El gobernador de La Paz, César Cocarico, informó hoy que el gobierno departamental no se responsabilizará por el mantenimiento de la vía El Alto-Achocalla-Mallasilla, que el lunes fue motivo de un conflicto cuando comunarios de Achocalla quemaron una caseta de cobro de peajes instalado por la Gobernación. Una asamblea en Achocalla tomará una decisión definitiva sobre la administración del tramo carretero.
“Del pueblo (Achocalla) hacia Molino Andino quieren hacerse cargo (las autoridades ediles) porque no hay muchos problema, pero no quieren del pueblo hacia Mallasilla. Quieren cargarnos con todas las obligaciones y tener recursos de peaje para ellos. La gente tiene que saber que nosotros, desde ese día (del conflicto), ya no somos los responsables”, afirmó Cocarico a La Razón.
Vecinos de Achocalla, distante a 30 minutos de La Paz, quemaron el lunes la caseta de cobro peaje de la Gobernación instalada en el sector Molino Andino, límite con El Alto. La Gobernación cobró desde el 1 de junio la tasa de peajes por considerar que esa vía era parte de la red vial departamental.
Cocarico explicó que la construcción del camino fue una inversión de la Gobernación y por tal razón tiene derecho a cobrar el tributo para solventar el mantenimiento. Los vecinos no permitieron que se opere en el tramo Achocalla – Molino Andino porque consideraron que la medida iba en desmedro de su autonomía y sus recursos económicos, señaló.
Sin embargo, tras una reunión sostenida hoy entre el Gobierno Departamental y autoridades del municipio de Achocalla, se acordó que la población debatirá en una asamblea a quién corresponde la administración de la vía Molino Andino – Achocalla – Mallasilla.
El alcalde Telmo Mamani confirmó a este medio el encuentro, aún sin fecha, y dijo que alcanzaron importantes acuerdos entre los que destaca la realización de una “gran asamblea” que concentrará a todos los vecinos y personas involucradas.
Por los destrozos ocasionados al inmueble de peaje, Cocarico no descartó iniciar un proceso judicial en contra de los responsables bajo el delito de daños y destrozos a bienes públicos.