Asesinato de boliviana víctima de acoso político cumple un año en impunidad
Familiares y organizaciones bolivianas de defensa de los derechos de las mujeres recordaron el primer aniversario del asesinato de la concejala Juana Quispe, víctima del acoso político, sin que hasta el momento las autoridades hayan aclarado el caso
Familiares y organizaciones bolivianas de defensa de los derechos de las mujeres recordaron hoy el primer aniversario del asesinato de la concejala Juana Quispe, víctima del acoso político, sin que hasta el momento las autoridades hayan aclarado el caso.
Quispe, una mujer de la etnia indígena aimara, fue asesinada el 12 de marzo de 2012, y su cuerpo, con signos de asfixia, fue hallado un día después en un río de La Paz.
La líder comunitaria, que tenía 43 años, fue democráticamente elegida en 2010 concejala por el municipio de Ancoraimes, a 150 kilómetros de La Paz, pero el alcalde y un grupo de ediles de ese pueblo le impidieron ejercer el cargo, explicó a Efe la directora del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), Mary Marca.
La familia de Quispe y representantes de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), el Cidem y la Comisión de Políticas Públicas del Senado asistieron hoy en La Paz a una misa en memoria de la concejala y luego denunciaron ante la prensa los retrasos en la investigación e impunidad en torno al caso.
Según Marca, antes de presentarse a los comicios municipales de 2010, Quispe ya había destacado en su pueblo como una líder que buscó fortalecer la participación de las mujeres en la política y economía e incluso donó parte de sus bienes a su comunidad para promover proyectos productivos.
Llegó a ser representante departamental de la Federación de Mujeres Campesinas e Indígenas «Bartolina Sisa», una importante organización boliviana afín al presidente Evo Morales.
En las elecciones municipales fue la concejala que obtuvo más votos, lo que no impidió que de inmediato se convirtiera en víctima de un acoso político que derivó en ataques violentos contra ella porque, según Marca, «la han visto como una persona que no estaba de acuerdo con la corrupción».
«Ella ha observado los informes que no tenían sustento, sobre todo los presupuestos, y por eso la excluyen, le inician juicios. (Pero) la ley falla a su favor para que le permitan ejercer al cargo», señaló la directora del Cidem.
En un vídeo difundido en el sitio web de Acobol, dos vecinas de la concejala que no fueron identificadas denuncian la violencia sufrida por Quispe.
«La Juana Quispe ha sido maltratada en Ancoraimes, le pegaban a chicotazos (azotes), le quitaban sombreros, celulares, radios. Le han amenazado de frente que le iban a asesinar», relata una de las mujeres, mientras otra lamenta su muerte entre sollozos.
Marca señaló que Quispe contó en cierta ocasión que sus detractores la arrastraron de las trenzas por toda la plaza del pueblo frente a sus hijos.
«Voy a seguir luchando, hermanas, han intentado hacerme renunciar y no lo he hecho por ustedes», se escucha la voz de Quispe al iniciar el vídeo con el que la Acobol reclamó que las autoridades bolivianas aprueben una ley contra la violencia machista, lo que finalmente ocurrió el pasado fin de semana.
Quispe tenía respaldo legal para ejercer el cargo, denunció el acoso del que fue víctima y pidió resguardo policial ante las amenazas, pero finalmente apareció muerta hace un año y no hay avances en las investigaciones del caso.
La abogada de los familiares de Quispe, Valquiria Lira, denunció hoy que «los principales sospechosos» del hecho «están libres e impunes», según la agencia estatal ABI.
Lira se refería a los concejales Pastor Cutile y Rosalía Ramos, quienes son los únicos imputados en este caso por la Fiscalía y están acusados de homicidio.
Entretanto, la familia de Quispe ha reclamado hoy que sea incluido en la denuncia el alcalde de Ancoraimes, el oficialista Félix Huanca.
Las organizaciones feministas esperan que con la nueva norma, elaborada según medios locales también con contribuciones de Quispe, cese la impunidad en los feminicidios, que serán castigados con 30 años de prisión sin derecho a indulto.
