En las aceras o la calzada, ambulando o en sitios fijos, de día y de noche,  los vendedores en vía pública ocupan la ciudad de La Paz. Sin embargo, solamente 28.821 gremiales figuran en los registros ediles, aunque esta cantidad es 63% más alta que en 1990, cuando habían 18.217.

De acuerdo con la Dirección de Mercados, de cada 100 comerciantes que copan las arterias y plazas de los siete macrodistritos urbanos del municipio, 46 están en el Centro, 29 en el Max Paredes, 13 en el Cotahuma, 6 en el Periférica y 3 en el Sur (ver diagrama).

Este “ejército” de vendedores callejeros tiene autorización edil para la comercialización de ropa nueva, verduras, frutas, comidas, golosinas y dulces, entre otros, en tarimas, quioscos, con puestos fijos o ambulantes.

El registro de gremiales se cerró en 2008 —hace seis años—y ninguna persona puede engrosar esa cifra.

De los 31.885 que se presentaron en 1994 para regularizar su situación, 28.821, o sea el 90%, están legalmente establecidos porque consiguieron sanear su aval de asentamiento y acreditaron ser comerciantes en vía pública desde antes de 1994; sin embargo, 3.064 quedaron al margen.

 La Ordenanza Municipal 101/94 aparte de garantizar la inamovilidad de puestos de venta, prohíbe la otorgación de nuevas autorizaciones.

“El registro se cerró el 10 de octubre de 2008. Todas las personas que presentaron sus documentos que avalaban su asentamiento fueron contabilizadas como gremiales”, explicó el director municipal de Mercados, Miguel Ayala. “Ahora, de ninguna manera puede registrarse un comerciante que no tenga esa documentación”, añadió el funcionario.

Pese al congelamiento —solamente se reconoció a quienes probaron que vendían en espacios públicos antes de 1994, o sea hace 20 años—,  la cifra oficial no ha bajado porque los puestos o se heredan o se venden.

Los 3.064 que no lograron certificar su asentamiento antes de 1994 son considerados ilegales. Ese año es tomado en cuenta por disposición de la Ordenanza Municipal 101/92 —aprobada durante la gestión de Mónica Medina—, que dio inamovilidad a los puestos de venta de los mercaderes y también prohibió más asentamientos en las calles de la ciudad.

Para Jorge Silva, concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), dicha normativa, en su momento, fue la respuesta inmediata del municipio para controlar la proliferación de comerciantes. “Pero después de casi 20 años nos damos cuenta de que esa norma no la ha respetado ni la Alcaldía ni las asociaciones de vendedores. Inclusive a partir de la vigencia de esa ordenanza hubo muchos puestos más que se habilitaron”, observó.

Mabel Machicado, secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales del Comercio Minorista de La Paz, indicó que sus afiliados cumplieron con la normativa de 1992 y argumentó que la proliferación de puestos y ambulantes se debe, principalmente, a la falta de empleo urbano.

Esta organización departamental aglutina a más de 70 sindicatos o asociaciones de vendedores. Cada uno representa a 50, a 800 e incluso 1.500 afiliados, que en conjunto llegan a 30.000, según la representante.

Para la dirigente, el incremento de los mercaderes clandestinos tiene su origen en la falta de control del Gobierno Municipal de La Paz. “Además, hemos identificado una problemática: cuando se hizo, por ejemplo, la intervención a los comerciantes asentados en la Mariscal Santa Cruz, se llevó a cientos de vendedores a la avenida Simón Bolívar, pero ahora en esa vía solo quedan unos cuantos. Por necesidad esas comerciantes legalmente establecidas tuvieron que irse a sitios más comerciales o a deambular, lo que provoca que se concentren más gremiales en otros lugares. Todo por falta de política y coordinación”.

La Dirección de Mercados, junto con la Guardia Municipal y la Intendencia, efectúa operativos periódicos para impedir los asentamientos ilegales en la urbe. Sin embargo, “el control es una labor conjunta. Los vendedores o dueños de inmuebles que vean que hay un asentamiento en su vereda, deben denunciarlo para que procedamos a retirarlo”, sostuvo Ayala.

Transferencia. A diferencia de lo que sostuvo Machicado, el funcionario edil insistió en que las autorizaciones que se emitieron hasta 2008 son intransferibles, por lo que en caso de fallecimiento o por motivos de salud o fuerza mayor para que el titular ya no utilice su puesto, éste no puede ser aprovechado por otra persona.

