Días antes del día del Censo de Población y Vivienda, miles de bolivianos, especialmente quienes dejaron el pueblo para buscar su futuro en las ciudades, volvieron a sus tierras para empadronarse allí.
Si bien el fenómeno no es nuevo (en el Censo de 2012 ocurrió lo mismo, aunque con menor intensidad), muchas alcaldías rurales tomaron previsiones —algunas al influjo de cabildos comunales— con el objetivo de sumar mayor población en sus municipios y, consiguientemente, más recursos de coparticipación tributaria.
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Pusieron buses a disposición de sus “residentes”, pagaron viáticos, organizaron campeonatos competitivos entre sus comunidades, dispusieron incentivos (dinero, semillas, materiales de construcción o alimentos) para familias que consigan mayor número de retornos. Lo hicieron con algunas movidas de los precupuestos locales e incluso aportes comunales.
Entonces, las terminales de se abarrotaron de viajeros y los vehículos particulares coparon las carreteras, y en los pueblos fueron organizados asados familiares.
Era visible la preocupación de las autoridades de los grandes centros urbanos. En La Paz, la Alcaldía pintó murales en las paredes con “vivo en La Paz, me censo en La Paz”; en Oruro hubo una intensa campaña en los medios y redes sociales en ese mismo sentido y en Santa Cruz, cuya población es mayoritariamente migrante, alertaron sobre el “vaciamiento” de la ciudad y las provincias. Aquí, incluso el otrora presidente del Comité pro Santa Cruz Rómulo Calvo protestó con que “no se puede ser tan malagradecido con la tierra que te acoge, da trabajo, alimento, salud y educación”. Y el concejal Manuel ‘Mamen’ Saavedra denunció “un carreo de gente días antes del Censo”.
Era evidente el caso y el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, lo llamaba “fenómeno migratorio censal” y recomendaba: “Debemos hacernos censar donde realmente vivimos”.
Es una hipótesis racional, comprobable. Ese fenómeno causó una distorsión demográfica que ahora tendrá que ser explicada, sobre la base de datos reales, por el INE, al que se le han volcado gobernadores, alcaldes y dirigentes cívicos que entienden que la reducción de la población de sus departamentos y municipios se trata de un “robo”, un “fraude” o una trabajo ineficiente de la entidad.
Sin embargo, hay otras variables, más técnicas, pendientes de explicación. Mientras el INE las sistematice y exponga de manera urgente, tendrá más posibilidades de despejar las susceptibilidades, alimentadas más por la desconfianza en esa institución que por argumentos técnicos.
El analista de datos Jimmy Osorio hizo un estudio de los resultados del Censo para La Razón. Entre sus hallazgos, describió cómo algunos municipios rurales crecieron en población por encima del 100%.
Ahí se ubica Nazacara de Pacajes, en el departamento de La Paz, ¡que creció 544,6%! De 619 habitantes en el Censo de 2012 pasó a tener 3.990 habitantes con el Censo de 2024; ¡sumó 3.371 pobladores!
En ese mismo lapso, Huachacalla (Oruro) creció 296,2%; La Rivera (Oruro), 148,7; Cotoca (Santa Cruz), 133,5%; y Achocalla (La Paz), 107,7%. Los municipios que rozaron el doble de población fueron Curva (La Paz), con 95,5%, y Sabaya (Oruro), con 91,9%.
Otros 22 municipios crecieron en un rango de 50,3% y 84,6%; 17 entre 40,5%, y 48,6%; y 20 entre 30,2% y 38,0%.
En suma, más de dos tercios (226) de los 339 municipios crecieron en población y 95 decrecieron, entre ellos La Paz.
Son datos develadores.
Salvo que, en el caso de Santa Cruz, se imponga el discurso del falso censo del del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), que dio el eslogan de 4.000.143 habitantes, los datos de población del Censo 2024 son coherentes, como calificaron los organismos internacionales que lo acompañaron.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
