La Iglesia Católica recibe en La Paz entre seis y ocho demandas anuales de nulidad de matrimonio religioso. El trámite canónico demora un año, tiene un costo de $us 650 e incluso puede llegar hasta el Vaticano si las partes no están de acuerdo con la sentencia en segunda instancia.

El reverendo Félix Chulver, vicario judicial del Arzobispado de La Paz, informó a La Razón Digital que ese tipo de casos es tramitado por denuncia ante los tribunales eclesiásticos regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, para luego ser ratificado o rechazado en el Tribunal Superior de Cochabamba.

“En la Iglesia Católica, la gente se casa para toda la vida, no hay divorcio por ‘incompatibilidad de caracteres’, pero existen casos en los que el matrimonio puede anularse porque fueron efectuados por la presión de un embarazo o, como ocurre en el campo, cuando el hombre se ‘roba’ o ‘rapta’ a la mujer y los hacen casar; otra causa es la edad que puede ser menor a 18 años para el hombre y de 16 años para mujer, o la infidelidad comprobada de alguno de los cónyuges”, explicó.

La nulidad se apoya, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1627-1628: “El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido”.

Entre las causales de nulidad que prevé el Código de Derecho Canónico también está el “grave defecto de discreción de juicio o imposibilidad que tienen algunas personas de percatarse o de sopesar las consecuencias de sus propias acciones” y “por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica o por desconocimiento de la identidad del matrimonio”.

Además, invalida el sacramento el hecho de que alguno de los contrayentes no esté bautizado o porque haya contraído nupcias en dos ocasiones; en ese caso, el matrimonio válido es el primero. De darse la nulidad, los exesposos pueden, por separado, contraer nupcias en la Iglesia Católica.

Los tribunales están integrados por un Defensor del Vínculo y tres jueces (el presidente, el ponente y el adjunto), quienes presentan su voto y definen la sentencia en cada causa.

Una vez que la causa ingresa al Tribunal Regional, la demanda debe ser notificada a la parte emplazada, que puede responder con sus argumentos. El juez cita a ambas partes para que declaren y después convoca a testigos que, se supone, conocían a la pareja desde la etapa de enamoramiento. “El Defensor del Vínculo, que equivale al fiscal en el plano civil, puede exigir una aclaración pidiendo otro testigo y el proceso continúa hasta llegar a la sentencia en primera instancia”.

Chulver agregó que el Código de Derecho Canónico fija que el proceso no debe tardar más de un año, aunque el tiempo puede extenderse cuando la parte demandada está fuera del país y es difícil o imposible notificarla, situación en la que puede ser nombrado un tutor o un representante.

Hechas las verificaciones, el tribunal regional envía su sentencia afirmativa, cuando la pareja prueba que se casó sin el conocimiento de las obligaciones matrimoniales, o negativa, cuando no hay suficientes pruebas para exigir la nulidad, al Tribunal Superior que opera en Cochabamba.

Esa instancia confirma el fallo o puede levantar otro proceso. “Cuando todo está claro emite otra sentencia confirmando (la primera) para que se declare la soltería de la pareja. Algunas demandas se rechazan. “En esos casos, ambas partes tienen que reconciliarse y, si no es posible, pueden apelar a la Rota Romana (tribunal más alto de la Iglesia Católica)”.

Cuatro años ante el vaticano

Proceso

En caso de que la demanda de nulidad llegue al tribunal del Vaticano, el juicio puede durar hasta cuatro años.

Divorcios

Según un informe de 2012 del Servicio de Registro Cívico (Sereci), cada día se registran 16 divorcios en el país.

La Iglesia Católica recibe en La Paz entre seis y ocho demandas anuales de nulidad de matrimonio religioso. El trámite canónico demora un año, tiene un costo de $us 650 e incluso puede llegar hasta el Vaticano si las partes no están de acuerdo con la sentencia en segunda instancia.

El reverendo Félix Chulver, vicario judicial del Arzobispado de La Paz, informó a La Razón Digital que ese tipo de casos es tramitado por denuncia ante los tribunales eclesiásticos regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, para luego ser ratificado o rechazado en el Tribunal Superior de Cochabamba.

“En la Iglesia Católica, la gente se casa para toda la vida, no hay divorcio por ‘incompatibilidad de caracteres’, pero existen casos en los que el matrimonio puede anularse porque fueron efectuados por la presión de un embarazo o, como ocurre en el campo, cuando el hombre se ‘roba’ o ‘rapta’ a la mujer y los hacen casar; otra causa es la edad que puede ser menor a 18 años para el hombre y de 16 años para mujer, o la infidelidad comprobada de alguno de los cónyuges”, explicó.

La nulidad se apoya, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica 1627-1628: “El consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido”.

