Sociedad

Friday 14 Jun 2024 | Actualizado a 02:22 AM

Gobierno dice que pretende dar ‘sensación de seguridad’

Ilegal. Así, el Ministro de Gobierno justifica la presentación pública, a veces errada, de sospechosos

/ 29 de abril de 2013 / 04:44

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a La Razón que la exhibición mediática de supuestos delincuentes, a veces de personas que resultan inocentes en los casos, tiene la finalidad de brindar “una sensación de seguridad a la gente”.

Destacó, además, que no se puede censurar a la Policía por “tres casos”, en alusión a aquellos en los que los presentados a los medios de comunicación finalmente salieron libres, frente a los miles de hechos que atiende la entidad del orden cada año.

“Cuando hay un mensaje de presentar casos (a la prensa), avances de investigación, la gente tiene sensación de seguridad. Entonces yo no censuraría el trabajo de la Policía, por trabajar, por reducir objetivamente el delito, por dar sensación de seguridad a la gente y eso pasa por el mensaje comunicacional”.  

La autoridad intentó explicar de ese modo los errores admitidos por la Policía y el Gobierno con relación a la aprehensión de personas inocentes.

El último hecho de estas características ocurrió la semana pasada, cuando el brasileño Adao Souza Silva (40) salió libre después de que estuvo aprehendido durante una semana y presentado a los medios de comunicación, el 18 de abril, como si fuese el sicario que había asesinado a Honorio Rodríguez (47).

De acuerdo con el inciso 4 del artículo 296 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la fuerza policial no debe permitir que los detenidos sean expuestos a los medios de información sin su consentimiento previo.  

Cuando a Romero se le cuestionó, ¿por qué los sospechosos son mostrados de manera pública?, éste respondió: “Porque es parte de la investigación, porque la gente pide resultados. No es un tema de normativa, es de sensación. La seguridad ciudadana tiene un componente objetivo y otro subjetivo, y en muchos casos más juega el subjetivo”.

La Razón le preguntó a la autoridad acerca de tres hechos, que ocurrieron en los meses pasados, en los cuales la entidad del verde olivo y el Ministerio de Gobierno exhibieron a personas que finalmente resultaron inocentes: Adao Souza Silva, Medardo Tola (mostrado como cabecilla de una banda de asaltantes y preso por diez meses y diez días), y Édgar F. (35) (exhibido como integrante de una banda de atracadores el 10 de enero).

Romero justificó estos hechos con esta afirmación: “Yo no sé si vamos a censurar a la Policía por tres casos que usted haya investigado, frente a los miles de casos que se resuelven cada año, en promedio se atienden como 50.000 hechos a nivel nacional”.

Se exhiben porque hay hipótesis

arresto
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que las personas que se muestran a la prensa tienen señales de haber cometido  delitos. “Se presentan casos porque hay indicios, hipótesis, no es que se agarre a la persona en la calle y se la muestre”.

Plan baja cifra de delitos en Santa Cruz

El plan Chachapuma que lleva adelante el Gobierno, en coordinación con otras instituciones en Santa Cruz, logró disminuir la criminalidad en esa urbe.

El ministro Carlos Romero indicó que en los primeros días de su implementación se registraron entre 600 y 700 por día, pero que  luego esta cifra ha bajado. Así, el viernes 28 sólo hubo 54 personas que consumieron alcohol en vía pública, indicó. “Las tentativas de robo bajaron en 90%. Había más de 500 autos raybanizados sin autorización, en las últimas jornadas no llegamos ni a diez”, afirmó.

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Coca-Cola sube en Bs 0,50 el precio de 4 gaseosas retornables

La empresa no explicó las razones para esta elevación

/ 25 de julio de 2017 / 14:15

“Ahora, el refresco personal es Bs 1,50, era Bs 1”, dijo Miguel Paya, vendedor de una tienda en el barrio de Los Pinos. Embol, la empresa que embotella CocaCola, subió el precio de cuatro de sus productos retornables de vidrio y plástico en Bs 0,50.

Los cuatro productos que subieron de precio al consumidor final son las gaseosas Coca-Cola de 190 mililitros (personal), la de 600 mililitros (popular) y la de litro y medio, todas embotelladas en vidrio. También se incrementó el precio de la Coca-Cola de dos litros en botella retornable.

