Sociedad

miércoles 23 jun 2021 | Actualizado a 11:03

Piden sanciones más duras contra infractores

La Intendencia Municipal y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz solicitaron imponer sanciones más duras a los propietarios de los “bares de remate”, que vuelven a abrir sus puertas a pesar de la clausura definitiva.

Por M. Villa

/ 8 de septiembre de 2013 / 04:00

La Intendencia Municipal y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz solicitaron imponer sanciones más duras a los propietarios de los “bares de remate”, que vuelven a abrir sus puertas a pesar de la clausura definitiva.

“Como defensora de la sociedad, la Fiscalía debería tomar acciones más fuertes, más allá del control administrativo de las alcaldías”, dijo el intendente Mauricio Ruiz.

La Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas dispone que quienes vendan alcohol fuera del horario permitido —de 03.00 a 09.00 y en horarios establecidos por las alcaldías mediante norma expresa— serán sancionados con la imposición de una multa, la clausura temporal, la clausura definitiva y, como castigo mayor, el arresto del propietario por  ocho horas.

“El Gobierno Municipal sólo los clausura, pero igual siguen funcionando ilegalmente”, reclamó Arturo Quispe, titular de la Fejuve La Paz.

El presidente del Concejo, Omar Rocha (UN), no cree que este problema se resuelva endureciendo las leyes, sino aplicando programas sociales dirigidos a los bebedores. “Tampoco podemos estar poniendo permanentemente gente para esos lugares. Nosotros hemos cumplido; podemos aprobar penas más duras, pero no sé si lo solucionará”, advirtió.

La Alcaldía paceña lleva adelante un proceso penal contra los dueños del bar El Caballito, que funciona en Villa Fátima, pese a ocho clausuras. Si la sentencia es favorable a la comuna, la pena máxima que se les puede aplicar a los propietarios es de dos años de cárcel. “Es como cortar un árbol con una lima de uñas. Si las penas fueron de 10 o 15 años, disminuirían notablemente”, señaló el Intendente.

Las excusas que dan los administradores de estos  negocios para continuar abriendo, a pesar de que se les ordena cerrar y se decomisan sus muebles, es que “tienen fiestas privadas”.

La Fejuve  denuncia amenazas de dueños

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz denunció que sus afiliados reciben amenazas anónimas cuando denuncian a la fuerza pública la existencia y ubicación de los “bares de remate”.

“Como juntas vecinales se nos hace difícil (encarar esta situación), ya que de cada representante que denuncia su vida corre peligro”, afirmó el presidente de la organización, Arturo Quispe.

Las amenazas contra el dirigente denunciante o su familia llegan vía telefónica o a través de mensajes de texto (SMS) y en las que anuncian que les pasará algo si persisten en acusarlos.

La advertencia de iniciar un proceso por allanamiento a los policías a cargo de los operativos es otra forma de intimidación empleada por los propietarios, pese a que la Ley de Control del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas señala en su artículo 13 que no se puede limitar “de ninguna forma” su acceso ni alegar allanamiento o falta de orden judicial para su ingreso.

Pero no sólo los propietarios de estos negocios clandestinos amenazan, sino los bebedores. En un operativo sorpresa, efectuado el martes 3 de septiembre por efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) La Merced, una consumidora, obligada a desalojar un  local en Villa Fátima, amenazó a la periodista de La Razón. “Muy mal, algo te va a pasar”.

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Por riesgos, frenan venta de GNV a 5.539 vehículos

En febrero de este año, dos personas resultaron heridas en la localidad de Mineros, Santa Cruz, por la explosión de un cilindro de Gas Natural Vehicular (GNV) vetusto, que no soportó la presión de la carga. El vehículo quedó convertido en chatarra y la estación sufrió daños de consideración. 

Por M. Villa

/ 8 de diciembre de 2014 / 04:00

En febrero de este año, dos personas resultaron heridas en la localidad de Mineros, Santa Cruz, por la explosión de un cilindro de Gas Natural Vehicular (GNV) vetusto, que no soportó la presión de la carga. El vehículo quedó convertido en chatarra y la estación sufrió daños de consideración.  