Entre las causales de nulidad que prevé el Código de Derecho Canónico también está el “grave defecto de discreción de juicio o imposibilidad que tienen algunas personas de percatarse o de sopesar las consecuencias de sus propias acciones” y “por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica o por desconocimiento de la identidad del matrimonio”.

Además, invalida el sacramento el hecho de que alguno de los contrayentes no esté bautizado o porque haya contraído nupcias en dos ocasiones; en ese caso, el matrimonio válido es el primero. De darse la nulidad, los exesposos pueden, por separado, contraer nupcias en la Iglesia Católica.

Los tribunales están integrados por un Defensor del Vínculo y tres jueces (el presidente, el ponente y el adjunto), quienes presentan su voto y definen la sentencia en cada causa.

Una vez que la causa ingresa al Tribunal Regional, la demanda debe ser notificada a la parte emplazada, que puede responder con sus argumentos. El juez cita a ambas partes para que declaren y después convoca a testigos que, se supone, conocían a la pareja desde la etapa de enamoramiento. “El Defensor del Vínculo, que equivale al fiscal en el plano civil, puede exigir una aclaración pidiendo otro testigo y el proceso continúa hasta llegar a la sentencia en primera instancia”.

Chulver agregó que el Código de Derecho Canónico fija que el proceso no debe tardar más de un año, aunque el tiempo puede extenderse cuando la parte demandada está fuera del país y es difícil o imposible notificarla, situación en la que puede ser nombrado un tutor o un representante.

Hechas las verificaciones, el tribunal regional envía su sentencia afirmativa, cuando la pareja prueba que se casó sin el conocimiento de las obligaciones matrimoniales, o negativa, cuando no hay suficientes pruebas para exigir la nulidad, al Tribunal Superior que opera en Cochabamba.

Esa instancia confirma el fallo o puede levantar otro proceso. “Cuando todo está claro emite otra sentencia confirmando (la primera) para que se declare la soltería de la pareja. Algunas demandas se rechazan. “En esos casos, ambas partes tienen que reconciliarse y, si no es posible, pueden apelar a la Rota Romana (tribunal más alto de la Iglesia Católica)”.

Cuatro años ante el vaticano

Proceso

En caso de que la demanda de nulidad llegue al tribunal del Vaticano, el juicio puede durar hasta cuatro años.

Divorcios

Según un informe de 2012 del Servicio de Registro Cívico (Sereci), cada día se registran 16 divorcios en el país.

La Iglesia Católica en La Paz recibe un promedio anual de seis a ocho demandas de nulidad de matrimonio religioso por causales como presión para contraer nupcias o doble casamiento. El trámite demora un año, tiene un costo de 650 dólares e incluso puede llegar hasta el Vaticano, Roma, si las partes no están de acuerdo con la ‘sentencia’ en segunda instancia.

El reverendo Felix Chulver, vicario Judicial del Arzobispado de La Paz, informó a La Razón Digital que ese tipo de casos son tramitados, por denuncia de una de las partes, en los Tribunales Eclesiásticos Regionales de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, para luego pasar y ser ratificada o rechazada en una instancia nacional, que funciona en Cochabamba.

“En la Iglesia Católica la gente se casa para toda la vida, no hay divorcio por ‘incompatibilidad de caracteres’, pero existen casos en los que el matrimonio puede anularse porque fueron efectuados por la presión de un embarazo o, como ocurre en el campo, cuando el hombre se ‘roba’ o ‘rapta’ a la mujer y los hacen casar; otra causa es la edad que puede ser menor a 18 años para el hombre y de 16 años para mujer, o la infidelidad comprobada de alguno de los conyugues”, explicó.

La nulidad se apoya en normas como el Catecismo de la Iglesia Católica N° 1627-1628 que refiere: “el consentimiento debe ser un acto de la voluntad de cada uno de los contrayentes, libre de violencia o de temor grave externo. Ningún poder humano puede reemplazar este consentimiento. Si esta libertad falta, el matrimonio es inválido”.

Entre las causales de nulidad que prevé el Código de Derecho Canónico también está el “grave defecto de discreción de juicio o imposibilidad que tienen algunas personas de percatarse o de sopesar las consecuencias de sus propias acciones” y “por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica o por desconocimiento de la identidad del matrimonio”.

Además invalida el sacramento el hecho de que alguno de los contrayentes no esté bautizado o porque haya contraído nupcias en dos ocasiones burlando el control de las autoridades; en ese caso el matrimonio valedero es el primero. De viabilizarse la nulidad, los exesposos pueden contraer nupcias en la Iglesia Católica.

Chulver Fernández, quien tiene una experiencia de 22 años en estos casos, informó que en promedio son presentadas entre seis a ocho demandas de nulidad al año, aunque en 2012 la cifra llegó a 22. Los tribunales están integrados por un Defensor del Vínculo y tres jueces (el presidente, el ponente y el adjunto) que son quienes presentan su voto y definen la sentencia en cada causa.