Esta información fue comprobada luego de realizar un recorrido por cinco zonas: San Pedro, Sopocachi, Miraflores, Los Pinos y Auquisamaña. Una decena de dueños de tiendas barriales, a excepción de uno, que no tenía pedidos nuevos, confirmaron la información a La Razón.

El refresco Coca-Cola de 190 mililitros (ml) que costaba Bs 1 ahora se ofrece a Bs 1,50; la de 600 ml que valía Bs 3,50 hoy cuesta Bs 4, y la de litro y medio que valía Bs 4,50 la venden a Bs 5. La de dos litros en envase retornable, que valía Bs 6,50, actualmente la venden en Bs 7.

Este medio intentó entrevistar a alguna autoridad de la empresa para conocer las causas de esta elevación, aunque sin éxito. Una empleada de Embotelladoras Bolivianas Unidas SA (Embol) dijo que se iba a devolver la llamada telefónica, pero hasta el cierre de la presente edición no se obtuvo respuesta alguna.

“Solo han subido las retornables en Bs 0,50 y la personal. El viernes nos han dado ya con otro precio. La retornable en plástico está ahora Bs 7 y la popular, Bs 3. No conozco las razones, la factura nos llegó de esa forma”, dijo Teófila Sanca, propietaria de una tienda en el barrio de Los Pinos.

“La que vendo más es la de dos litros retornable. Para que la gente piense que nosotros no fuimos los que subimos los precios, les estamos explicando que fue decisión de la empresa”, añadió Miguel Ángel Paya, otro tendero.

Las dos últimas veces que Embol subió el precio de sus productos fue en enero de 2012 y octubre de 2014. La primera vez, la firma elevó en Bs 0,50 sus productos no retornables y las gaseosas dietéticas, y la segunda vez subió el precio entre Bs 0,50 y Bs 1 los no retornables de Coca-Cola, Fanta, Sprite, Simba, Fresca,  Taí, Mineragua y Agua Vital. 

En enero de 2014, este medio informó que el gerente general de Coca-Cola Company-Región Trasandina (Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay), Humberto Zogbi, reveló que el consumo anual de este producto en Bolivia llega a 53 litros por persona y que las tiendas son sus principales distribuidoras.

“Tengo mi negocio de comida y daba la personal a Bs 1,50, pero ahora la doy a Bs 2”, dijo Cintya Conde, de American Gourmet.

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Computadoras escolares serán bloqueadas en caso de robo

Educación. El Gobierno las entregará desde la próxima gestión

/ 21 de octubre de 2013 / 06:31

Las computadoras que el Gobierno entregará a estudiantes de secundaria de colegios fiscales desde 2014, y que serán ensambladas en el país, tendrán un mecanismo contra robos; sus software y hardware dejarán de funcionar una vez que pase un tiempo prudente sin ser reportadas.

“Las máquinas tienen un sistema antirrobos. Deben reportarlas a diario al colegio, y si pasa muchos días y no lo hacen, se va a morir la máquina. Son las más modernas”, explicó ayer la ministra de Desarrollo Rural Productivo y Economía Plural, Teresa Morales,  al referirse a las bondades de estos aparatos que serán ensamblados en el país por la empresa estatal Quipus.

El Decreto 1759, aprobado el 9 de octubre de este año, permite al Gobierno crear la compañía cuya principal actividad será la producción, ensamblado y comercialización de productos. La inversión será de $us 60 millones provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), “que es un resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, y otros”, según la autoridad.

Profesores. La ministra explicó las características de las laptop en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, de la red Patria Nueva. En caso de extravío, la autoridad indicó que los alumnos deben informar diariamente a sus profesores y si se produce la pérdida, serán éstos los que bloqueen el acceso a los aparatos.

Entre otras de sus características, Morales detalló que las computadoras podrán convertirse en tabletas, lo que implica que su pantalla será táctil. Alternativamente, los estudiantes podrán hacer uso de su teclado. También se convertirán en pequeños maletines, porque tendrán un sujetador. Además poseen un lente de aumento microscópico, y su peso es menor a dos kilos.

El objetivo de brindar estas nuevas tecnologías de información es para mejorar el aprendizaje de los alumnos. “No es una novedad que se ensamblen computadoras en Bolivia, sino que se las entregue a todos los niños en edad escolar, (ya) ensambladas”, sostuvo la ministra Morales.

