La Paz, sin normativa para hacer control y cerrar hospedajes ilícitos
Personal del Sedes estableció que alojamientos clandestinos funcionan como lenocinios y bares. No hay cálculos de cuántos de estos negocios hay en La Paz.
¿Cuántos alojamientos clandestinos hay en La Paz? ¿Es cierto que solo en El Alto existen 700 hospedajes fuera de norma? Imposible saberlo, no hay datos oficiales y la Dirección de Turismo de la Gobernación dejó de hacer controles desde 2012 por falta del reglamento de la Ley 292.
“Anualmente hacemos un cronograma de operativos en la ciudad y en todos los municipios para controlar que (los alojamientos) estén legalmente establecidos”, explicó a La Razón Lissett Carvajal, técnico en Control y Fiscalización I de esa oficina.
“El último lo hicimos en 2012. En 2013 no realizamos ninguno debido a que tras la aprobación de la nueva Ley General de Turismo (292), en septiembre de 2012, no se aprobó ninguna reglamentación de hospedajes turísticos que establezca infracciones, su tipificación y las sanciones. Por la carencia de este instrumento jurídico, no se realizó ningún operativo”, alegó.
Según el Sedes, en la ciudad de La Paz hay 92 alojamientos controlados y 107 en el departamento.
Sin embargo, el viceministro de Turismo, Marko Machicado, negó que no se hayan efectuado operativos de control. “Se han hecho, amparados en la normativa anterior”, dijo.
Estadísticas de la Dirección de Turismo dan cuenta de que los negocios legales en el departamento —sin contar los 60 hoteles y 15 apart hoteles— son 29 alojamientos, 41 hostales, 12 residenciales y ocho casas de huéspedes, que suman 90.
En El Alto hay 72 alojamientos clase A, 115 clase B, 9 residenciales, 14 hospedajes y 11 hostales, sin contar ocho hoteles, que hacen 221, es decir que las cifras de las dos reparticiones no coinciden.
Antes de la aprobación de la ley marco de turismo, la dirección de la Gobernación efectuaba inspecciones en coordinación con el Viceministerio de Turismo, la Policía Turística, el Viceministerio de Defensa del Consumidor, Migración y el Servicio Departamental de Salud (Sedes).
La Dirección de Turismo sigue usando la Resolución 185/2001 del Viceministerio de Turismo, que está abrogada, ya que “no puede existir el vacío normativo”, indicó Carvajal. Sin embargo, desde hace dos años no programó operativos para evitar futuros problemas legales.
El artículo 48 establece una escala sancionatoria que va desde el apercibimiento hasta la imposición de multas. Estas oscilan entre Bs 600, equivalente a un salario mínimo nacional, y Bs 9.600 u ocho salarios mínimos nacionales.
¿Cuántos alojamientos clandestinos existen en la ciudad de La Paz? La Dirección de Turismo dice que alrededor de 30, aunque en la Unidad de Control Sanitario, dependiente del Servicio Departamental de Salud (Sedes), calculan que un centenar.
Sin embargo, ambas reparticiones coinciden en que se concentran en los alrededores del Cementerio General, San Sebastián, Villa Fátima y la Terminal de Buses.
El artículo 48 del Código de Salud dispone que “es atribución de la Autoridad de Salud (Sedes) ejercer el control de los aspectos relativos a la salubridad en la instalación y el funcionamiento de cines, teatros, campos deportivos, hoteles, restaurantes, estaciones, terminales de transporte, establecimientos públicos y otros sitios de reunión”. Con este respaldo legal el Sedes efectúa controles sanitarios de carácter rutinario. “En aquel entonces (2012) hubo 30 clausuras en El Alto y unas 22 en la urbe paceña. Estos se abren y no cuidan la calidad del servicio, eso da mala imagen”, explicó Carvajal.
Entre las irregularidades identificadas en las inspecciones se detectó que no cuentan con certificado sanitario o éste caducó; los propietarios los alquilan, sus inquilinos las subalquilan, los usan como prostíbulos, para encuentros sexuales y bares. Además sus condiciones son insalubres y no funcionan con la categoría registrada (tres estrellas cuando no cumplen los requisitos para ello, por ejemplo,) o no llevan letreros de identificación.
