El Consejo de la Magistratura y los jueces disciplinarios de La Paz pidieron al juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, un informe sobre su decisión de ordenar al periodista de La Razón Ricardo Aguilar levantar el secreto de imprenta.
El consejero de la Magistratura Róger Treviño reveló que ya existe una denuncia en La Paz por la actuación del juez Machicado; por ello, afirmó que, incluso, esa autoridad judicial puede ser sometida a un proceso, “en caso de que se pueda establecer si cometió algún exceso o violación en el proceso que involucra a dos periodistas de La Razón”.
El proceso, que derivó en esta decisión del juez, fue planteado el 22 de abril por la Procuraduría General del Estado en contra de Aguilar y la directora del matutino, Claudia Benavente, por los delitos de espionaje, revelación de secretos y complicidad. El fiscal se pronunció el 25 de abril y el juez lo hizo el 29 de abril; los periodistas fueron notificados el 7 de mayo.
Respuestas. El abogado de la defensa, Guery Abuday, informó ayer que se planteó un recurso de apelación al juez Machicado, debido a que su decisión fue asumida sin haber escuchado a la parte denunciada. Según la denuncia de la Procuraduría, La Razón publicó, en el suplemento Animal Político del 13 de abril, “información reservada” en el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”.
De acuerdo con un cable de la agencia ANF, el procurador, Héctor Arce Zaconeta, exhortó al diario a colaborar con una investigación sobre el origen de fuente de los datos divulgados en el reportaje, aunque señaló que muchos de ellos son “incorrectos (y) no corresponden a la verdad”, pero “pueden generar susceptibilidad sobre el interés nacional”.
Derechos. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Efrén Choque, afirmó que la Ley de Imprenta está plenamente reconocida en la Constitución. Los trabajadores de la prensa de Chuquisaca realizaron ayer una marcha en homenaje al Día del Periodista y aprovecharon la oportunidad para cuestionar la acción encarada por la Procuraduría General del Estado en contra de los periodistas de La Razón.
Tras el pedido del juez de levantar el secreto de fuente, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exigieron al Gobierno respetar el secreto de fuente establecido en el artículo 8 de la Ley de Imprenta. Los periodistas del matutino se declararon en estado de emergencia. Adicionalmente, el expresidente Carlos Mesa dijo el jueves que no creía que el reportaje de Aguilar afecte a la demanda marítima.
Posiciones
Riesgos
La Defensoría del Pueblo advirtió de riesgos a las libertades de prensa, expresión e información en la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Estado en contra del periódico
La Razón y la decisión judicial de exigir el levantamiento del secreto de imprenta.
Secreto de fuente
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) exige que el juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, explique públicamente los presuntos delitos que justificarían su orden de levantar el secreto de la fuente informativa en detrimento de la Ley de Imprenta.
Emergencia
“Denunciamos las intenciones del poder político de judicializar el trabajo de los periodistas. Las trabajadoras y trabajadores de la prensa del país aglutinados en la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia nos declaramos en estado de emergencia y analizamos medidas”.
Fiscal cancela declaración de La Razón
Mauricio Quiroz
El fiscal Facundo Coronel canceló ayer la declaración a la que fue convocada la directora del diario La Razón, Claudia Benavente, y el periodista de este medio Ricardo Aguilar, en un caso requerido por la Procuraduría General del Estado por la supuesta comisión de los delitos de “espionaje” y “revelación de secretos”.
La Procuraduría acusó a Aguilar de ambos delitos por el reportaje De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los “actos unilaterales”, mientras que a Benavente la señaló como “cómplice”. En un comunicado, La Razón aseguró que los datos para la elaboración de ese trabajo periodístico se consiguieron de manera lícita y cumpliendo con los rigores del oficio.
Guery Abuday, el abogado que asiste a los dos profesionales, informó que solicitó la declinación de competencia del fiscal y del juez asignado a la causa porque la denuncia debería ser tramitada de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Imprenta.
Los dos periodistas comparecieron ante el fiscal, pero para hacer notar el recurso de incompetencia. El representante del Ministerio Público decidió suspender las declaraciones hasta tanto no se resuelva la moción presentada por la defensa, aclaró Abuday.
La demanda de la Procuraduría, que se hizo el 22 de abril, incluyó la solicitud planteada ante el juez 11° de Instrucción en lo Penal, Jhonny Machicado, para que Aguilar revele la fuente con la que elaboró el reportaje. Benavente dijo que no ofrecerá detalles de este caso porque se encuentra bajo reserva.