La producción que se realizará por año será de 100.000 y  200.000 equipos. En próximas gestiones se piensa dotar de estos equipos a estudiantes, niños y jóvenes de educación privada.

La titular anunció que la licitación para la construcción de la empresa será lanzada en noviembre. Hay varios interesados en producir los equipos, que incluyen además todos los kits (piezas, como las tarjetas madre).

El decreto autoriza a la empresa pública efectuar contrataciones directas en el exterior. “Se autoriza a la Empresa Pública Quipus realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa; pudiéndose adherir a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”, establece la disposición adicional única.

Una máquina adquirida del extranjero tiene un costo aproximado de $us 450, en el país su precio será de $us 395, lo que representa un ahorro para el Estado. “En caso de extravío, el niño  (ni el padre de familia) no cancelarán ningún costo”, advirtió Morales.

En Quipus también se crearán celulares con sus propias características y otros productos, en una segunda fase. La nueva empresa será financiada  por el Banco de Desarrollo Productivo. Para ello, el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), emitirá bonos para garantizar el financiamiento. Esta fábrica tendrá un costo de $us 60 millones.

Otros aspectos del decreto

Directorio
La Empresa Quipus no cuenta con directorio y tiene el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica.

La Paz
Ésta será instalada en la ciudad; pueden abrirse agencias o sucursales en otros departamentos de Bolivia.

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Computadoras escolares serán bloqueadas en caso de robo

Educación. El Gobierno las entregará desde la próxima gestión

/ 21 de octubre de 2013 / 06:31

Las computadoras que el Gobierno entregará a estudiantes de secundaria de colegios fiscales desde 2014, y que serán ensambladas en el país, tendrán un mecanismo contra robos; sus software y hardware dejarán de funcionar una vez que pase un tiempo prudente sin ser reportadas.

“Las máquinas tienen un sistema antirrobos. Deben reportarlas a diario al colegio, y si pasa muchos días y no lo hacen, se va a morir la máquina. Son las más modernas”, explicó ayer la ministra de Desarrollo Rural Productivo y Economía Plural, Teresa Morales,  al referirse a las bondades de estos aparatos que serán ensamblados en el país por la empresa estatal Quipus.

El Decreto 1759, aprobado el 9 de octubre de este año, permite al Gobierno crear la compañía cuya principal actividad será la producción, ensamblado y comercialización de productos. La inversión será de $us 60 millones provenientes del Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro), “que es un resultado de la nacionalización de los hidrocarburos, y otros”, según la autoridad.

Profesores. La ministra explicó las características de las laptop en una entrevista en el programa El pueblo es noticia, de la red Patria Nueva. En caso de extravío, la autoridad indicó que los alumnos deben informar diariamente a sus profesores y si se produce la pérdida, serán éstos los que bloqueen el acceso a los aparatos.

Entre otras de sus características, Morales detalló que las computadoras podrán convertirse en tabletas, lo que implica que su pantalla será táctil. Alternativamente, los estudiantes podrán hacer uso de su teclado. También se convertirán en pequeños maletines, porque tendrán un sujetador. Además poseen un lente de aumento microscópico, y su peso es menor a dos kilos.

El objetivo de brindar estas nuevas tecnologías de información es para mejorar el aprendizaje de los alumnos. “No es una novedad que se ensamblen computadoras en Bolivia, sino que se las entregue a todos los niños en edad escolar, (ya) ensambladas”, sostuvo la ministra Morales.

La producción que se realizará por año será de 100.000 y  200.000 equipos. En próximas gestiones se piensa dotar de estos equipos a estudiantes, niños y jóvenes de educación privada.

La titular anunció que la licitación para la construcción de la empresa será lanzada en noviembre. Hay varios interesados en producir los equipos, que incluyen además todos los kits (piezas, como las tarjetas madre).

El decreto autoriza a la empresa pública efectuar contrataciones directas en el exterior. “Se autoriza a la Empresa Pública Quipus realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes y servicios especializados cuando éstos no estén disponibles en el mercado nacional o no se puedan recibir ofertas en el país o la contratación de éstos sea de mayor beneficio económico para la empresa; pudiéndose adherir a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”, establece la disposición adicional única.

Una máquina adquirida del extranjero tiene un costo aproximado de $us 450, en el país su precio será de $us 395, lo que representa un ahorro para el Estado. “En caso de extravío, el niño  (ni el padre de familia) no cancelarán ningún costo”, advirtió Morales.

