¿Interés de grupo versus interés colectivo o simple resistencia al cambio? Desde mayo de 2010, cuando comenzó la gestión de Luis Revilla, grupos de vendedores, choferes o vecinos trabaron al menos seis obras emprendidas por la Alcaldía de La Paz.

El más emblemático fue la defensa del parque Niño Jesús, donde iba a construirse un hospital de segundo nivel para los 150.000 habitantes del Macrodistrito de San Antonio. Esto obligó a la Alcaldía  a buscar otro predio y aplazó hasta 2014 la ejecución de la obra.

“Los paceños actuamos de manera curiosa, por principio hay un rechazo casi a cualquier cambio. Un cambio para mejor es inmediatamente rechazado, la gente prefiere seguir en las condiciones que está”, dijo el director de Gobernabilidad, Pedro Susz.

Según René Pereira, director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), la razón por la que un grupo menor hace prevalecer su interés ante el interés colectivo tiene su origen en la idiosincrasia (entendida como (temperamento, carácter, etc. distintivos y propios de un individuo o colectividad) de las personas.

“Hay diferentes percepciones que se cruzan con intereses individuales muy concretos. A los ojos de una persona una obra puede ser el bien supremo acabado, el bien social; pero para otra es un obstáculo porque afecta sus ingresos. Hay lógicas contrapuestas”.

Además del hospital —que iba a tener la capacidad de internar pacientes y atender consultas en especialidades básicas como ginecología, pediatría, etc.— hubo grupos que se opusieron a la peatonalización de la calle Sagárnaga, a la construcción y utilización de la terminal provisional de Minasa, al asfaltado de la avenida Kollasuyo, al arreglo de la calle Evaristo Valle o a ingresar al mercado Kollasuyo. Estos conflictos se presentaron también en la gestión de su predecesor Juan del Granado, cuando se anunció la construcción de los mercados Lanza y Camacho o se reordenó el comercio en vía pública en las calles del casco antiguo, y con sus antecesores.

“También hubo problemas con las juntas escolares cuando se quiso mejorar la infraestructura de algunas unidades educativas o ampliar los servicios”, señaló Susz. De acuerdo con Pereira, ante cualquier cambio que no venga acompañado de políticas adecuadas de información, la población se sentirá siempre temerosa, calificará a la obra como negativa por más que ésta vaya a beneficiarla.

“La población es un poco conservadora, muy temerosa de los cambios (lo que choca) con una política, en este caso de la Alcaldía, que busca cambiar una situación que considera negativa, como que  las vendedoras permanezcan en las calles. Unos piensan de una manera y otros de otra, hay lógicas contrapuestas”, recalcó. Que no haya información suficiente es una hipótesis cuya veracidad la Alcaldía rechaza.  Isaac Fernández, subalcalde del Macrodistrito Periférica, explicó que como metodología de trabajo, para ejecutar obras nuevas cada año, en agosto se acuerda su ejecución en actas que son firmadas por los vecinos.

En noviembre y diciembre se licitan las obras y en enero o febrero comienza la ejecución.

El más reciente conflicto que enfrentó Ramiro Burgos, subalcalde del Macrodistrito Centro, fue con al menos cuatro asociaciones de comerciantes de la peatonal calle Evaristo Valle, quienes no querían ser reubicadas mientras se realicen las obras. Para evitar que se trabe el proyecto, tuvo que ceder y aceptó ejecutarlo por partes, primero el centro de la vía, dejando a los costados callejones para que ellas sigan vendiendo.

“Se trata de conflictos en los que hay una especie de tira y afloja entre las partes. Probablemente las organizaciones que se oponen tienen demandas mayores que no están siendo respondidas con la obra correspondiente”, opinó el sociólogo Eduardo Paz.

Sociólogos sugieren más diálogo

Para evitar que los vecinos y grupos de interés se opongan tenazmente a la construcción de una obra, el Gobierno Municipal debe tener una comunicación más eficiente y menos burocrática con todos los interesados, señalaron dos sociólogos.

“La gobernabilidad no puede ser autoritaria, hacer talleres para cumplir un mecanismo no es suficiente. Se debe tener un diálogo más abierto, no ser unidireccional en la comunicación”, sostuvo el sociólogo René Pereira. “Creo que la Alcaldía hace más labor de extensión que comunicación. No basta tener spots televisivos o propaganda en los medios de comunicación, se deben sostener diálogos permanentes”, añadió.

