Siete agentes de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) de Cochabamba son investigados por la vía ordinaria por la violación de una joven de 21 años con problemas mentales en el cuartel policial. Los efectivos ya prestaron declaraciones ante el Ministerio Público.
“Ya sea en calidad de testigos o implicados, todos fueron citados para declarar”, informó ayer el fiscal departamental Freddy Torrico. En un principio, el Ministerio Público abrió una investigación contra seis policías; empero, la fiscal asignada amplió las indagaciones porque en sus declaraciones informativas, los sospechosos implicaron a un séptimo.
Los guardias declararon sobre lo sucedido la madrugada del 21 de julio en uno de los dormitorios de la UTOP. Los detalles se mantienen en reserva para no perjudicar las pesquisas. Sin embargo, se supo que los siete no participaron del vejamen y que señalaron a tres. Otros vieron a la joven ingresar a la unidad y uno atestiguó que ella no ofreció resistencia alguna, y descartó el delito de violación.
En sus declaraciones, los uniformados admitieron que conocieron “por rumores” que la víctima es trabajadora sexual y que frecuentaba la UTOP. “Aún no se pudo determinar el grado de discapacidad mental de la joven, tampoco si es trabajadora sexual”, señaló, sin embargo, Andrés Cuevas, representante de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba.
Los informes a los que accedió la institución dan cuenta de que la joven circulaba por la avenida Heroínas, en la que se ubica el cuartel de la UTOP. “Aparentemente, es consumidora de clefa”, dijo el representante. En su paso casi rutinario ante las puertas de la unidad policial, el 21 de julio se acercó a pedir un vaso de agua.
Sin embargo, los agentes la detuvieron, la arrastraron a uno de los dormitorios donde cinco policías, según la denuncia, abusaron sexualmente de ella y un sexto fue testigo del delito, aunque no intervino para evitarlo.
La joven, que regresó al lugar un día después, fue conducida a la fuerza anticrimen por agentes femeninas de la UTOP. Ya en el lugar no quiso prestar declaraciones y menos a someterse a un examen forense, luego desapareció. La Defensoría no pudo encontrarla; sin embargo, la fuerza pública la ubicó el lunes pasado, la llevó a la Estación Policial Integral N° 6 e intentó que se someta a un examen forense. “De acuerdo al informe policial, se portó reacia, incluso quiso agredir a los policías que intentaron llevarla al IDIF para la prueba”, dijo Cuevas.
“Sin embargo, hay una declaración (de ella). Además, es extraño que la Policía la encuentre y siempre nos diga que no quiere hacerse el examen… Vamos a creer en ellos”, añadió.
Por otro lado, las indagaciones por la vía administrativa continúan, y se prevé la baja, por dos años, de los uniformados que sean encontrados culpables. Hay el compromiso del comandante departamental, coronel Alberto Suárez, de sancionar a los malos funcionarios por la violación de una joven con presunta discapacidad y el uso indebido de los bienes del Estado.
Código penal boliviano
Art. 308
La ley penal establece una pena de 5 a 15 años de prisión para el delito de violación, que se incrementa de 15 a 20 si la víctima tuviera una enfermedad mental, grave perturbación de la conciencia y otros.