En Quipus también se crearán celulares con sus propias características y otros productos, en una segunda fase. La nueva empresa será financiada  por el Banco de Desarrollo Productivo. Para ello, el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), emitirá bonos para garantizar el financiamiento. Esta fábrica tendrá un costo de $us 60 millones.

Otros aspectos del decreto

Directorio
La Empresa Quipus no cuenta con directorio y tiene el carácter de Empresa Pública Nacional Estratégica.

La Paz
Ésta será instalada en la ciudad; pueden abrirse agencias o sucursales en otros departamentos de Bolivia.

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Gobierno dice que pretende dar ‘sensación de seguridad’

Ilegal. Así, el Ministro de Gobierno justifica la presentación pública, a veces errada, de sospechosos

/ 29 de abril de 2013 / 04:44

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a La Razón que la exhibición mediática de supuestos delincuentes, a veces de personas que resultan inocentes en los casos, tiene la finalidad de brindar “una sensación de seguridad a la gente”.

Destacó, además, que no se puede censurar a la Policía por “tres casos”, en alusión a aquellos en los que los presentados a los medios de comunicación finalmente salieron libres, frente a los miles de hechos que atiende la entidad del orden cada año.

“Cuando hay un mensaje de presentar casos (a la prensa), avances de investigación, la gente tiene sensación de seguridad. Entonces yo no censuraría el trabajo de la Policía, por trabajar, por reducir objetivamente el delito, por dar sensación de seguridad a la gente y eso pasa por el mensaje comunicacional”.  

La autoridad intentó explicar de ese modo los errores admitidos por la Policía y el Gobierno con relación a la aprehensión de personas inocentes.

El último hecho de estas características ocurrió la semana pasada, cuando el brasileño Adao Souza Silva (40) salió libre después de que estuvo aprehendido durante una semana y presentado a los medios de comunicación, el 18 de abril, como si fuese el sicario que había asesinado a Honorio Rodríguez (47).

De acuerdo con el inciso 4 del artículo 296 del nuevo Código de Procedimiento Penal, la fuerza policial no debe permitir que los detenidos sean expuestos a los medios de información sin su consentimiento previo.  

Cuando a Romero se le cuestionó, ¿por qué los sospechosos son mostrados de manera pública?, éste respondió: “Porque es parte de la investigación, porque la gente pide resultados. No es un tema de normativa, es de sensación. La seguridad ciudadana tiene un componente objetivo y otro subjetivo, y en muchos casos más juega el subjetivo”.

La Razón le preguntó a la autoridad acerca de tres hechos, que ocurrieron en los meses pasados, en los cuales la entidad del verde olivo y el Ministerio de Gobierno exhibieron a personas que finalmente resultaron inocentes: Adao Souza Silva, Medardo Tola (mostrado como cabecilla de una banda de asaltantes y preso por diez meses y diez días), y Édgar F. (35) (exhibido como integrante de una banda de atracadores el 10 de enero).

Romero justificó estos hechos con esta afirmación: “Yo no sé si vamos a censurar a la Policía por tres casos que usted haya investigado, frente a los miles de casos que se resuelven cada año, en promedio se atienden como 50.000 hechos a nivel nacional”.

Se exhiben porque hay hipótesis

arresto
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que las personas que se muestran a la prensa tienen señales de haber cometido  delitos. “Se presentan casos porque hay indicios, hipótesis, no es que se agarre a la persona en la calle y se la muestre”.

Plan baja cifra de delitos en Santa Cruz

El plan Chachapuma que lleva adelante el Gobierno, en coordinación con otras instituciones en Santa Cruz, logró disminuir la criminalidad en esa urbe.

El ministro Carlos Romero indicó que en los primeros días de su implementación se registraron entre 600 y 700 por día, pero que  luego esta cifra ha bajado. Así, el viernes 28 sólo hubo 54 personas que consumieron alcohol en vía pública, indicó. “Las tentativas de robo bajaron en 90%. Había más de 500 autos raybanizados sin autorización, en las últimas jornadas no llegamos ni a diez”, afirmó.

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Inquilinos denuncian 9 abusos de los propietarios de inmuebles

En Bolivia la Ley del Inquilinato de 1959 cayó en desuso y no hay ninguna entidad que garantice los derechos de quienes toman habitaciones o departamentos en arriendo.

