El asesinato de casi 60 mujeres en lo que va del año ha provocado alarma en Bolivia con llamados a «dar penas ejemplarizadoras» a los autores de esos crímenes, según las conclusiones de una reunión sobre el problema realizada este miércoles en La Paz.
El caso del violento crimen de una joven de 26 años, violada y asesinada el fin de semana último por un empleado de un aparcadero en Santa Cruz, 900 km al este de La Paz, activó una fuerte corriente favorable a endurecer las penas.
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, se hizo eco de la situación -en un encuentro de mujeres líderes, que se realiza a instancias del Parlamento boliviano- y se inclinó por «dar penas ejemplarizadoras para que no se vuelvan a cometer ese tipo de situaciones».
Bolivia aprobó en marzo de 2013 una ley para enfrentar la violencia contra la mujer, que tipifica por primera vez el feminicidio como el asesinato de una mujer por su condición de tal y lo castiga con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la mayor pena vigente en el país.
La ola de crímenes violentos contra mujeres provocó el lunes una marcha en Santa Cruz que reclamó por medidas más drásticas para evitar estos asesinatos.
Según datos del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (Cidem), de 59 casos de feminicio entre enero y agosto, la mayor parte de ellos, 21 (35,59%), ocurrieron en Cochabamba (centro) y 16 (27,12%) en La Paz.
De acuerdo al registro, más de la mitad de los feminicidios, 36, son íntimos o conyugales. De todos los casos el 61% fue protagonizado por la pareja sentimental de la mujer.
Los estudios no identifican las causas del fenómeno.
Un candidato a senador del partido de gobierno para las elecciones generales de octubre -en los que el presidente Evo Morales buscará un tercer mandato- intentó dar las razones del problema y echó gasolina al debate.
«Ciertos tipos de vestimenta, personas que están borrachas (…) van a ser obviamente, con mayor probabilidad, atacadas, y van a cometer delitos con ellas», dijo el candidato Ciro Zabala, levantando la condena inclusive del gobierno, que marcó distancia de sus dichos.
Frente a la gravedad de la situación, la oficina de las Naciones Unidas en Bolivia expresó en un comunicado «preocupación y consternación» y llamó al Estado a «incrementar recursos humanos y financieros para proteger a las mujeres».
Bolivia es el país latinoamericano con el nivel más alto de violencia física contra las mujeres y el segundo después de Haití en violencia sexual, según el Programa ONU-Mujeres.