La Razón consultó a cinco comerciantes de la calle Max Paredes sobre este asunto. Una señaló que le compró el espacio a un familiar en $us 2.000, otro declaró que lo heredó de su progenitora y tres se abstuvieron de responder la pregunta.

Machicado aseveró que hasta la fecha no existe ningún registro de venta de puestos que se pueda probar con documentos. No obstante, admitió que éstos sí se heredan.

“Por ejemplo, cuando la mamá es titular de un puesto de venta y ya no puede atenderlo por su avanzada edad o por fallecimiento, los que lo ocupan son los hijos o algún pariente que tenga necesidad económica. Se ceden los espacios de manera gratuita”.

Silva planteó que otro factor de la proliferación de gremiales es el “loteamiento de puestos”, transferencias que se hacen entre $us 3.000 y $us 7.000, dependiendo de la ubicación de los espacios. “Ese proceso se realiza en complicidad con los personeros de la Alcaldía”, denunció; sin embargo no ofreció pruebas de ello.

En los años 50 solo había 369 vendedores

Según la Oficialía de Promoción Económica de la Alcaldía de La Paz, entre 1951 y 1960, en el municipio de La Paz se tenían registrados solo a
369 gremiales.     

Entre 1961 y 1970, la cifra se incrementó a 1.056. De 1971 a 1980, la cantidad subió a 5.937. Entre 1981 y 1990 se produjo el salto cuantitativo a 18.217.

Entre 1991 y 2000 los vendedores en vía pública en la ciudad de La Paz aumentaron hasta 37.026 y en el censo de 2003, a 39.815 registrados

legalmente.

Programa edil da nuevo  oficio a hijos de gremiales

La pasada gestión, la Alcaldía capacitó en otros rubros a 150 hijos de comerciantes

El año pasado, el Gobierno Municipal de La Paz puso en marcha un programa de capacitación gratuita para los hijos de los vendedores en vía pública para que dejen la actividad de sus padres y, a la vez, reducir la cantidad de gremiales en la urbe, informó el director de Mercados, Miguel Ayala.  

“Estamos trabajando con una consultora para que se puedan mejorar las condiciones de trabajo de los hijos e hijas de los comerciantes minoristas. Es algo así como una reconversión productiva”, explicó.

De acuerdo con el funcionario municipal, lo que se busca es que los descendientes de estos gremiales aspiren a desarrollar otro tipo de actividad para ganarse el sustento.

“Hemos ido formando personal especialista en hotelería, gastronomía, turismo y servicios complementarios. Hay también asistentes de créditos. En la primera fase nos fue bien: 150 hijos fueron beneficiados con esta iniciativa y ya están trabajando en otros lugares”, indicó.

Los oficios para comenzar con la reconversión laboral fueron elegidos en función de la demanda de trabajo en La Paz de los rubros turístico, hotelero y gastronómico.

Según un estudio del mercado de trabajo en Bolivia efectuado en 2011 por la Fundación para la Producción, la fuerza laboral está compuesta por   53% de profesionales, 35% por técnicos y 12% por obreros.  

Registro. El otro proyecto destinado a mejorar las condiciones laborales de los comerciantes legalmente establecidos es la carnetización, sostuvo el director de Mercados.

“La idea —que se aplicará este año— es que los comerciantes legales porten una credencial que los identifique y que quienes quieran comprar sus productos, puedan identificarlos”. El objetivo es la creación de una cultura en la población para que solo haga tratos con los vendedores legalmente establecidos.

Vendedoresen espacios municipales

Según el director de Mercados, Miguel Ayala, desde  2009 se desconcentró el control y la emisión de autorizaciones para los gremiales que ocupan predios  municipales, como las ferias, parques, plazas, etcétera.  El control está ahora a cargo de las subalcaldías de los siete macrodistritos urbanos de
La Paz.

4 factores fomentan el comercio en vía pública

El desempleo, la costumbre de comprar “al paso”, el capital reducido que se requiere para poner un puesto de venta callejero y el bajo nivel de instrucción que se necesita para ello, son los cuatro factores que fomentan la actividad gremial en el municipio de La Paz, según el sociólogo René Pereira Morató.

De acuerdo con datos del Gobierno nacional, cuando Evo Morales llegó al poder en 2006, el porcentaje de desempleo urbano en Bolivia alcanzaba al 8,2%, proporción que se redujo en 2012 hasta el 3,2%, llegando a ser “la más baja” de la región. Sin embargo, en cuanto a la población ocupada, la más dominante es la ocupación informal.