/ 28 de abril de 2013 / 04:00

Inquilinos sufren al menos nueve tipos de abusos de los propietarios de departamentos,  garzoniers y habitaciones que restringen sus derechos con condiciones en cuanto al uso del agua, energía eléctrica, tenencia de mascotas, garantías que no son devueltas y otras.
Aniceto Hinojosa, secretario ejecutivo del Comité Nacional de Inquilinos de Bolivia, y Mariluz Pillco, vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Paz, informaron sobre estos excesos a La Razón.

La primera queja es que los dueños elevaron el monto de las garantías y exigen anticipar el pago de uno o dos meses de renta, que por lo general no es devuelto cuando concluye el contrato bajo el argumento de que están destinados a cubrir las refacciones de la vivienda.

Exigen al interesado que cancele el 50% o el 100% de la mensualidad a la inmobiliaria, si el contacto se logró por esa vía, aunque el propietario haya contratado esos servicios.

La segunda es que hay dueños que rechazan a las familias con niños pequeños —porque supuestamente rayan la pintura y aceleran el deterioro de la vivienda— y ofrecen el arrendamiento sólo a parejas, personas solas o extranjeros.

Tampoco aceptan mascotas (tercera), restringen la visita de parientes y amistades (cuarta), prohíben el uso de los tendederos  de ropa (quinta) y de las áreas de recreación como los patios y jardines (sexta) y vetan la realización de reuniones sociales en los inmuebles (séptima).

Efectúan cobros excesivos por el servicio de agua y energía eléctrica (octava) —que por lo general se prorratea entre las familias que habitan el inmueble y que a veces no toma en cuenta el número de personas por familia—, racionan el consumo del líquido y de la energía eléctrica si es compartido (novena).

“No son todos, hay quienes tratan bien a los inquilinos, pero existen aquellos que hacen negocio y hasta duplican el monto de las facturas por los servicios básicos”, expresó Hinojosa.

“Debería haber alguien que supervise este asunto. No puede ser además que estemos pagando alquileres como si estuviésemos viviendo en Europa o Estados Unidos, ya que un salario mínimo (Bs 1.200) no alcanza”.

En el departamento de La Paz, según el conteo manual de las boletas del Censo de Población y Vivienda 2011, viven 2,7 millones de personas, de las cuales, según el Comité Nacional de Alquiladores, el 48% vive bajo techo con esta modalidad.

La Ley del Inquilinato y el Código Civil regulan el régimen de arriendo para vivienda. La primera norma,  que tiene 52 años, pues fue aprobada en 1959, cayó en desuso.

El artículo 10 de ese cuerpo legal prohíbe al propietario, por ejemplo, “privar, reducir o limitar a los inquilinos los servicios de agua potable, luz eléctrica e higiénicos; el uso de patios, libre tránsito y todo aquello que se refiere a usos comunes”.

Sanciona el negar la locación a personas con familia o matrimonios con niños, realizar contratos por intermedio de comisionistas, fijar cánones en moneda extranjera, y exigir y percibir rentas adelantadas.

Quienes “se nieguen a alquilar sus inmuebles a nacionales o a matrimonios con hijos serán sancionados con una multa de Bs 100.000 a Bs 500.000”, dice el artículo 13.

La ley —que establece las causales de desahucio— dispone que los jueces de instrucción en lo civil tomen conocimiento de estas denuncias en primera instancia.

 El Código Civil, aprobado en 1975, tiene un capítulo sobre los arriendos de vivienda. Sin embargo, de sus 29 artículos referidos a este tipo de contratos, 14 fueron derogados y cuatro modificados.

Así, el artículo 690 señala que “el arrendador debe efectuar las reparaciones (…). El arrendatario queda obligado a informar al arrendador, a la brevedad posible, sobre la necesidad de tales reparaciones”.

SITUACIÓN. La vicepresidenta de la Asociación de Inquilinos de La Paz dijo que al día recibe de dos a diez denuncias de maltrato.
“Sufrimos bastantes abusos. No nos muestran la factura de agua ni de luz, nos prohíben el uso del patio, nos condicionan para lavar la ropa, nos limitan porque los niños no pueden corretear. Esos son los problemas”, manifestó Pillco.

