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Villena critica disminución de edad en la imputabilidad

La propuesta de reducir de 16 a 14 años la imputabilidad de los menores en el proyecto del nuevo Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA) fue criticado el domingo por el Defensor del Pueblo y también por la Unión de Niños y Adolescentes Trabajadores de Bolivia (Unastbo).

La pasada semana, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el nuevo CNNA. Posteriormente fue devuelto a la Cámara de Diputados para analizar las modificaciones antes de su promulgación. No obstante, la reducción de 16 a 14 años a la imputabilidad o la condición de atribuirle un delito a un menor fue cuestionada ayer por Rolando Villena, defensor del Pueblo.

“Es un atentado a los derechos humanos de las y los adolescentes, además de ser regresiva, ya que la tendencia de los países es ampliarla, y deshonesta, porque responde al problema de la violencia social atacando a una población vulnerable”.

Por su lado, Rodrigo Medrano Calle, delegado nacional de la Unastbo, sostuvo que revisaron el proyecto de la nueva norma, pero que rechazaban este cambio. “Como movimiento estamos revisando justamente ese tema, pero gran parte no está de acuerdo. La verdad estamos en contra si se baja la edad de la imputabilidad”, indicó el principal dirigente.

De acuerdo con Villena, el proyecto vulnera el principio constitucional establecido en el artículo 60 de la Constitución Política del Estado, que promueve que se debe buscar siempre el interés superior de los menores, pero que en este caso “se está privilegiando la preocupación del Estado por la seguridad ciudadana y, ante su incapacidad para enfrentarla, simplemente se obvia este mandato”. El Defensor del Pueblo consideró en ese sentido que el aumento de los delitos entre los adolescentes se debe, entre otros factores, a la pérdida de valores, falta de oportunidades, alcoholismo y disgregación familiar.

“Por eso disminuir la imputabilidad a los adolescentes en conflicto con la ley no afecta a ninguna de estas causas y, en muchos casos, es posible que las agrave”, puntualizó a través de un boletín oficial que envió la Defensoría del Pueblo a este medio.

Villena criticó que nadie discuta la disminución de edad para que los adolescentes puedan ser elegidos en cargos públicos, celebrar contratos privados, pero que sí se esté debatiendo la edad para que puedan ser privados de su libertad.  

Citando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Villena sostuvo que ese organismo internacional “estima que los niños menores de 18 años, pero mayores de 12 o 14 años, no deberían ser considerados penalmente imputables, pero sí penalmente responsables, tomando en cuenta su condición de niño como persona inimputable”.  

Rubén Chambi, coordinador de la Fundación Desarrollo y Autogestión Bolivia (DYA), que ayer participó de la Feria Anual de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil que se realizó en el paseo de El Prado, admitió que el tema de la imputabilidad en el proyecto del CNNA “es muy complejo y muchas organizaciones también tienen demandas distintas”.

El Defensor del Pueblo espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda modificar el artículo de la reducción de la imputabilidad. En tanto, la Unastbo se reunirá en estos días y tomará una posición oficial.

Registrarán a menores

El nuevo proyecto del Código Niño, Niña, Adolescente que aún debate la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) establece que los menores de diez años que desean trabajar voluntariamente deben registrarse ante la Defensoría de la Niñez.

La jefa de la Unidad de Derechos Fundamentales, dependiente del Ministerio de Trabajo, Lidia Veramendy, confirmó que los menores de diez años que deseen laburar, previa autorización de los padres y la Defensoría, deben registrarse. “Excepcionalmente pueden trabajar, pero cumpliendo esos requisitos, además de un informe socioeconómico que debe dar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, y un registro para que se haga un monitoreo”, dijo.

En este grupo están —por ejemplo—los niños que venden dulces o cigarros por las noches y que, de acuerdo con el proyecto, deben contar con el permiso de sus padres y la Defensoría. “Eso sí, no debe ser un trabajo que los ponga en situación de riesgo y que incida en la deserción escolar”, añadió Veramendy.

OTROS DETALLES DEL TEMA

No se sabe si esta semana será aprobado el nuevo CNNA, en tanto, sigue vigente el anterior.  

Según la Defensoría del Pueblo, que cita a la OEA, a diferencia de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador, por citar, fijaron la imputabilidad a los 18 años.

Participaron de la feria: DYA, Arco Iris, CEBIAE, Ecojóvenes, Cemse, Unastbo y OIT.