En criterio del sociólogo, el crecimiento económico que tuvo el país en los últimos años benefició sobre todo a los sectores populares, de los que forman parte los gremiales. Es por ello que son actores de ese modelo plural de la economía boliviana, recalcó.

“Más allá de las cifras, evidentemente hay una expansión de los comerciantes populares en la vía pública y eso se puede observar claramente todos los días en la ciudad”, enfatizó Pereira.

El otro factor es la costumbre arraigada de comprar al paso, camino a la oficina o de vuelta a ella.

“Éste es un fenómeno que define la trama urbana de la ciudad de La Paz. Podemos ver que los macrodistritos Centro y Max Paredes son los sitios que congregan a más cantidad de gremiales porque en estas vías están también la mayor cantidad de demandantes de ofertas en vía pública”.

Aunque sacrificado —por las condiciones en las que a veces los vendedores en vía pública tienen que trabajar—, otro factor que explica su presencia masiva es la manera relativamente fácil de hacer negocio u obtener réditos.

“Al no tener grandes destrezas, una persona accede a un autoempleo. Otra razón por la que este oficio es requerido es que, con un bajo nivel de capital, se puede crear unidades económicas proporcionales a la inversión que se hace”, apuntó el investigador.

El Concejo Municipal apunta a aprobar hoy en todas sus estaciones el proyecto de Ley de Expropiaciones, el cual da un plazo de dos años al Gobierno Municipal de La Paz para efectuar el  pago de la indemnización a los dueños de los predios que sean enajenados, informó su presidente, Omar Rocha.

“Mañana (hoy) vamos a terminar de realizar el tratamiento del proyecto. El documento, de 39 artículos, fue aprobado en grande, de los cuales 17 ya fueron avalados en su estación en detalle”, señaló.

Según Rocha, la municipalidad arrastra hasta la fecha aproximadamente 70 casos de expropiaciones que no se han pagado, pese a que los predios ya fueron utilizados por la Alcaldía.

Con la norma se busca mejorar los procedimientos que se efectúan actualmente al amparo de la Ley de Expropiaciones del 30 de diciembre de 1884 y la Ley de Municipalidades del 28 de octubre de 1999.   

El documento fue presentado y aprobado en grande hace un año. Su tratamiento fue demorado para buscar consenso sobre su contenido.

La Razón intentó contactar a la secretaria del Concejo, Gabriela Niño de Guzmán, y al director Jurídico de la Alcaldía, Fernando Velásquez, para conocer si la normativa había sido consensuada, pero ninguno respondió su teléfono móvil. La normativa, proyectada por Rocha, prevé en sus artículos 27 y 28 incorporar la indemnización por el uso del subsuelo y sobresuelo, detalle que, según el concejal, será incorporado a través de un procedimiento especial según el análisis de cada caso.

“El Estado tiene la obligación de respetar la propiedad privada y lo que se busca es que cuando haya una expropiación, se proceda a compensar a los afectados antes de que se realicen las obras”, recalcó el concejal.

Minibuses que se estacionan en las paradas de los PumaKatari, cierre del paso en vías de alta pendiente y maniobras imprevistas en curvas cerradas son tres problemas  con los que tropieza el LaPazBus Laderas y que son atribuibles a los transportistas públicos de la urbe.

El oficial asesor de la Alcaldía, Gustavo Bejarano, señaló que estas acciones obedecen a las malas costumbres de algunos choferes.

“Hemos tenido percances con las paradas del bus; los conductores de minibuses están haciendo uso de las mismas, estacionándose momentáneamente o de manera permanente y no hay a quién reclamar, pues (los motorizados) están vacíos”, dijo.

El segundo contratiempo  son los “cruces abruptos” que efectúan los choferes del servicio público, que obligan a parar a los PumaKatari en calles de alta pendiente.

“Este problema es recurrente en Villa Salomé, paran sin ningún motivo aparente y luego siguen marchando. No lo vemos como algo premeditado, pero sí  (como consecuencia de las) malas costumbres de conducción que tienen”, aseguró.

El tercer obstáculo se produce cuando los buses ediles realizan un giro. Para girar a la izquierda, se abren a la derecha y para la derecha, se abren a la izquierda.

“El momento en que se abren, los choferes quieren acelerar y ganar en la maniobra, pero se ven sorprendidos por la parte media o trasera del bus. Por ello, algunos vehículos quedaron con raspones”, explicó.    