“Que hagan consultas más abiertas y permanentes. En el caso del mercado Lanza, no se han respondido todas las expectativas de quienes se sentían afectados”, apuntó el sociólogo Eduardo Paz. Pereira sostuvo que tiene que escuchar a los vecinos “desde abajo hacia arriba” y hacer ejercicios más participativos y comunitarios.

Restricción vehicular, otra pelea

En 2001, el Gobierno Municipal de La Paz libró una batalla con los choferes para aplicar la restricción vehicular.

Las dificultades comenzaron cuando el Concejo dictó la Ordenanza 057, recordó el director de Gobernabilidad, Pedro Susz. Los transportistas alegaron que al dejar de trabajar un día, perdían ingresos; 12 años después la prohibición es acatada por este sector.

31 de Octubre se negó a entrar al mercado Kollasuyo

El mercado Kollasuyo, ubicado en el cruce de villas San Antonio y Copacabana, fue inaugurado el 30 de julio y le costó a La Paz Bs 13 millones. Se preveía que 60 de las 160 afiliadas de la Asociación 31 de Octubre iban a ingresar a la nueva infraestructura. Sin embargo, desde el momento de la entrega, la dirigencia de la asociación manifestó la intención de sus representadas de seguir vendiendo en la calle y allí permanecieron. Las vendedoras del mercado Kollasuyo denunciaron  competencia desleal y el 17 de octubre dejaron el mercado para vender  también en la calle. Después de una semana de perjuicio para transportistas y vecinos, retornaron a la edificación. Para dejar las calles, la Asociación 31 de octubre exigió que la comuna cumpla un compromiso alcanzado en 1989 por el alcalde de entonces, Raúl Salmón, y les construya otro mercado en las orillas del río Orkojahuira, frente a la piscina.

Hasta la fecha continúan vendido en la avenida 31 de octubre y con su actividad impiden el tráfico vehicular los fines de semana. La Alcaldía de La Paz se comprometió a reubicarlas frente a la piscina, para lo que hará algunos trabajos.

Choferes rechazaron una Sagárnaga peatonal

El proyecto para modernizar y transformar la calle Sagárnaga — entre la calle Murillo y la avenida Mariscal Santa Cruz — en una vía peatonal, ocasionó el 12 de noviembre de 2010 un bloqueo de las vías aledañas al Palacio Consistorial por  choferes y voceadores de líneas de transporte público, principalmente de afiliados a la desaparecida Central Única de Transporte Urbano de Pasajeros de La Paz (CUTUP). Su ejecutivo Gonzalo Millares calificó el cierre como un “enorme perjuicio” por ser una vía principal de acceso a otras zonas. Sostuvo además que al ser peatonal, sólo se iba a beneficiar al comercio informal.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, se negó rotundamente a aceptar este pedido y ratificó que esa calle iba a convertirse en un paso peatonal para paceños y turistas. En un acto público, el 27 de diciembre de 2011 se reabrió la calle, sin embargo los transportistas lograron que su demanda sea atendida en parte.

Luego de una evaluación técnica el gobierno local modificó el diseño, por lo que actualmente la vía cuenta con un carril de bajada por donde circulan los autos que se dirigen hacia la plaza San Francisco.

Transportistas, contra la terminal de Minasa

La construcción de la terminal provisional de Minasa le costó al gobierno local de La Paz Bs 500.000. Desde el 3 de diciembre de 2011, las 45 empresas de transporte interdepartamental e interprovincial que trabajaban en las calles de Villa Fátima, poniendo en riesgo a sus pasajeros, debían trasladarse al lugar. Sin embargo, el 15, sólo 12 empresas habían cumplido la instrucción edil. El resto, 33, se negaron, entre ellas el Sindicato Volantes Yungas, Gentileza, Amazonas y el Sindicato de Taxis a Caranavi. Para justificar el rechazo, los dirigentes alegaron que las casetas tenían el tamaño de un puesto de mercado que no cubría sus expectativas. Casi un año después, Rubén Soliz, administrador de la terminal provisional (la definitiva debe ser construida por el Gobierno Departamental de La Paz), indicó que actualmente sólo 44 de 49 sindicatos trabajan en el lugar. Vaca 10, Trans Pando, Yungueña y Trans Totaí y Turbus Totaí no ingresaron aún porque sus buses son grandes y obstaculizan el carril de salida. Por ello, actualmente se trabaja en habilitar otros accesos. “Se visualizará el tema del espacio, ellos no se oponen a la obra”, indicó el administrador.