El vicario es uno de esos jueces en La Paz y cuenta con una especialidad en Derecho Canónico, que obtuvo luego de tres años de estudio en una universidad de Roma.

Una vez ingresa la ‘causa’ al Tribunal Regional, la demanda debe ser notificada a la parte emplazada, quien puede responder con sus argumentos. El juez cita a ambas partes para que declaren y después convoca a testigos que, se supone, conocían a la pareja desde la etapa de enamoramiento. “El defensor del vínculo que equivale al Fiscal en el plano civil, puede exigir una aclaración pidiendo otro testigo y el proceso continúa hasta llegar a la sentencia en primera instancia”, explicó.

Chulver Fernández agregó que el Código de Derecho Canónico fija que el proceso no debe tardar más de un año, pero el tiempo puede extenderse cuando la parte demandada se encuentra en el exterior y es difícil o imposible notificarla; situación en la que puede ser nombrado un tutor o representante.

Efectuadas las verificaciones, el Tribunal Regional envía su sentencia, que puede ser afirmativa cuando la pareja prueba que se casó sin el conocimiento de las obligaciones matrimoniales o negativa cuando no existen las suficientes pruebas para exigir la nulidad, al Tribunal Superior que opera en Cochabamba.

Esa instancia confirma el fallo o puede levantar otro proceso. “Cuando todo está claro emiten otra sentencia confirmando (la sentencia en primera instancia) para que se declare solteros a los miembros de la pareja. Las costas judiciales hasta esa instancia ascienden  650 dólares”, explicó.

Recordó que en los 22 años que ejerce como juez fueron rechazadas dos demandas de nulidad y ratificado el enlace matrimonial. “En esos casos ambas partes tienen que reconciliarse y si no es posible pueden apelar a la Rota Romana (tribunal eclesiástico más alto de la Iglesia Católica), que es la instancia mundial. El proceso tarda cuatro años y tiene un costo mucho más elevado”.

Al menos 53 de los 87 gobiernos municipales de La Paz destinan recursos al alquiler y contratación de personal para la oficina del alcalde en la ciudad sede de gobierno y El Alto, con el argumento de que sus lugares de trabajo están alejados  del poder político y administrativo. 

La Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz (Amdepaz) facilitó a La Razón Digital información de los municipios del área rural que tienen oficinas en edificios céntricos y del casco viejo de la ciudad de La Paz, y de aquellos que funcionan desde El Alto.

La ministra de Autonomías, Claudia Peña, anunció que en el proyecto de  Ley de Municipalidades, que está en debate en el Senado, se incluirá un artículo que establece que: “Los alcaldes tienen la obligación de trabajar en la sede misma o la capital del municipio”, puntualizó.

El alcalde de Cajuata, Freddy Laura Sejas, informó que actualmente trabaja en una oficina alquilada en Bs 2.000 en el edificio Esperanza, monto que cubre el pago de los servicios. Explicó que la decisión de operar desde La Paz fue tomada debido al tiempo que toma trasladarse desde la Alcaldía de Cajuata a La Paz. “Es un viaje de 12 horas desde Cajuata, salimos a las 18.00 de allá y llegamos a las 07.00 a La Paz”.

“Sólo venimos de lunes a miércoles cuando tenemos la necesidad de hacer algunos trámites, gestiones o reuniones. La atención  a la población la hacemos desde el jueves hasta el sábado (en Cajuata)”, añadió. En su ausencia, la oficina de La Paz se queda a cargo de una secretaria y un asistente, que hacen seguimiento de gestiones.

Las alcaldías rurales con oficinas en La Paz son: Alto Beni, Apolo, Aucapata, Ayata, Calamarca, Caquiaviri, Caranavi, Chacarilla, Charazani, Chuma, Combaya, Coripata, Curva, Chacarilla,  Escoma, Guanay e Inquisivi. También: Irupana, Ixiamas, Jesús de Machaca, Humanata, La Asunta, Sica Sica, Sapahaqui, Sorata, Santiago de Huata, Santiago de Machaca, San Pedro de Curahuara, San Andrés de Machaca, Quiabaya, Puerto Acosta, Puerto Pérez y Pucarani.

También Pelechuco, Patacamaya, Papelpampa, Palos Blancos, Mapiri, Luribay, Licoma Pampa, Umala, Tacacoma, Tito Yupanqui, Tipuani, Teoponte, Viacha, Yaco y Yanacachi.

En El Alto tienen oficinas, según Amdepaz, Cairoma, Ichoca, Malla, y Mocomoco. Peña dijo que hay gobiernos municipales que trabajan desde La Paz para agilizar trámites, pero hay otros que lo hacen exclusivamente desde esta ciudad. “Esa situación es preocupante porque la población necesita la atención directa de las autoridades”, precisó.

