Reynaldo Cuadros, exdirector de Relaciones Internacionales de la Gobernación de Cochabamba y exembajador ante la OEA, será procesado bajo la Ley Integral 348, tras ser acusado de agredir física y psicológicamente a una funcionaria de su repartición.
“La Ley 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia debe cumplirse en su integridad y no podemos apañar actos de esa naturaleza. Si lo hiciéramos, caeríamos en las sanciones que señala esta disposición legal”, aseveró ayer Víctor Coca, director de Asesoría Legal de la Gobernación. Anunció que la institución se constituirá en parte coadyuvante del proceso penal que se instaure, luego de que la víctima denunciara el hecho ante la Fiscalía.
“No tengo noción de cómo empezó, pero son como seis meses”, dijo ayer la mujer, cuya identidad se mantiene en reserva. Afirmó que calló esperando un cambio de conducta, pero no aguantó más. “La primera vez fui la sorprendida y esperaba que (Cuadros) se disculpe, que exista un cambio de actitud, pero no. Me he callado y no he denunciado antes, porque sabía que no me iban a creer”, dijo a La Razón.
El lunes consiguió una cámara y filmó la última agresión, porque pensó que de no comprobar las golpizas y malos tratos de forma física, no le creerían. “La gente tiene otro concepto de esta persona, la han querido mucho”.
La funcionaria pública oficializó la denuncia ante el Ministerio Público la tarde de ayer. En principio fue sólo verbal y ante una fiscal del Instituto de Investigación Forense (IDIF) que emitió una orden para recabar el certificado médico forense.
Según trabajadores de la institución, Cuadros era amable y de trato cordial. Antes de ser jerarca en la Gobernación del valle fue embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y presidente del Consejo Permanente de la OEA.
Coca lamentó la conducta del funcionario. “Lamentamos, porque el señor mostraba eficiencia en sus labores y, pues, la institución y todos los servidores públicos desconocíamos su conducta”, manifestó.
Informó que la Unidad de Transparencia de la Gobernación realizará una investigación. “Para saber cómo ha sido contratada, si ha sido propuesta por Cuadros y cómo ha sido la relación en todo este tiempo (de trabajo)”, explicó.
En tanto, el viceministro de Descolonización, Félix Cárdenas, explicó que si se aplica la Ley de Violencia contra la Mujer, podría haber la privación de libertad de dos a seis años, según el artículo 271. También abrió la posibilidad de un proceso en el marco de la Ley Contra el Racismo y Discriminación, con lo que habría la agravante de violencia laboral.
Piden investigación y sanción
V. P.
Asambleístas legislativos del oficialismo y la oposición, además de un ministro, pidieron investigar y sancionar a Cuadros. Los diputados Ever Moya (MAS), Andrés Ortega (CN), el senador Eugenio Rojas (MAS) y el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, coincidieron en que este tipo de acciones violentas contra las mujeres son delitos.
“Es un delito penal y el agresor tiene que ser sancionado y juzgado por la autoridad competente”, dijo Rojas. Moya, que es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, anunció que se emitió una minuta de comunicación para que a Cuadros le inicien un proceso penal. “Este señor debe ser procesado, previa investigación, por la vía penal”, dijo el ministro Santalla.