Lavaautos de la Kollasuyo, en contra del asfaltado

El 27 de octubre la Alcaldía inauguró el asfaltado de las primeras diez cuadras de la avenida Kollasuyo, que vincula el centro y norte de La Paz con El Alto y beneficia directamente a los barrios Bajo Tejar, Callampaya, Mariscal Santa Cruz y La Portada. La vía, entonces adoquinada, tenía una deformación severa debido a fugas del sistema de alcantarillado en todo su trayecto que dificultaba la circulación vehicular. En la obra—que comenzó en abril de este año en medio de la resistencia de la Asociación de Lavadores de Autos de la avenida Kollasuyo— la municipalidad invirtió Bs 3,2 millones. Desde abril, afiliados a esa asociación rechazaron su reubicación porque iban a perder clientes.

Desde entonces, los dirigentes efectuaron al menos 15 marchas de protesta hacia el Palacio Consistorial e informaron que eran 29 las familias afectadas por el mejoramiento de la vía. Jacqueline Rodríguez, su representante, indicó que a pesar de que el 5 de agosto se firmó un acuerdo, la Alcaldía no los reubicó y ahora trabajan en los alrededores. “Hemos presentado un amparo, pero nos han rechazado y está en Sucre. Volveremos a la Kollasuyo”.

Desacuerdo por ubicación de hospital en San Antonio

En 2013 debía comenzar la edificación del hospital de segundo nivel San Antonio, que iba a beneficiar a los 150.000 habitantes que se calcula que viven en este macrodistrito y en el que la Alcaldía de La Paz iba a invertir Bs 60 millones.

El punto elegido para la construcción, el Parque Niño Jesús, el único del lugar, movilizó a un grupo de vecinos que impidió la ejecución de las obras y se enfrentó con obreros municipales y la Guardia edil al mediodía y durante la noche del 18 de abril; 35 personas fueron heridas. Luego comenzó una vigilia.

El proyecto, de acuerdo con el gobierno local, había sido socializado en 2011 con los vecinos a través de una consulta y siete de cada diez estaban a favor. Sin embargo, la presión pudo más y el 27 de agosto el Concejo autorizó la expropiación de un predio en la misma avenida donde se edificará el nosocomio el próximo año.

“Finalmente, consiguieron bloquear su construcción, se lo va a levantar en otro lugar y a un plazo mucho más largo, iba a culminar en diez meses, ahora será más de año y medio. Tenemos que expropiar algunos terrenos privados”, informó el director de Gobernabilidad, Pedro Susz.

Asociación América 7, contra mejora de una calle

El 18 de noviembre la Asociación Gremial en Ropa y Varios-América 7,  Trabajadoras de La Paz y la Asociación de Comerciantes Minoristas Evaristo Valle Bajo obligaron al gobierno edil a suscribir un acuerdo para iniciar las obras de mejoramiento integral de la peatonal calle Evaristo Valle sin desalojar a sus afiliados.

Tres días antes, los minoristas comenzaron movilizaciones contra las obras de refacción con el argumento de que 80 de sus afiliados iban a ser perjudicados en la época navideña por la reubicación anunciada por el gobierno local.

La municipalidad anunció una inversión de Bs 700.000 en el cambio del alcantarillado pluvial, la elevación de la plataforma de la vía al nivel de la acera, el cambio y modernización de la iluminación, entre otros. Además de Bs 250.000 para reparar el Museo Tambo Quirquincho. La intervención a la vía se inició el 19. Se cerró el área con calaminas y se dejaron habilitados pasadizos a cada lado de 2,50 metros: un metro será ocupado por los comerciantes y el resto servirá para la circulación de las personas. En la segunda fase, los vendedores ocuparán el centro de la vía.