La lucha contra la trata y tráfico de menores aún se asienta en esfuerzos aislados e insuficientes. El control estatal en las trancas y en el aeropuerto de El Alto es inexistente, comprobó La Razón. Además, nadie pide los documentos de quienes viajan en vehículos particulares.

El 31 de julio de 2012 se aprobó la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263), que establece mecanismos que deben ser ejercidos por los gobiernos municipales, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, para evitar ambos delitos.

El artículo 27, en concreto, dispone que se realicen controles migratorios de ingreso, salida y permanencia del territorio boliviano de personas nacionales y extranjeras, “en especial de niños, niñas y adolescentes”. El artículo 36 ordena que la Policía y el Ministerio Púbico hagan controles en carreteras.

El decreto reglamentario manda que la Dirección General de Migración, en forma anual, informe sobre la estrategia de prevención y control que desarrolla en fronteras, pero no dice cómo se debe hacer el control dentro del país. Pese a ello, el Gobierno Municipal de La Paz fue pionero en implementar el control en las terminales terrestres desde mediados de julio de 2912, ante la ola de denuncias de desapariciones y secuestros de niños y adolescentes.

La iniciativa fue seguida por otros gobiernos municipales de las capitales y El Alto. Incluso bajo la dirección del Viceministerio de Seguridad Ciudadana, en agosto de 2012, se aprobó y se aplicó en la fase piloto un formulario único de verificación de la identidad de niños y adolescentes viajeros. Sin embargo, el rigor inicial se fue relajando, incluso en La Paz.

 La Razón visitó el 15 de enero la terminal provisional de Minasa. Vio partir a un bus que llevaba a adultos y niños como pasajeros. Sin embargo, la oficina edil de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no hizo ninguna verificación de los documentos. Cuando se le preguntó, la encargada no quiso dar información; pero cuando se percató de quien consultaba era una periodista, comenzó la comprobación.

En la Terminal de Buses de La Paz, de donde aproximadamente salen a diario unos 240 menores, el control es más minucioso, pues allí los funcionarios ediles recuerdan a los pasajeros hacer su verificación de salida. Sin embargo, tres personas que viajan constantemente contaron que en época baja lo único que se les pide es el pago de la tasa por el uso de la infraestructura. “Verifican todo cuando hay operativos, pero eso no es constante”, señaló Aida Mendoza.

Para el director de la Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia, Marcelo Claros, hay una deficiencia de control en las trancas.

“En las terminales hacemos la verificación de los documentos de los niños que salen”. Este año se realizaron 38.000 verificaciones de la Terminal de Buses de La Paz y 18.000 en la de Minasa, que suman 56.000, y se detectaron 80 situaciones irregulares, 50 en la primera y 30 en la segunda.

Este diario visitó la tranca de Achica Arriba. En 15 minutos observó que pasaron cinco buses, dos micros y cuatro minibuses, a los que ningún agente ingresó para verificar el traslado de pasajeros o examinar los documentos. “Hay muchos motorizados y falta personal para hacer controles en forma sostenida”, argumentó un uniformado.   

En la tranca de Urujara, en media hora pasó un bus y dos minibuses, pero la Policía no hizo verificación alguna. Cuando se preguntó al oficial a cargo, recién se comenzó con la verificación. Sin embargo, y pese a la constatación de este diario, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Gróver Mercado, aseguró que el control en ellas es eficiente.

 “La que corrobora es la Policía Caminera en los puestos de control técnico. Allí los oficiales deben ingresar y exigir el formulario de verificación de viaje o, en su defecto, las cédulas de identidad de los menores y sus acompañantes”.

¿Cuántos casos de viajes irregulares lograron impedir? La FELCC no tiene los datos de la gestión pasada y tampoco de los casos de trata y tráfico de este grupo etáreo

Alegatos. En ambas trancas tampoco se hace una verificación del traslado de menores en los vehículos particulares, el decreto de la Ley 263 no lo reglamenta.

Al respecto, el director anticrimen argumentó que “se estaría violando la privacidad”. Solo se procede cuando hay denuncias o sospecha de irregularidades.

“No se puede parar un coche por trata y tráfico, pero cuando se hace control por inspección técnica hay policías que tienen la perspicacia de verificar situaciones anormales”, señaló.

En el Aeropuerto Internacional de El Alto tampoco hay una oficina que haga esta verificación. Una empleada de Servicios de Aeropuertos de Bolivia SA, que pidió no ser identificada, explicó que esos controles los hacen las compañías aéreas cuando venden los pasajes. En la misma línea, Mercado dijo que allí se ejerce un mejor control, pues las empresas no venden los boletos si los niños o adolescentes no están con sus familiares o no tienen autorización. “Allí tenemos personal, pero no mostramos mucha presencia por regla internacional”, apuntó.   

 Al llegar a este punto surgen varias interrogantes. ¿Será que los tratantes solo se llevan a sus víctimas en buses de transporte público? Tratándose del crimen organizado, ¿no pueden llevarse a los menores en coches privados e incluso en avión?

FELCC pide más fondos  para mejorar su labor

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) demanda que gobernaciones y alcaldías inviertan en tecnología de investigación para resolver los casos de trata y tráfico de personas, dijo su director nacional, coronel Gróver Mercado.

“El año pasado, ningún gobierno municipal ni departamental nos ha prestado la cooperación que requeríamos”, reclamó.