El LaPazBus Laderas inició operaciones el 17 de febrero en las rutas Inca Llojeta (Cotahuma)-Parque Urbano Central (PUC) y Villa Salomé (San Antonio)-PUC. El 7 de marzo se inauguró la ruta Chasquipampa (Sur)-PUC. Los dos primeros cumplieron ayer 21 días de operaciones  mientras que el tercero, solo diez.

La Razón consultó a siete choferes  de los PumaKatari sobre las dificultades con las que tropiezan. Cinco coincidieron en que la ocupación de las paradas es perjudicial y dos no observaron nada.

 “Eso del uso indiscriminado de la parada lo hacen minibuses, trufis, taxis. No respetan, pese a que hay señalización”, cuestionó Wilfredo Castro, conductor. Richard Huanca expresó que reciben apoyo de la Guardia Municipal para liberar los espacios.

Ismael Fernández, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes 1° de Mayo, evitó hacer comentarios sobre la actitud de los conductores y adelantó que cuando se cumpla un mes del servicio éste será analizado con el Gobierno Municipal.

Saúl Fernández, secretario de Conflictos de la Federación de Choferes de La Paz, manifestó que el trabajo que efectúan sus afiliados no perjudica a los buses. “A veces utilizan las paradas, pero lo hacen cuando no están los vehículos, tampoco nos quedamos ahí estacionados”.

En estos días también se detectó que el daño a los agarradores para los usuarios que van de pie se ha vuelto un contratiempo recurrente. Bejarano no precisó cuántos de éstos resultaron dañados. “Hemos estado haciendo la reposición de los asideros. También hubo problemas con dos torniquetes, que ya fueron ajustados (por el fabricante King Long) y una cámara de un bus”.

Datos del servicio municipal

tarifas
En los recorridos a Inca Llojeta y Villa Salomé el pasaje es Bs 1,80. En el recorrido a Chasquipampa es Bs 2. De 23.00 a 05.00 todos pagan Bs 3.

protocolo
Cuando se detecte un desperfecto, los conductores tienen la instrucción de parar, transferir a los usuarios al siguiente bus y llamar a los teléfonos de emergencia.

Frecuencia
Los fines de semana, los buses salen cada 15 y 30 minutos. Por la demanda se analiza la posibilidad de disponer más buses.

amenaza
Una vecina denunció que un conductor dejó “miguelitos” para dañar los buses;  el atentado no fue confirmado. 

Minibuses que se estacionan en las paradas de los PumaKatari, cierre del paso en vías de alta pendiente y maniobras imprevistas en curvas cerradas son tres problemas  con los que tropieza el LaPazBus Laderas y que son atribuibles a los transportistas públicos de la urbe.

El oficial asesor de la Alcaldía, Gustavo Bejarano, señaló que estas acciones obedecen a las malas costumbres de algunos choferes.

“Hemos tenido percances con las paradas del bus; los conductores de minibuses están haciendo uso de las mismas, estacionándose momentáneamente o de manera permanente y no hay a quién reclamar, pues (los motorizados) están vacíos”, dijo.

El segundo contratiempo  son los “cruces abruptos” que efectúan los choferes del servicio público, que obligan a parar a los PumaKatari en calles de alta pendiente.

“Este problema es recurrente en Villa Salomé, paran sin ningún motivo aparente y luego siguen marchando. No lo vemos como algo premeditado, pero sí  (como consecuencia de las) malas costumbres de conducción que tienen”, aseguró.

El tercer obstáculo se produce cuando los buses ediles realizan un giro. Para girar a la izquierda, se abren a la derecha y para la derecha, se abren a la izquierda.

“El momento en que se abren, los choferes quieren acelerar y ganar en la maniobra, pero se ven sorprendidos por la parte media o trasera del bus. Por ello, algunos vehículos quedaron con raspones”, explicó.    

El LaPazBus Laderas inició operaciones el 17 de febrero en las rutas Inca Llojeta (Cotahuma)-Parque Urbano Central (PUC) y Villa Salomé (San Antonio)-PUC. El 7 de marzo se inauguró la ruta Chasquipampa (Sur)-PUC. Los dos primeros cumplieron ayer 21 días de operaciones  mientras que el tercero, solo diez.

La Razón consultó a siete choferes  de los PumaKatari sobre las dificultades con las que tropiezan. Cinco coincidieron en que la ocupación de las paradas es perjudicial y dos no observaron nada.