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) efectuó un registro y estableció que hay 5.539 vehículos públicos y privados —de un universo de 355.000— que funcionan con tanques de más de 20 años de antigüedad. A fines de octubre ordenó la suspensión de la venta del carburante a estos motorizados para evitar accidentes.

“Hemos podido identificar que (son) más de 5.000 vehículos en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, identificamos el año de fabricación del cilindro y algunos tenían más de 20 años”, informó a La Razón Wálter Segovia, director de Coordinación Distrital de la ANH.

En octubre de 2010, se emitió el Decreto Supremo 675 para eliminar el uso de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en los vehículos y permitir su reconversión a GNV de forma gratuita, a través de la Entidad Ejecutora de Conversión a GNV (EEC), dependiente del Ministerio de Hidrocarburos y Energía.

Segovia explicó que los 5.539  motorizados observados o tienen conexiones clandestinas o los vehículos fueron introducidos al país ilegalmente.

Debido a que los cilindros nunca se sometieron a un proceso de recalificación y a que su vida útil feneció, la ANH ordenó el corte del suministro en las estaciones de GNV.  

 El funcionario afirmó que como el material del tambor está viejo, existe la posibilidad de que explote. “Están poniendo en riesgo su vehículo, su vida y la vida de las personas que transportan”, apuntó.

Norma. El coronel Edwin Lazo, director departamental de Bomberos de La Paz, explicó que cuando hay alta presión, el gas siempre busca un escape: “Por la antigüedad y el desgaste puede haber fuga”.

El 28 de noviembre de 2012, un cilindro explotó en un surtidor de la Coronilla, en Cochabamba. Según Bomberos, la deflagración se produjo porque era el inadecuado.

En 2013, el 18 de octubre, otro tanque de un auto que cargaba GNV en el surtidor Santiago, Cochabamba, estalló y salió disparado 80 metros causando daños materiales de consideración a otros dos vehículos. En ambos casos no hubo fallecidos.

Según el funcionario de la ANH, el tiempo de vida útil de un cilindro es de dos décadas.

Los propietarios de vehículos están obligados a hacerlo inspeccionar en los Talleres de Recalificación de Cilindros autorizados por la EEC-GNV, dispone el artículo 121 del Decreto Supremo 27956 de 2004.

“Ningún vehículo a GNV podrá (…) cargar GNV sin cumplir con la revisión periódica de cilindros cada cinco años en el caso de cilindros de acero y cada tres años en el caso de cilindros Tipo 3 denominados de ‘Composite’”, dice la norma.

¿Por qué se produce una explosión? El cilindro de GNV debe soportar 200 bares de presión (un bar es una unidad de presión equivalente a un millón barias) mientras es recargado en una estación. “Es ahí cuando puede sufrir una explosión”. La ANH registró cuatro accidentes por esta causa desde 2011.

Por ejemplo, en febrero de ese año explotó el cilindro de un micro en una estación de servicio del Plan Tres Mil, Santa Cruz. Su vida útil había pasado y nunca había sido recalificado. La explosión ocasionó serios daños en la estación y el vehículo quedó calcinado.

Incentivan conversión del diésel a  gas natural

La Entidad Ejecutora de Conversión a Gas Natural Vehicular (EEC-GNV) proyecta la transformación a gran escala de los motores que funcionan con diésel.

“Se está haciendo un proyecto que ha coordinado el Ministerio (de Hidrocarburos y Energía) con el transporte. Ya está en marcha, hay autos en Santa Cruz circulando. Acá (en La Paz) se está incentivando y se lo va a hacer en toda Bolivia”, explicó a La Razón Wálter Segovia, director de Coordinación Distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Según el portal web de la entidad ejecutora, 99 autos, entre privados y del transporte sindicalizado, fueron transformados y circulan por la capital cruceña.

