La Alcaldía de Sucre deberá pagar más de 200 mil bolivianos por salarios devengados al destituido director de Comunicación, Edwing Zegarra, por una disposición del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, mediante una sentencia, ordenó su reincorporación al cargo y el pago de sus salarios, según se informó este martes.
Zegarra fue destituido por la exalcaldesa Verónica Berríos (MAS) en junio de 2010, sin considerar que su esposa llevaba dos meses de embarazo y tenía la protección del derecho a la inamovilidad laboral.
El ex funcionario acudió a la Jefatura del Trabajo pero ésta declinó competencia y el propio Defensor del Pueblo avaló la destitución, según dijo en su momento el afectado.
Zegarra señaló que 34 meses después, el TCP le «hizo justicia» entendiendo que su destitución nunca se hizo efectiva porque el memorándum de agradecimiento de servicios no le fue entregado por la vía regular, sino a través de una Notaria de Fe Pública sin competencia.
Señaló que un Tribunal de Amparo conformado por los vocales José Antonio Revilla y Sandra Molina, también le denegó tutela dejando de lado -según dijo- el principio constitucional del derecho a la vida de su primogénito, decisión que fue revocada por el TCP.
Una vez notificado, Zegarra dijo que envió un memorial al alcalde Moisés Torres Chivé, solicitando el cumplimiento de la sentencia.
En otro caso similar, un juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social ordenó la reincorporación del exgerente General de la Cooperativa de Teléfonos Sucre (COTES), José Nava, pero el Consejo de Administración determinó apelar al dictamen judicial porque en su criterio no se habría hecho una correcta valoración de las pruebas.
Los consejeros sostienen que el Juez no consideró la aplicación del artículo 95 de la Ley General de Cooperativas que menciona que los funcionarios de jerarquía, en este caso el gerente general, es de libre nombramiento y de libre remoción.
El abogado constitucionalista, Arturo Yáñez, opinó que en algunas instituciones públicas hay una constante vulneración de derechos que están siendo reparados por el TCP; en caso de daño económico, por ley, se debe repetir contra el funcionario o funcionaria que cometió ese daño, agregó.