Virgilio Beltrán, responsable interino de Control Sanitario de la Unidad de Servicios Públicos, y el supervisor Daniel Bernal informaron que cuando estos hospedajes se usan para citas sexuales, los encargados cobran desde Bs 20 a Bs 35 y por una o dos horas. El 23 de octubre de 2013 la
Policía llevó a cabo un operativo en el alojamiento Gavilán III, en la avenida Manco Kápac, donde encontró bebiendo a ocho estudiantes de un colegio fiscal, tres mujeres y cinco varones de 17 y 18 años.
Así se puso de manifiesto la práctica de alquilar por horas una habitación a grupos de menores para que se embriaguen sin temor a ser descubiertos por la Policía.
“Son agresivos (dueños y administradores), lo cierran con cadena y no nos dejan ingresar; hasta nos calumnian gritándonos que su celular se perdió. Ese momento aparecen sus abogados, familiares”, sostuvo Bernal. “Quieren acusarnos de allanamiento”, apuntó Beltrán.
La mañana del viernes 31 de enero, La Razón acompañó un operativo de control sanitario del Sedes. Se inspeccionaron ocho alojamientos de las calles Pucarani, Echevarría y Torrelio de la zona San Sebastián.
Solo uno de ocho contaba con su certificado de 2014, cinco debían renovarlo porque era del año anterior y uno nunca lo tramitó. Otro cerró sus puertas con candado para impedir el ingreso de los inspectores.
“Recién estoy trabajando, no sabía”, dijo el encargado de uno. “Recién he entrado a (trabajar)”, justificó otro.
Un alojamiento insalubre puede ocasionar que sus clientes se infesten con piojos, pulgas y otros parásitos, y si sirven alimentos, se enfermen con salmonelosis, tifoidea y otros males estomacales. La Razón buscó la posición de la Cámara Hotelera, pero su vicepresidenta Rosalía Carima dijo que no tenía autorización para formular declaraciones.
Se calcula que el reglamento estará aprobado hasta abril
Micaela Villa
Se prevé que el nuevo reglamento que permitirá controlar y sancionar a los establecimientos de hospedaje en Bolivia estará aprobado hasta abril, informó a La Razón el viceministro de Turismo, Marko Machicado.
“(La propuesta) ha sido socializada y trabajada. El problema (retraso) es porque tenía que ser validado por los gobiernos municipales autónomos y representantes del sector hotelero, ya no se refiere solamente a hospedajes, sino también a agencias, operadoras y todo un grupo de prestadores de servicios. Esperamos que sea aprobado en abril”, dijo la autoridad.
Según la propuesta, se generará un sistema de registro, categorización y certificación de los servicios turísticos. El registro y la certificación lo hará el nivel central de gobierno.
Actualmente para abrir uno de estos negocios se debe presentar a la Dirección de Turismo de la Gobernación el Número de Identificación Tributaria, el registro de Fundempresa, la licencia de funcionamiento y la hoja de vida del personal que debe estar capacitado.
La categorización se basará en el cumplimiento de parámetros internacionales. También se incluirá en este punto la cualificación del personal de servicio.
Una vez que el establecimiento cuente con su registro y categoría, los gobiernos departamentales serán los encargados de hacer cumplir lo establecido en la norma.
Sanciones. “Controlar y supervisar, tal como lo menciona la Ley Marco de Autonomías y la Ley General de Turismo Bolivia Te Espera (Ley 292), con excepción de aquellos que mediante normativa expresa sean de competencia municipal”, dijo.
Con relación a las sanciones, el viceministro explicó que los negocios de hospedaje que incumplan la norma nacional recibirán multas que se calcularán en Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), y si hacen caso omiso, serán clausurados de forma definitiva.
Sin embargo, la autoridad no dio los montos propuestos debido a que el proyecto se halla en consulta. “Infracciones habrá de toda índole, desde el no cumplimiento de lo ofertado, el servicio mismo del hotel. La observación de la norma tiene que prevalecer en cualquier prestador del servicio”, recalcó.
El reglamento 185/2011, abrogado por la Ley 292, establecía que el cierre definitivo procedía por el cambio de razón social sin autorización, quiebra, fraude y por defraudación fiscal.