 “Eso del uso indiscriminado de la parada lo hacen minibuses, trufis, taxis. No respetan, pese a que hay señalización”, cuestionó Wilfredo Castro, conductor. Richard Huanca expresó que reciben apoyo de la Guardia Municipal para liberar los espacios.

Ismael Fernández, secretario ejecutivo de la Federación de Choferes 1° de Mayo, evitó hacer comentarios sobre la actitud de los conductores y adelantó que cuando se cumpla un mes del servicio éste será analizado con el Gobierno Municipal.

Saúl Fernández, secretario de Conflictos de la Federación de Choferes de La Paz, manifestó que el trabajo que efectúan sus afiliados no perjudica a los buses. “A veces utilizan las paradas, pero lo hacen cuando no están los vehículos, tampoco nos quedamos ahí estacionados”.

En estos días también se detectó que el daño a los agarradores para los usuarios que van de pie se ha vuelto un contratiempo recurrente. Bejarano no precisó cuántos de éstos resultaron dañados. “Hemos estado haciendo la reposición de los asideros. También hubo problemas con dos torniquetes, que ya fueron ajustados (por el fabricante King Long) y una cámara de un bus”.

Datos del servicio municipal

tarifas
En los recorridos a Inca Llojeta y Villa Salomé el pasaje es Bs 1,80. En el recorrido a Chasquipampa es Bs 2. De 23.00 a 05.00 todos pagan Bs 3.

protocolo
Cuando se detecte un desperfecto, los conductores tienen la instrucción de parar, transferir a los usuarios al siguiente bus y llamar a los teléfonos de emergencia.

Frecuencia
Los fines de semana, los buses salen cada 15 y 30 minutos. Por la demanda se analiza la posibilidad de disponer más buses.

amenaza
Una vecina denunció que un conductor dejó “miguelitos” para dañar los buses;  el atentado no fue confirmado. 

En la ciudad de La Paz, el negocio de mantenimiento automotriz se realiza en vía pública y sin permiso de nadie. En aceras y calzadas ofrecen sus servicios mecánicos, electricistas, chapistas, tapiceros, lavadores, balateros, muelleros o llanteros.

Esta apropiación del espacio público afecta al menos a 11 vías principales de los macrodistritos Centro, Sur, Cotahuma, Periférica y Max Paredes, comprobó La Razón en un recorrido. La Alcaldía trabaja en un proyecto para habilitar un espacio público por macrodistrito para los lavadores de autos.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2009 en el municipio de La Paz se tenían registrados 159.142 motorizados. En 2012, la cifra se había incrementado a 291.494, 83% más en sólo tres años.

Los aceites y líquidos que se cambian a los vehículos y los detergentes que se usan en su limpieza deterioran las aceras y el asfalto, coincidieron cuatro subalcaldes entrevistados.

En todos los puntos tomados por esos negocios se genera, además, congestionamiento vehicular porque ocupan un carril de la vía; pero también invaden las aceras con material que dificulta el tráfico peatonal, un problema que se arrastra desde hace años.

 El primer sitio está en el Macrodistrito Cotahuma. Se trata de la avenida Landaeta (1). En parte de la vía, entre las calles Juan Manuel Cáceres y Kilómetro 7, se realiza el embovedado del río Jancokollo; sin embargo, ese trabajo no frenó la actividad de mecánicos, tapiceros, lavaautos, electricistas, etc., cerca de la plaza El Cóndor y en inmediaciones del estadio Bolívar.

“Es una molestia, pero hace años que nadie hace nada”, protestó el vecino Juan Pacosillo.

A pocos pasos, se suscita el mismo problema en la calle Feliciano Kantuta (2) y en la avenida Jaimes Freyre (3), donde hay coches estacionados hasta en dos filas para ser revisados.  

Francisco Cordero, subalcalde de Cotahuma, aseguró que cuando concluyan los trabajos en la Landaeta, que será asfaltada, se regularán esos negocios. “Estamos trabajando en mecanismos de control para que ya no dañen las vías u obstruyan la circulación”. En el Macrodistrito Max Paredes, los lavadores de autos se apropiaron de la parte superior de la avenida Kollasuyo (4), de donde se resisten a salir.

Mecánicos de diferentes especialidades se adueñaron de la avenida Entre Ríos (5). Allí tanto aceras como calzadas son ocupadas por coches. La Razón se comunicó con el subalcalde de Max Paredes, Felipe Flores, para conocer su diagnóstico, pero la autoridad declinó hacer declaraciones al no tener aval de la Unidad de Comunicación del gobierno local.