Para esta conversión se requiere cambiar el motor, a diferencia de los que funcionan con gasolina.

“En Santa Cruz sabemos que se consume más diésel, esto significa un cambio del motor completo”, puntualizó.

El Decreto Supremo 1598, la Resolución Ministerial 218/13, la Resolución Administrativa ANH 1328/2014 y otras son las normas que autorizan la ejecución de este programa de transformación de los motores a GNV.  

Segovia no especificó cuándo se comenzará a aplicar el proyecto en otros departamentos.

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En Mallasa hay 36 procesos por ocupación de terrenos ediles

La Subalcaldía de Mallasa abrió al menos 36 procesos por ocupación ilegal de terrenos municipales. La recuperación de dos predios ubicados uno frente a esa repartición y el otro, al final del zoológico municipal Vesty Pakos son los más difíciles.

Por M. Villa

/ 28 de septiembre de 2014 / 04:10

La Subalcaldía de Mallasa abrió al menos 36 procesos por ocupación ilegal de terrenos municipales. La recuperación de dos predios ubicados uno frente a esa repartición y el otro, al final del zoológico municipal Vesty Pakos son los más difíciles.

En el primer caso, 11 familias, de este macrodistrito, que dicen ser dueñas, ingresaron el 1 de mayo de este año y comenzaron a edificar casas precarias.

En el segundo, al menos 40 familias del Sindicato Agrario Mallasa se asentaron en 2010 en 40.000 m2, talaron más de 1.000 árboles y erigieron precarias viviendas. Ambos predios son parte del Parque Nacional Mallasa, declarado área protegida de manejo integral en 2001.

“Un predio fue recuperado y precintado por la Fiscalía para fines investigativos, esperamos pronta solución. En el otro espacio estamos yendo a un proceso técnico administrativo”, explicó el subalcalde Eduardo Campero.

El parque nacional fue creado en 1956, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

“Juan Mamani Quispe, en representación de los 71 campesinos de la exhacienda, hizo una cesión voluntaria, gratuita y a perpetuidad a favor del Estado del Parque Nacional Mallasa en virtud de la compensación favorable que reciben en Caranavi de 400 hectáreas”, dice el documento suscrito entonces. En 1972 un decreto transfirió el predio a la municipalidad.

“Lo que alegan (los comunarios) es que jamás se consolidó la compensación”, explicó Campero. “Difícilmente vamos a hacer (que se respete la propiedad edil) cuando no tenemos la posibilidad de usar la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes de demolición”, añadió.

La Subalcaldía denunció que hay “grupos organizados” de loteadores —a los que no identificó— que contratan personas para invadir, tomar posesión y permanecer en terrenos de propiedad de terceros por un tiempo para luego venderlos.

“No pasa por un simple loteamiento, donde personas que necesitan viviendas van y toman los predios, ellos lo revenden y engañan a la gente. No sabemos sus nombres. Las acciones que tomamos es seguir procesos técnicos administrativos”.

Estos sumarios tienen como base la Ordenanza Municipal 076/2004, que fija todos los parámetros para fiscalizar y administrar un territorio. “Una vez que identificamos un avasallamiento o el loteo de un área municipal, iniciamos fiscalización con la norma 076”, precisó.

Facundo Hurtado, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la zona Sur, sostuvo que los avasalladores se aprovechan del conflicto de límites que tiene La Paz con sus vecinos de Mecapaca, Achocalla y Palca, ya que alegan que cuentan con autorización de construcción emitido por sus gobiernos locales, a los que pagan impuestos.

Mecapaca Autorizó Edificación

TENSIONES

Las 11 familias que el 1 de mayo de 2014 se asentaron en un área forestal de 5.000 a 10.000 metros cuadrados del Parque Nacional Mallasa tienen folio real, impuestos pagados y planos aprobados por la Alcaldía de Mecapaca. Alegan que compraron los lotes a los descendientes de Hilarión Daza, uno de los primeros colonos.

