La Paz (244).
El Ministerio de Educación (230), la Alcaldía de El Alto (221), el Ministerio de Gobierno (170), la Alcaldía de La Paz (166), el Órgano Electoral (166) y el Servicio Nacional de Sistema de Reparto (Senasir) (151) también figuran en la lista de las instituciones más denunciadas en 2012.
Villena también identificó cuatro ámbitos de vulneración de derechos humanos y llamó al Gobierno, políticos y a los ciudadanos a asumir con responsabilidad la construcción del Estado Plurinacional.
Observó como ámbitos de vulneración al nulo respeto a los derechos de los pueblos y naciones indígenas; a la ausencia de justicia; a la brecha existente entre el esfuerzo por la construcción de normativa que garantice la vigencia de los derechos y su efectivo ejercicio; y a la impunidad.
De no respetarse los derechos de los pueblos indígenas “corremos el serio riesgo de retroceder de nuevo hacia un Estado discriminador y excluyente”, advirtió. Sobre los problemas en la justicia, aclaró que es un tema que debe ser encarado de manera firme, decidida y coherente.
El Defensor recordó el desbaratamiento de una red de extorsión descubierta el 30 de noviembre y cuyos supuestos líderes eran funcionarios de los ministerios de Gobierno y de la Presidencia. Mencionó que ese hecho, sumado a la detención en febrero del coronel René Sanabria por narcotráfico, afecta la credibilidad de los dos ministerios de Estado, la Policía y el Ministerio Público. Pidió una reforma inmediata y profunda en la Fiscalía y la institución policial.
En su informe anual, Villena también señaló que la brecha existente entre la construcción de leyes y su aplicación es otro punto que vulnera los derechos humanos.
“Nunca antes en la historia republicana, el Estado había promulgado tantas leyes que favorecen a los derechos humanos, sin embargo los resultados en términos de vulneraciones, no acompañan la eficiencia y la rapidez con que se legisla”, declaró.
Según el Defensor es importante que la construcción de las leyes esté acompañada de la suficiente coordinación entre órganos del Estado y la sociedad.
El cuanto a la impunidad mencionó como ejemplos los casos de El Porvenir en Pando de 2008, donde murieron campesinos, y la brutalidad policial en los sucesos de Chaparina, Beni, el 25 de diciembre de 2011, donde casi un millar de indígenas, entre mujeres y niños, fueron golpeados por uniformados.
«Parecen haber sido archivados y olvidados, como consecuencia las víctimas, en muchos casos, han perdido toda esperanza de que se haga justicia”, sostuvo.
“Somos la expresión de la voluntad de los bolivianos y bolivianas que, al decidir la implementación de una nueva Constitución, nos dieron el mandato de velar por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de sus derechos, individuales y colectivos que se establecen en la nueva Constitución», recordó.