Las medidas excepcionales que tomó el Ministerio de Gobierno para contener la ola criminal en Santa Cruz arrojaron ayer los primeros resultados. Adao Nilson Souza Silva (40), exreo brasileño, fue presentado anoche como autor de la ejecución de Honorio Rodríguez Mejía (47).
Durante la mañana, grupos de élite de la Policía efectuaron rastrillajes en busca de sicarios, lo que derivó en el arresto de otros cuatro extranjeros, a los que se les secuestró dos armas de fuego —una con mira telescópica—, chalecos antibalas, uniformes militares, y cédulas y pasaportes de diferentes nacionalidades.
En el marco del plan de emergencia que se aplica en Santa Cruz —donde nueve personas fueron ejecutadas en los últimos 17 días—, la Policía fue acuartelada y recibió la orden de aplicar la ley de fuga a los sicarios y capturar a extranjeros que no porten sus documentos. Además, Migración recibió la instrucción de expulsarlos de forma sumaria.
Honorio. Rodríguez Mejía, empresario beniano, fue asesinado el 15 de abril, cerca del Parque Urbano, a plena luz del día. El sicario le disparó un tiro en el brazo y cuando cayó al suelo, lo remató con otros dos.
Anoche, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó a los medios de comunicación al exreo brasileño como autor del crimen, aunque éste lo negó a gritos interrumpiéndole: “¿Por qué me están incriminando de un delito que no cometí, por qué me hacen eso?”
Romero explicó que el presunto sicario estuvo recluido en Palmasola por 10 años y 11 meses por asesinar a un policía en San José de Chiquitos, robo agravado y asociación delictuosa. El 16 de marzo recobró su libertad con medidas sustitutivas.
El coronel Freddy Tórrez, director nacional de Inteligencia de la Policía, explicó que Souza Silva fue arrestado, luego de ser contactado por un agente encubierto que le solicitó sus servicios como sicario. “Estamos en plena investigación para saber el mecanismo del delito, los móviles, pero sabemos por informes de Inteligencia que este mes los sicarios fueron contratados por deudas de narcotráfico y otros delitos que se cometieron meses atrás”, dijo.
Romero, quien se declaró sorprendido por “la actitud desafiante”, del brasileño, declaró que le informaron que éste profirió “amenazas de muerte contra personas que él considera que lo habrían delatado”. Souza Silva fue obligado a desalojar los ambientes donde se efectuaba la conferencia. “El monto, los móviles, los implicados, son todavía parte de la investigación que tiene que realizarse”, agregó.
Armados. De los cuatro extranjeros aprehendidos en los rastrillajes efectuados durante la mañana, tres son mujeres y uno es varón. La Policía indaga si tienen alguna relación con los últimos hechos delictivos en la ciudad. Tórrez confirmó que en la vivienda alquilada por los extranjeros se hallaron pasaportes y cédulas de identidad falsificadas que pertenecerían a súbditos paraguayos, brasileños, dominicanos y peruanos.
En una de las habitaciones del inmueble, las cuatro personas tenían un santuario: una cruz volcada, rodeada de velas, flores, colillas de cigarrillos y latas para hacer sahumerios. Se cree que era para tener éxito en sus actividades delictivas.
Mano dura con los fiscales
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, anunció que iniciará procesos contra jueces y fiscales que liberen a asesinos. “El Ministerio de Gobierno será querellante y víctima. Hay un mandato del presidente (Evo Morales) y del vicepresidente (Álvaro García Linera) de arrinconar a los criminales”, dijo, según la agencia estatal de noticias ABI. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a su vez a la Policía que entregue a la Justicia o a la Fiscalía “un delincuente por día”.
‘Ley de fuga’ es inconstitucional, afirman
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, y el defensor del Pueblo, Rolando Villena, recordaron ayer que la ley de fuga —ejecución extrajudicial con el argumento de evitar la huida de un preso— es inconstitucional y no se encuentra en el ordenamiento jurídico del país.
El miércoles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió a la Policía aplicar la ley de fuga contra los sicarios que actúan en la capital cruceña en caso de que opongan resistencia. “No existe un mecanismo legal para establecer una ley de fuga, en nuestra legislación no está contemplada esta figura”, afirmó Hurtado desde Sucre, al reconocer que, en algunos casos, la Policía ha sido rebasada y urge asumir otras acciones.
“Es una medida que no es constitucional, estaríamos en una posición anticonstitucional y el Estado boliviano podría correr el riesgo de estigmatizar a los turistas”, dijo en La Paz Villena. La instrucción de Romero de aplicar la ley de fuga a los sicarios también fue cuestionada por la Iglesia Católica, la Gobernación y el Colegio de Abogados de Santa Cruz.
El vocero de la Iglesia Católica, Erwin Bazán, dijo que la ley de fuga responde a un concepto de represión contra el delincuente que está ejerciendo una actividad delictiva. El secretario de Gobierno de la Gobernación, Vladimir Peña, indicó que los habitantes “no quieren rambos vengadores”.
“La ley de fuga en muchos casos es la pena de muerte; si las autoridades quieren trabajar, que lo hagan en modelos de prevención”, agregó. Para el titular del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, las declaraciones del Ministro de Gobierno se dieron en un escenario de preocupación y muestran su impotencia para frenar la ola delictiva.