Periodistas de La Paz y del interior del país coincidieron hoy en la necesidad de enfrentar con unidad el proceso judicial iniciado contra dos comunicadores de La Razón por espionaje y complicidad. Advirtieron que de prosperar esta demanda se habrá consumado un atentado contra dos pilares fundamentales del Estado de Derecho: la preservación del secreto de fuente y la libertad de prensa.
Esta fue una de las principales conclusiones a las que se llegó esta mañana en el conversatorio informativo sobre el juicio iniciado el 23 de abril por el Procurador General del Estado, Héctor Arce, contra los periodistas Claudia Benavente y Ricardo Aguilar, en el que además de acusarlos de espionaje y complicidad se les exigió revelar las fuentes usadas para la redacción de un artículo publicado el 13 de abril de este año.
“Hemos llegado a importantes conclusiones, primero que se trata de una defensa de principios…y el mensaje es la unidad que demostramos los periodistas”, resumió a la conclusión del encuentro el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Juan León.
Antes, René Carvajal, de la Federación de Periodistas de Bolivia, advirtió que con la exigencia de revelar fuentes “quieren volver delincuentes a los periodistas” y llamó al gremio a tomar acciones conjuntas en defensa del secreto de fuente.
La vigente Ley de Imprenta establece en su artículo 8 que “El secreto en materia de imprenta es inviolable” y en el 9 determina que “El editor o impresor que revela a una autoridad política o a un particular el secreto anónimo, sin requerimiento del Juez competente, es responsable, como delincuente, contra la fe pública, conforme al Código Penal”.
El abogado y periodista Fernando Salazar propuso una «movilización mayor» de los medios y de los periodistas en defensa del secreto de fuente, tras advertir que el fondo del proceso es político y que el objetivo es sentar un precedente a futuro para acallar la labor fiscalizadora de los periodistas.
“El juicio contra los dos periodistas de La Razón es político, no es jurídico…lo más grave del juicio es el precedente que se quiere dejar para el futuro”, alertó. También apuntó que «el fiscal (Facundo Coronel Choque) y el juez (Jhonny Machicado Apaza) han violado la ley de punta a cabo».
Por ello reflexionó sobre la necesidad de actuar también en el campo político, sin descuidar el ámbito legal, donde «siempre hay un fiscal solícito, un juez complaciente».
Pedro Rivero, director de El Deber, también expresó su solidaridad con los periodistas de La Razón, con lo que coincidió su colega y director de Los Tiempos, Juan Cristobal Soruco. “La Razón va a tener todo nuestro apoyo en este proceso», anunció Soruco, tras opinar que el proceso “es producto de una pataleta presidencial”.
A su turno, el director de la red Erbol, Andrés Gomez, coincidió en la necesidad de que los periodistas reaccionen en forma conjunta para enfrentar este proceso, tanto en el ámbito legal como en los propios medios, donde propuso generar un debate sobre los riesgos que implica atentar contra la reserva de fuente.
Dijo sin embargo que hay que hacerlo conscientes de que si bien la Constitución Política del estado y las leyes están del los de los periodistas, no ocurre lo mismo con las autoridades judiciales que tienen el caso en sus manos.
La periodista Lucía Sauma también planteó que “todos los periodistas tomen acciones en defensa del secreto de fuente” y Augusto Peña, de radio Erbol, sugirió interpelar a las autoridades del Gobierno sobre la importancia que otorgan al secreto de fuente.