“Al mes una vez o dos veces vengo (a esta ciudad), pese a que el viaje dura dos días y una noche en flota”, refirió el alcalde de Ixiamas, Macedonio Choque.  “A mí no me parece muy real ese cálculo, porque de ser así los alcaldes, por ejemplo, de Tarija y Santa Cruz, estarían acá durante dos días cada semana y eso no es así”, observó la ministra. En algunos casos el motivo del traslado es para eludir conflictos.

Blanca Rovira Miranda, alcaldesa de Santiago de Huata, informó que tuvo que cerrar su oficina en La Paz, aunque expresó que es ineludible estar en esta ciudad para diversos trámites y sellar acuerdos de cooperación. “Viajo a La Paz cuando se me requiere para firmar convenios,  cuando los trámites son personales”.

De las 87 alcaldías del departamento de La Paz, al menos 53 destinan presupuesto al alquiler y contratación de personal para una oficina del alcalde en la ciudad de La Paz bajo el argumento de que sus lugares de trabajo están alejados del centro del poder de decisión político-administrativo. El Ministerio de Autonomías regulará ese tipo de gestión edil.

La Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz (AMDEPAZ) facilitó a La Razón Digital información de los municipios del área rural que tienen oficinas en edificios  céntricos y del casco viejo de la sede de Gobierno, aunque otros también tienen contratados ambientes en la ciudad de El Alto.

El alcalde de Cajuata, Fredy Laura Sejas, informó que actualmente trabaja en una oficina en el edificio Esperanza del centro paceño y que mensualmente cancela 2.000 bolivianos en el alquiler y servicios. Explicó que la decisión fue tomada por el tiempo que demora trasladarse desde la alcaldía de su población a la ciudad de La Paz.

“Es un viaje de 12 horas desde Cajuata, salimos a las 18.00 de allá y llegamos a las 07.00 a La Paz. Sólo venimos de lunes a miércoles cuando tenemos la necesidad de hacer algunos trámites, gestiones o reuniones. La atención  a la población la hacemos desde el jueves hasta el sábado”, señaló y explicó que en su ausencia la oficina queda a cargo de una secretaria y un asistente, que atienden los trámites y hacen seguimiento de gestiones ante ministerios y viceministerios.

Entre las alcaldías rurales con oficinas en La Paz están la de Alto Beni, Apolo, Aucapata, Ayata, Calamarca, Caquiaviri, Caranavi, Chacarilla, Charazani, Chuma, Combaya, Coripata, Escoma, Guanay, Inquisivi, Irupana, Ixiamas, Jesús de Machaca, La Asunta,  Sica Sica, Sahapaqui, Sorata, Yaco, y Cairoma.

La ministra de Autonomías, Cluadia Peña, consideró que, evidentemente hay gobiernos municipales que trabajan desde La Paz para facilitar trámites, pero también existen otros que lo hacen exclusivamente desde esta ciudad. “Esa situación es preocupante porque la población necesita la atención directa de las autoridades”, indicó.

El alcalde de Ixiamas, Macedonio Choque, aseguró que se traslada a la ciudad capital entre una y dos veces al mes en función a las necesidades de su gestión. “Al mes una vez o dos veces vengo (a esta ciudad), pese a que el viaje dura dos días y una noche en flota”.

Al menos seis gobiernos locales rurales tienen oficinas en diferentes zonas de El Alto, entre ellos Malla, Mocomoco y Charaña. Par peña las distancias no son una excusa. “A mí no me parece muy real ese cálculo, porque de ser así los acaldes, por ejemplo de Tarija y Santa Cruz, estarían presentes acá durante dos días cada semana y eso no es así”, observó.

En algunos casos el motivo del traslado de la gestión es para eludir conflictos. “Muchas veces hay demandas, procesos, necesidades y conflictos que se pierden de vista si es que la autoridad municipal, que es la más cercana al vecino, no está gestionando la vida cotidiana”, sostuvo la ministra, quien añadió que ese tema será regulado en la futura ley de Municipales, que está en debate en la Cámara de Senadores.

Blanca Rovira Miranda, alcaldesa de Santiago de Huata, informó que tuvo que cerrar la oficina del municipio en La Paz ante reclamos, aunque es ineludible estar en esta ciudad para firmar acuerdos de cooperación u otros. “Viajo a La Paz cuando se me requiere para firmar convenios; cuando los trámites son personales, generalmente son los lunes que a veces se prolonga hasta el martes. Recién retorno martes en la noche o miércoles, pero trabajo en los cafés internet”.

“Lo que se está estableciendo en el proyecto de Ley es que los Alcaldes tienen la obligación de trabajar en la sede misma o capital del Municipio”, anticipó la autoridad de Gobierno.