“Una inquilina me contó que le pidieron Bs 1.000 mensual, pero $us 200 de garantía ni siquiera le devuelven, aducen que el departamento está maltratado”, agregó.

Norah Santos, presidenta del Comité de Defensa de Propietarios de Bienes Inmuebles, indicó que existe abusos de los dos lados.
“Hay inquilinos que consumen mucha agua y no lo reconocen, lo mismo la luz. Hay aquellos que rompen puertas, uno me destrozó el inodoro y se llevo las chapas”, señaló.

Ambas normas establecen que el valor del canon no puede ser mayor al 10% anual del valor catastral del inmueble, control que no hace ninguna entidad estatal.

La Razón hizo 15 llamadas a inmobiliarias y propietarios que ofrecían departamentos de tres dormitorios en arriendo en la zona Sur y el Centro de La Paz, y halló que el monto mínimo es de $us 550 y el máximo de $us 1.050.

Una mujer que ofrecía un departamento semiamoblado en el barrio de Obrajes pidió una renta de $us 550 al mes, dos meses de garantía y la comisión a la inmobiliaria, todo sumaba $us 2.200. “Además se cancela al mes como Bs 200 por el mantenimiento del edificio”, explicó.

“Tiene tres dormitorios, living, comedor, baño de visita, lavandería está amoblado, tiene todos los electrodomésticos, pedimos $us 550, un mes de adelanto y un depósito del 50% para la inmobiliaria y Bs 300 de mantenimiento, dijo otra propietaria cuyo departamento está situado en la avenida 6 de Agosto.

Mantener la vivienda

refacciones

Para Aniceto Hinojosa, miembro del Comité Nacional de Inquilinos de Bolivia, no es correcto pedir la refacción del departamento, ya que con los años éste se deteriora, presenta rajaduras y la pintura de las paredes se difumina.

Fiscal de la zona Sur investiga unas 100 estafas por anticréticos

En 2012, la Policía recibió denuncias de timos de entre $us 500 y $us 30.000

Al menos un centenar de anticresistas estafados presentó, en lo que va de este año, su denuncia en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la zona Sur, informó la fiscal Fabiana Azero.

“De los más de 600 procesos que tengo, por lo menos unos 200 son por estafas por departamentos en anticrético y venta de lotes o casas, y unos 100 corresponden sólo al primer caso”.

En febrero de 2013 La Razón publicó un informe sobre la forma en la que operaban los timadores, que ofrecen a sus víctimas los inmuebles a precios muy por debajo de lo que rigen en el mercado.

Este tipo de delito no es nuevo. En abril de 2011, Justo René M. D. fue aprehendido por haber cometido cerca de 50 timos en tres años, utilizando como cebo una vivienda —ubicada en Sopocachi— que se encontraba ocupada.

El arrestado llegó a obtener al menos $us 100.000, ya que pedía  $us 2.000 como adelanto a sus víctimas. En 2012 la fuerza anticrimen de La Paz recibió 63 denuncias de estafa inmobiliaria.

Hubo personas engañadas a través de los anuncios que se colocan en tiendas de barrio y que operan como inmobiliarias informales.

La Policía indicó que la suma máxima estafada por anticréticos en 2012 fue de $us 30.000 y la mínima de $us 500. En algunos casos los estafadores operaban con abogados, notarios y familiares.

Mecapaca. Azero informó que entre los casos que investiga hay medio centenar de juicios penales en contra del exalcalde de Mecapaca, Rogelio A.
“Él tiene más de 50 procesos. Hace más de un año lo he cautelado (sic) y se encuentra en la cárcel con detención preventiva”.

La forma en la que operaba la exautoridad era apropiándose de predios de la comunidad y de aquellos destinados a áreas verdes, los cuales posteriormente vendía. El sindicado obtuvo por estas transacciones entre $us 20.000 y $us 50.000.

“Por diez años incurrió en estos ilícitos y se conoce que desde la prisión continúa cometiéndolos, entonces se están realizando otras investigaciones”, dijo.
Se tienen casos en que una vez que adquiría un lote, lo vendía a otras personas para aumentar sus ganancias en la cadena. La esposa y hermana del exalcalde también se encuentran con detención preventiva y su padre es investigado.

Este diario no logró contactar a la exautoridad que se halla recluida en el penal de San Pedro de La Paz para obtener su versión sobre esta imputación.

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