La Ley de Seguridad Ciudadana, promulgada en 2012, dispone que los gobiernos departamentales destinen el 10% del IDH a esta tarea. Los municipios con una población menor a 50.000 habitantes, el 5%; y los que superen los 50.000, el 10%. El año pasado, los fondos destinados a seguridad ciudadana ascendían a Bs 516 millones. Mercado cree que ambos niveles de gobierno subnacionales hicieron una “mala interpretación” de las inversiones que deben realizar. Todas  estuvieron destinadas a la compra de motorizados, dotación de combustible o construcción de módulos policiales, detalló el coronel Mercado.

“Debemos trabajar con agentes encubiertos, (seguir) las llamadas telefónicas, hacer ciberpatrullaje, pero no hay muchos recursos para investigar. A pesar de que queremos dar con los líderes de las bandas, solo avanzamos el primer peldaño, es decir, aprehender a los administradores de lenocinios”, recalcó.

De enero a julio de 2013, la Policía anticrimen atendió 243 casos de trata y tráfico; el 85% de trata de seres humanos. El artículo 34 de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas sostiene que incurre en el delito de trata el que:

“Realizare, indujere o favoreciere la captación, traslado, transporte, privación de libertad acogida o recepción de personas” con fines de explotación laboral, reducción a la esclavitud, servidumbre, explotación sexual, venta de órganos o fluidos, embarazo forzado, turismo sexual, adopción, mendicidad forzada, matrimonio servil, entre otros.

Deberes  de la Policía Boliviana y la fiscalía

Artículo 36, Ley 263. El Ministerio Público, en coordinación con las Divisiones de Trata y Tráfico de Personas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, tendrá las siguientes responsabilidades:

“Realizar patrullajes en lenocinios, bares, cantinas, salas de masajes, clubes nocturnos, fábricas, negocios, y otros; así como controlar en retenes de peaje y/o puestos de control en carreteras, para detectar hechos relacionados con los delitos de Trata y Tráfico de Personas.

Requisitos para salida de menores

En las terminales terrestres los padres deben llenar el Formulario Único de Verificación de Documentos. Nadie puede comprar un boleto si no lo tiene. Para obtenerlo, los progenitores deben presentar el carnet y certificado de nacimiento del menor, carta de autorización si él viaja solamente con uno de ellos y de los dos si va solo.

La Alcaldía alteña hará  control en el aeropuerto

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto instalará una oficina en el aeropuerto internacional para hacer el control de la salida de menores por esa vía desde abril, informó la encargada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Virginia Aguilar.

“Lamentablemente, por problemas en la autorización del Ministerio de Justicia, no pudimos ejercer el control. Sin embargo, luego de que concluimos los trámites, sí podemos controlar y seguramente iniciaremos esa labor en abril”, recalcó. En una visita que hizo La Razón al aeropuerto, de donde salen al día entre 40 a 45 vuelos internos e internacionales, observó que ninguna autoridad, civil o policial, efectúa un control de la salida de los menores de edad.
Aguilar no adelantó el presupuesto que demandará la apertura de dicha oficina; sin embargo, aseguró que por lo menos el personal está garantizado y faltarían el ambiente y mobiliario.  

Tierra. La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del gobierno local de ese municipio realiza controles a la terminal de buses de El Alto, situada en plena Ceja.

Según datos preliminares, la pasada gestión se extendieron aproximadamente 14.000 verificaciones de identidad, de las cuales 25 fueron catalogadas como casos de traslado irregular.

“En esos casos se procedió a hacer las averiguaciones y algunas terminaron en denuncias”, señaló.

En diversos puntos de El Alto hay lugares que sirven de salida hacia las provincias y otros municipios del departamento .

“Es chistoso, porque mientras en un lugar te controlan todo, hay otras terminales que no te piden nada; uno sube con quien sea y se va sin problemas. Tampoco controlan los viajes de los pueblos a las ciudades”, dijo Manuel Machaca, un usuario de la terminal.

Sobre el control de estos lugares, Aguilar precisó que por ahora no se tiene previsto realizar el monitoreo debido al limitado presupuesto asignado a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Usuarios opinan sobre el  control

Paulino Mamani, artesano: Antes, las guaguas se perdían, pero ahora parece que está bien que realicen estos controles. Lo mejor sería que lo hagan todo el tiempo, porque hay temporadas que no verifican.

Aida de Vargas, ama de casa: En los caminos rara vez piden carnet. En la terminal nomás   te controlan. Sería bueno que controlen a los coches particulares, pero no les revisan. Así cualquiera puede sacar niños.     

Ramiro fernández, jubilado: Este control no funciona. En la terminal te solicitan que hagas el trámite, pero ni ahí te piden lo que sacas. Lo que tampoco hay es control en carreteras,  lo sé porque viajo seguido.

Juana Mamani, ama de casa: Está bien que controlen las   salidas, pero no lo hacen en las trancas. Todos los años vengo de Santa Cruz y justo ahora están más estrictos   con la solicitud del permiso.   

Franz Apaza, enfermero: Saqué permiso para mi hija. Pidieron documentos originales y hablaron por teléfono con su mamá. Cuando yo viajé no me solicitaron el documento en las trancas, ojalá ahora lo hagan.

Álvaro delgado, abogado: Los controles son deficientes. Yo vine de los Yungas, allí no hay control policial al igual que en las otras trancas, como en la salida de Desaguadero, donde no piden ni verifican nada.