Los nuevos dirigentes de la Federación Departamental de Juntas Vecinales de la ciudad de Oruro, designados con la formación de un comité ad hoc, iniciarán una lucha sin cuartel para hacer respetar la Ordenanza 46/13 que fija tarifas del autotransporte sin incrementos.

“Los hemos sacado a los dirigentes por traidores a la economía ciudadana y por ir contra los intereses; exigimos a la alcaldesa Rossío Pimentel velar por los derechos de los usuarios”, puntualizó uno de los miembros del comité nombrado, Ketty Vallejos.

Las asociaciones comunitarias y la Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales Periurbanas de Oruro también  rechazaron el acuerdo que eleva las tarifas del transporte.

Los choferes sindicalizados, que ayer cumplieron un paro de 24 horas, bloquearon calles de la capital y carreteras del departamento, en protesta por el mal estado de las vías. El ejecutivo de la Federación de Choferes San Cristóbal, Aniceto Choque, dijo que la medida logró paralizar el tránsito interdepartamental, interprovincial y el tráfico urbano.

Sin embargo, choferes de los minis celestes y verdes y los taxistas prefirieron ignorar la convocatoria y trabajaron con normalidad, sorteando los pocos puntos de bloqueo instalados en algunas esquinas de la ciudad por los micros.

Amenazas. Choque advirtió que la medida será radicalizada si no se reparan las calles de la capital y se hace el mantenimiento de las carreteras, en particular el camino Oruro-La Paz y Oruro-Caihuahi. De momento, la presión entró en cuarto intermedio y se desconoce cuándo será retomada por los choferes.

La demanda de los transportistas está dirigida al Gobierno Municipal, en el caso de las calles y arterias citadinas. A la Gobernación, responsable a través del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) del mantenimiento de las vías interprovinciales; y a la Administración Boliviana de Carreteras, que tiene a su cargo el cuidado de las rutas de la red fundamental, es decir de las interdepartamentales.

La Central Obrera Departamental anunció ayer la instalación de un nuevo piquete de huelga de hambre para que se devuelva el nombre de Juan Mendoza al aeropuerto internacional de Oruro.

La huelga de hambre —calificada como política por el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez— cumple hoy seis días, aunque la Cruz Roja dio de baja la mañana del lunes a cuatro de las ocho personas que se sometían a la medida, de las cuales tres decidieron permanecer, entre ellas la presidenta del Comité Cívico, Sonia Saavedra.

“Estamos empezando a masificar la medida y esta noche se suman dos dirigentes de la COD a la huelga”, dijo su ejecutivo, Vladimir Gutiérrez.

Refuerzos. “El martes llegan otros tres dirigentes del sindicato minero de Huanuni para sumarse a la huelga y en horas de la tarde vamos a sostener una reunión interinstitucional en la que se determinarán otras medidas”, añadió.

La alcaldesa de Oruro, Rossío Pimentel, a su vez, tomó posición sobre el conflicto por el nombre de la terminal aérea nominada el 7 de febrero como Evo Morales Ayma por la Asamblea Departamental.

Estos días los orureños han dado un mensaje y lo que pide el pueblo es mantener el nombre de Juan Mendoza, “los pueblos nos identificamos con nuestra historia”, señaló.

El 63% de los delitos en 2012 se cometió en las capitales de departamento, por lo que la inseguridad ciudadana es un fenómeno predominantemente urbano, dijo ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante la posesión del Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal de Oruro.

El 37% de los delitos se produjo el año pasado en ciudades intermedias y poblaciones fronterizas, que responden a las realidades de problemas de linderos, avasallamientos, abigeato, entre otros.

“Si bien la seguridad ciudadana es motivo de preocupación del Estado boliviano y de la población, es particularmente una problemática que debe merecer especial atención de los municipios de las capitales de departamento”, apuntó.

Equipamiento. Romero  inauguró también ayer la oficina de la División de Trata y Tráfico de Seres Humanos de la Policía Departamental e hizo la entrega de equipos. Entre éstos figuran: computadoras, impresoras, cámaras fotográficas y filmadoras, pizarra acrílica, un televisor de 32”, un DVD, un data show, mobiliario, 24 motocicletas y equipos de comunicación, todo por el valor de Bs 44.704.

El fiscal adscrito a la Aduana, Lindon Requena, afirmó ayer que el Plan Cerrojo ha frenado entre un 80% y 90% al contrabando de ropa usada, línea blanca, celulares, cajonería y otro tipo de mercaderías. 

También indicó que este programa, ejecutado por el Ejército, ha vulnerado la normativa porque los efectivos militares no han cumplido con los requisitos exigidos por el procedimiento penal, como el levantamiento de un acta de intervención o la demora en la elaboración de las mismas.

No obstante esta observación, Requena dijo que el Plan Cerrojo ha tenido éxito porque se ha cumplido con la misión que se les ha otorgado desde el Gobierno para frenar el contrabando que existía hacia el país. “Se ha frenado el masivo contrabando”, aseguró.