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La violencia de género estuvo fuera de agenda de Anessclapol

Además de aplicarles un test psicológico, los policías serán sometidos a la prueba del polígrafo. Esposas de los uniformados desconocen sus derechos, dice su representante.

Por M. Villa

/ 1 de julio de 2013 / 05:57

Dejaron el anonimato el 11 febrero de 2003, en el motín policial contra el llamado “impuestazo” al salario. Cobraron notoriedad con su lucha por mejores condiciones de trabajo y remuneración para sus esposos.

Sin embargo, las esposas de los miembros de la Policía Boliviana no se pronunciaron públicamente sobre la violencia doméstica y de género, porque, como admitió la presidenta de la Asociación Nacional de Esposas Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anessclapol), Isabel García, éste no es un tema de discusión interna.

La falta de conocimiento de las leyes que las protegen es la razón para que acepten los golpes o el maltrato psicológico, explicó la representante.

Añadió que esto se relaciona con su grado de educación y la influencia que reciben. En general, desde que son niñas, a las mujeres su entorno familiar les inculca que “deben obedecer a su pareja”.

Celia Mamani P., de 34 años, murió el 3 de mayo de este año en un cuarto del barrio paceño de Alto Tejar, a manos de su expareja, el cabo Julio P. Q., quien la golpeó y asesinó con cuatro martillazos en la cabeza.

En su defensa, el asesino dijo, por medio de su abogado, que la golpeó porque ella no pudo darle hijos en sus diez años de convivencia.

Sin embargo, se estableció que además existían diferencias por el fruto de la venta de lotes. La Justicia envió al cabo, con carácter preventivo, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde aguarda el juicio por el delito de asesinato.

De acuerdo con datos oficiales,  los uniformados son denunciados cada vez más por lesiones y abusos a terceros, en particular mujeres, aunque el registro es parcial y tiene notorios vacíos u omisiones.

Ayuda. García indicó que pedirá al Comando General de la Policía Boliviana que personal de la Brigada de Protección a la Familia capacite a las víctimas de violencia ejercida por miembros de la Policía, en el conocimiento de sus derechos.

Voy a pedir al Comando que ayuden en la capacitación porque (ellas) deben conocer sus derechos humanos”.

 Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), consideró que los efectivos también deben recibir información sobre la equidad de género y los derechos de la mujer y los niños, niñas y adolescentes.

Como los policías están a diario expuestos a la violencia, debido a su rol, esto les ocasiona fuertes tensiones emocionales, explicó Bravo.

 “Se enfrentan con delincuentes, reprimen manifestaciones y viven eventos de riesgo. No creo que trabajen bajo supervisión psicológica, ya que los maltratos recaen sobre ellos y al no tener dónde hablarlos ni tratarlos, continúan con la espiral de maltratos”.

García anunció que, de ser necesario, solicitará al Gobierno que trabaje en la prevención de este problema.

El Gobierno anuncia el empleo del polígrafo

Examen psicológico y polígrafo son dos instrumentos que el Gobierno nacional propone que se apliquen a los miembros de la Policía Boliviana, para evitar que personas desequilibradas o que hayan cometido actos ilícitos formen parte de esa institución.

“He pedido polígrafo para todos”, dijo el viceministro de  Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez. El polígrafo es un instrumento que registra y monitorea cambios fisiológicos y permite conocer el perfil básico de la personalidad de alguien, si tiene capacidad para tolerar la presión, etc.

 “Estamos estudiando cómo se va a implementar el examen psicológico. ¿A quiénes?, ¿sólo a estudiantes?, ¿en qué otro nivel se lo haría? No queremos estigmatizar”, apuntó Pérez.

Tras el asesinato de Hanalí Huaycho se planteó la necesidad de aplicar la prueba a los postulantes a la Universidad Policial y a la Escuela Básica de Policías.

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), explicó que los uniformados son renuentes a realizarse esta prueba.

“Creen que los psicólogos atienden a los locos, por lo que no enfrentan sus problemas y se descargan en su hogar”.

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