Entre abril y agosto hubo 18 linchamientos en Bolivia
Crimen. Seis personas perdieron la vida a manos de turbas furiosas
Entre abril y agosto, 35 personas fueron linchadas en Bolivia, en 18 sucesos. Seis perdieron la vida y 28 quedaron heridas. En la mayoría de los casos, las víctimas fueron acusadas de cometer robo y asesinato, informó el Observatorio Nacional de Seguridad ciudadana (ONSC).
El linchamiento es la ejecución sin proceso de un sospechoso o un reo, efectuado por una turba. Según los datos del ONSC, en La Paz hubo 14 víctimas, entre muertos y heridos, en su mayoría en El Alto y en Palos Blancos; le sigue Cochabamba con 11, de los que nueve ocurrieron en Villa Tunari; y después está Santa Cruz. (Ver cuadro)
El 11 de mayo, una mujer de 19 años mató a su bebé de dos meses, en Sipe-Sipe, Cochabamba. Azotó el cuerpo de la pequeña contra los muros y puertas de su vivienda en reiteradas ocasiones. Los vecinos intentaron linchar a la joven que fue rescatada por la Policía.
En Potosí hubo tres casos. El 5 de junio, en Colquechaca, los comunarios enterraron vivo a Santos Ramírez (17) sobre el ataúd de Leandra Arias Janco (35), a la que presuntamente violó y asesinó, y además quemaron vivos a dos presuntos cogoteros, de 17 y 21 años.
Causa. Un día antes, pobladores de Tres Cruces, provincia Linares, ajusticiaron a dos personas a quienes acusaban de haber asesinado, el 2 de junio, al chofer Julián Mamani (45) para robarle su vehículo. El 28 de agosto, Edwin Mamani Buendía, alias El Pato (44), fue quemado vivo dentro de su vehículo por una turba en Palos Blancos, en La Paz. Él y su pandilla, 13 de los cuales eran menores de edad, operaban hace dos años en la zona y cometían delitos. La muchedumbre que le quitó la vida lo acusó de asesinato, violación y mutilación de un joven de 22 años.
Juan Mollericona, responsable del ONSC y autor del trabajo “Radiografía de los Linchamientos en la ciudad de El Alto”, opina que la principal razón por la que se cometen estos actos es la falta de credibilidad en las actuaciones de la Policía y del sistema judicial.
“El estado de inseguridad ha hecho que la población reaccione de manera violenta y extrema ante cualquier tipo de insinuación delictiva por más mínimo que sea el hecho ilícito. Es decir, que la población ha optado por combatir el delito con otro delito. En la acción tumultuaria está presente la ira popular, que no se dimensiona el valor del objeto robado, sino el robo como tal”, puntualizó.
De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, en 2012 se reportó la muerte de ocho personas por esta práctica, y más de 20 fueron sometidas a vejámenes y torturas.
“Entre 2005 y 2012 los reportes de prensa han publicado sobre un número superior a las 150 víctimas de este delito, y la cantidad de individuos que han sido agredidos en estas circunstancias pero que lograron salvarse supera las 100”, indicó a La Razón el defensor Rolando Villena.
El 11 de julio en Punata, Cochabamba, un supuesto brujo que dio un brebaje a una mujer, quien perdió la vida casi de inmediato, intentó ser ejecutado por una multitud. El 8 de octubre, en Villa 14 de Septiembre, un hombre de 27 años que había sido golpeado y amarrado a un poste para ser quemado fue rescatado por la fuerza pública. Fue acusado de robo.
La Policía recibió 10 denuncias
Seguridad
La fuerza policial anticrimen informó que en 2013 sólo tuvo diez reportes de linchamientos o intentos de castigo, cifra menor a la del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Seis en El Alto, uno en Sica-Sica, otro en el valle, uno en Potosí y uno en Sucre.
Según el Defensor, el Estado fue sobrepasado
Los linchamientos en Bolivia muestran que la capacidad del Estado para cumplir su función de dar seguridad a sus ciudadanos ha sido sobrepasada, dijo a La Razón el defensor el Pueblo, Rolando Villena.
“El problema es que, al parecer, el fenómeno de los linchamientos ha sobrepasado la posibilidad del Estado, porque responde, en la mayoría de los casos, a la crisis profunda del sistema judicial que si no se resuelve, no podrá dar respuesta a la demanda ciudadana de seguridad, protección y justicia plena”, añadió.
Desde el punto de vista de la Defensoría, ninguna institución —sea el Gobierno central, autoridades locales, entidades de derechos humanos— ni la población en general puede desligar su participación en la solución de este problema. “En la Defensoría del Pueblo investigamos y analizamos este proceso y su complejidad para proponer acciones desde los derechos humanos. No podemos pensar este problema sólo desde los organismos de seguridad sino desde todos los órganos del Estado. No desmerezco el trabajo del Ministerio de Gobierno”, añadió Villena.
