Lesiones, el principal cargo contra agentes de la Policía
Según el ITEI, detrás de un policía violento hay disgregación familiar, formación violenta o problemas económicos debido a los bajos salarios que afectan su estado emocional.
La cabo Jéssica Quispe Villalobos, de 26 años, fue asesinada la noche del 21 de junio por su pareja, quien en medio de una discusión le disparó en la cabeza. El hecho casi pasó desapercibido por la tragedia ocasionada por el estallido de un cisterna en Huancollo, que segó 11 vidas.
El crimen ocurrió en El Alto. El asesino, el suboficial segundo de Policía Édgar C. R., estaba ebrio cuando discutió con su joven camarada, con la que sostenía una relación sentimental. La golpeó, cometió el crimen y escapó. Quispe Villalobos dejó una niña de un año en la orfandad.
La Policía logró atrapar al uniformado que, en sus declaraciones informativas, alegó que disparó porque ella le dijo que “era poco hombre” y que iba a volver con su anterior pareja.
Once días antes, el 10 de junio, el coronel de Policía Fernando Quiroz Saucedo (58) propinó una golpiza a la colegiala Nadina B. A. (17) —a quien un forense dio 14 días de impedimento por las lesiones—, en Yacuiba, Tarija, debido presuntamente a una infidelidad. En su defensa, el uniformado señaló que estaba ebrio y que se confundió de persona.
Un juez le dio detención preventiva en celdas de la fuerza anticrimen. Sin embargo, en un operativo, la viceministra de Justicia, Érika Chávez, lo sorprendió conversando y tomando té con el director de la fuerza policial anticrimen de esa población, coronel Jorge Barrero, y descubrió que estaba alojado en una habitación de esa repartición y no en una celda.
El 24 de junio, el comandante general de la Policía, coronel Alberto Aracena, anunció que se inició el proceso para darles de baja a ambos.
El 23 de junio, en Santa Cruz, el policía Freddy M. Q., quien compartía bebidas alcohólicas con sus camaradas y su esposa, comenzó a golpearla por celos. Su hermano la sacó del lugar y, mientras huían, el efectivo disparó ocho tiros. La mujer presentó la denuncia, pero luego desistió. Las estadísticas elaboradas por la fuerza pública y proporcionadas a La Razón por el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, dicen que entre 2009 y 2013 —un quinquenio— sólo 42 miembros de esa institución fueron denunciados por maltrato físico y psicológico.
La cantidad es ínfima si se considera que la fuerza pública está integrada por 36.542 efectivos (0,11). El departamento de La Paz, por ejemplo, no tiene un solo registro.
No constan las 14 denuncias por agresión y amenazas que presentó la periodista Hanalí Huaycho Hannover, de 35 años, contra su esposo Jorge Raúl Clavijo Ovando, de 33.
La primera denuncia fue sentada el 14 de febrero de 2008; cinco años después, el 11 de febrero, ella fue asesinada delante del hijo de cinco años de la pareja, con 15 puñaladas; Clavijo se dio a la fuga. Eduardo León, abogado de la familia de la periodista, dijo que de las 14 denuncias sólo se investigaron cuatro y que una avanzó hasta la sentencia.
Del total de los 42 casos denunciados en el quinquenio citado, 25 son por lesiones leves y graves, y 16 fueron formuladas por mujeres. El reporte también entra en contradicción, sólo por citar un ejemplo, con el informe del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Cochabamba, que dio cuenta de que el último semestre de 2012 atendió 52 denuncias contra uniformados y en el primer trimestre de 2013, 23.
La Unidad de Asesoría Legal de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) brinda asesoramiento gratuito, en caso de que sus asociados sean acusados o cometan delitos.
Pérez indicó que además de las lesiones, hay denuncias de amenazas, tentativas de violación y homicidios, y en menor grado, corrupción de menores, abuso deshonesto y violaciones (ver infografía), contra los miembros de la entidad encargada de velar por el orden público.
“El patrón serían las agresiones físicas. Son denuncias registradas”, señaló el viceministro.
Violencia. Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), indicó que existen tres razones detrás de los policías violentos: el desarraigo familiar, porque son enviados a otros lugares a cumplir sus destinos; las dificultades económicas debido a los bajos sueldos que perciben; y la preparación que reciben, con entrenamientos violentos.
“La formación está marcada por una violencia muy fuerte, porque ellos (sus instructores) los someten a humillaciones, ‘chocolateadas’ (castigos físicos), etc.; y cuando terminan sus estudios, hacen lo mismo con sus subalternos. Es una cadena completa que se repite y repite”.
Cuando Aracena anunció la baja definitiva del suboficial segundo Édgar C. R. y del coronel Fernando Quiroz Saucedo, pidió a los miembros de la fuerza pública un cambio. “(Lo sucedido) deja mucho que decir de un policía. Pedimos a los fiscales y jueces aplicar la ley. Tiene que haber una sentencia firme inapelable”, demandó el comandante.
Para garantizar que la institución no cobije a personas emocionalmente inestables o con trastornos, el jefe policial indicó que sus efectivos serán sometidos a un test psicológicosocial, de carácter vinculante y obligatorio, con el objetivo de reducir los estados de estrés y detectar a tiempo los comportamientos violentos.
“Este test va a servir para poder ayudarlos e, incluso, acelerar sus vacaciones o cambiarlos de cargo, si el trabajo es muy pesado, a uno de menor riesgo”, o donde el policía esté sometido a menor presión, aseguró.
El artículo 14 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana considera como faltas graves las agresiones verbales y/o psicológicas por motivos racistas, sexistas o discriminatorios; y sanciona a los infractores con el retiro temporal de tres meses a un año.
También dispone el retiro o la baja definitiva en caso de que cualquiera de sus miembros incurra en “tratos inhumanos, crueles o degradantes, tortura, atentando contra los derechos humanos” y otros.
Crímenes de dos agentes
En junio de 2012, el exsubteniente Daniel Ch. fue imputado por los delitos de homicidio y lesiones graves, por haber matado con su arma reglamentaria a Roy Luis Campuzano (24) en el bar El Caballito, La Paz.
El 16 de agosto de 2012, el Policía Vidal Poma perdió la vida debido a un disparo de su camarada Rodrigo Uturunco, ambos de la unidad Delta.
