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Plantean sancionar con severidad a quienes agredan a las personas adultas mayores

Un proyecto de Ley establece sanciones más drásticas para aquellas personas que agredan a los adultos mayores. La Cámara de Senadores abordará el martes la norma que se denomina ‘Ley General de las Personas Adultas Mayores» que incluye modificaciones al Código Penal.

El proyecto de ley, al que accedió la ANF, tiene el objetivo de regular los derechos, garantías y deberes de las personas adultas mayores, así como la institucionalidad para su protección. En principio, el documento establece que las personas adultas mayores son aquellas cuya edad sobrepasa los 60 años.

Respecto a las modificaciones al Código Penal, la futura ley incorpora cinco modificaciones de las cuales cuatro establecen agravantes en caso de tratarse de una persona adulta mayor.

Las modificaciones al Código Penal establece privación de libertad de 3 a 9 años para quien provoque lesiones gravísimas a una persona adulta mayor (antes por el mismo hecho el Código establecía de 2 a 8 años); además de 2 a 6 años de prisión en caso de lesiones graves y leves.

Las lesiones seguidas de muerte serán delitos penados con 3 a 8 años de cárcel y se agravará en dos tercios la pena si la víctima es una niña, niño, adolescente o persona adulta mayor. Las lesiones culposas serán sancionadas con 3 a 4 años de cárcel.

Por último, la norma incorpora al Código Penal el artículo 346 ter con el título: «Agravación en caso de víctimas adultas mayores». Éste establece que «Los delitos tipificados en los artículos 336, 351 y 353 de este Código cuando se realicen en perjuicio de personas adultas mayores, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días».

Otra característica del proyecto de ley es la declaratoria del 26 de agosto como el ‘Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en todo el territorio nacional’.

El presidente Evo Morales anunció en noviembre del año pasado que su Gobierno tiene planeando incrementar la Renta Dignidad, aunque no precisó una fecha en particular, habló de un plazo de un año.