“En la parte baja de la vía ya no hay lavadores, pero siguen trabajando arriba y eso preocupa”, dijo la vecina Carmen Salamanca.
El subalcalde del Centro, Ramiro Burgos, reconoció que éste es un tema de abordaje complejo porque las soluciones pasan por políticas estructurales como la generación de fuentes de trabajo.  

“Hemos intentado regularizar el uso de estos espacios, pero no podemos desconocer la falta de empleo. En la Tejada Sorzano hay unos 15 negocios de este tipo”.
Burgos precisó que el gobierno municipal planificó habilitar espacios públicos de lavado, uno en cada macrodistrito para absorber esta mano de obra y así desocupar las vías, aunque todavía se trabaja en la propuesta.

La Tejada Sorzano, que es el límite entre macrodistritos, en el lado derecho es de responsabilidad de la Subalcaldía Periférica.  
El subalcalde Isaac Fernández  afirmó que pese a los intentos de regular estos negocios, los lavadores de este sector declinaron trabajar con la Alcaldía.  

Dentro de su jurisdicción identificó también a la avenida 15 de Abril (9) como un sitio problemático por esta actividad. En el sector es normal que los coches se estacionen en un carril a la espera de ser atendidos. “En dos meses esperamos presentar una propuesta para poderlos aglutinar a todos en una determinada área. En este sector hay 75 negocios de este tipo”, apuntó el subalcalde.  

En el Macro Sur, los mecánicos en la avenida Muñoz Reyes, de Cota Cota (10), y los lavadores de  la calle Julio Patiño (11) se apropiaron de las vías para realizar su trabajo. El subalcalde Sur, Carlos Urquizo, señaló que el lavado de coches causa preocupación porque Cota Cota es un área de riesgo y ese negocio aumenta la vulnerabilidad, ya que el agua es echada a las calles y aceras.

 “La Alcaldía está trabajando las estrategias para regular esas actividades, que son intensas en estos dos lugares”, dijo. Julio Chungara, mecánico, reconoció que su labor causa problemas. “¿Qué podemos hacer si no hay dónde trabajar?”, afirmó.

Actividad informal, causa del caos urbano

Los espacios de todos son tomados por trabajadores que generan su empleo

¿Por qué el espacio público urbano es apropiado territorialmente por determinados grupos en La Paz? Dos sociólogos coincidieron en que es por la falta de empleo formal. La debilidad de la autoridad edil no es parte del análisis.

El presidente del Colegio de Sociólogos de La Paz, David Salazar, sostuvo que la falta de empleo obliga a las personas a desarrollar trabajos informales, que a la larga derivan en el desorden urbano.

“Los empleos que se generan en las vías son los que requieren poco capital. Éstos en los últimos años se han ido incrementando. Una muestra son la proliferación de gremiales, quienes al no poder ser ubicados en los centros de abasto, tomaron las calles y lo mismo ahora está pasando con las personas que prestan servicio mecánico”, señaló Salazar.

El sociólogo hizo énfasis en que la demanda de mantenimiento de vehículos también tiene  que ver con el incremento del parque automotor, que se manifiesta en la proliferación de los motorizados que prestan servicio de transporte público en la urbe.

“Estos empleos que se generan en las ciudades son paliativos a la crisis de la gente que tiene que generar ingresos para la manutención de su familia.

Lamentablemente esto es un fenómeno social imparable. Tan solo recordemos el problema que se generó (los lavadores de autos) en la avenida Kollasuyo”, afirmó.
Para René Pereira Morató, sociólogo especialista en temas urbanos, en urbes que concentran gran población como La Paz es normal que espacios públicos que eran considerados de la comunidad estén siendo apropiados territorialmente por grupos que generan una fuerza de trabajo que no es acogida por la actividad formal. “Una ciudad que crece incrementa su parque automotor, que necesita ser mantenido y por ello se dan estos servicios en las calles”, añadió.

Para recuperar los espacios públicos, el profesional sugirió que el gobierno municipal e incluso el Gobierno Departamental de La Paz trabajen en una política para regular las actividades informales.  

“Para mal de paceños y paceñas, los espacios de encuentro se están convirtiendo en sitios donde tiene prioridad el automóvil. Para trabajar en una propuesta se tiene que diagnosticar el problema con datos, lo que no existe”.