Sociedad

Wednesday 24 Apr 2024 | Actualizado a 11:12 AM

La Línea Amarilla del teleférico entra en servicio el lunes

El acto de inauguración comenzará a las 07.30 con presencia del presidente Evo Morales y el servicio quedará abierto al público durante la mañana. La Línea Amarilla es la más larga del sistema de transporte por cable, con una longitud de 3.883 metros.

/ 10 de septiembre de 2014 / 16:13

La Línea Amarilla del teleférico que une las ciudades de La Paz y El Alto será abierta al púbico el lunes 15, luego de que concluya un acto de inauguración que estará a cargo del presidente Evo Morales, anunció hoy el gerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler.

Explicó que el acto comenzará a las 07.30 y se extenderá por algo más de una hora, después de lo cual la segunda línea del moderno sistema de transporte quedará a disposición de los usuarios.

 “El Presidente y su comitiva  van a realizar el recorrido inicial en la Línea Amarilla”, anticipó Dockwailer y detalló que este recorrido que realizarán comenzará en la Estación Mirador, que se encuentra en Ciudad Satélite, y concluirá en la Estación Libertador, en la Curva de Holguín, en el barrio de Obrajes de la zona sur de La Paz.

Allí, Morales descubrirá una plaqueta y dará por inaugurado el servicio de esta línea, que cubre su recorrido entre El Alto y la Paz en 16,5 minutos.

La Línea Amarilla es la más larga del sistema de transporte por cable, con una longitud de 3.883 metros, y se acoplará a la futura Línea Verde del teleférico que unirá los barrios de Obrajes e Irpavi en la zona Sur.

Parte de Ciudad Satélite y su primera parada intermedia se encuentra en la calle Moxos y la avenida Buenos Aires (Estación Buenos Aires, en La Paz), la segunda en la confluencia de las calles Méndez Arcos y Cervantes (Estación Sopocachi, La Paz) y termina en la Curva de Holguín.

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Ejecutan retención de recursos de la Alcaldía de La Paz por el caso Brun; Rocha anuncia procesos

El alcalde Omar Rocha visitó esta mañana a la jueza que atendió el caso y dijo que "definitivamente todo está consumado". Anunció que iniciará procesos legales contra los responsables de esta pérdida para el gobierno municipal de La Paz.

/ 21 de abril de 2015 / 16:35

El fallo judicial que favorece a Juan Brun y su esposa Margarita Andrade con el pago de aproximadamente Bs 20 millones por la demolición de una de sus propiedades en el año 2.000 está plenamente consumado, por lo que ese monto fue retenido de las cuentas municipales, informó hoy el alcalde de La Paz, Omar Rocha.

“Definitivamente todo está consumado, el gobierno municipal debe pagar  19.9 millones de bolivianos, casi 20 millones, por una demolición realizada de manera ilegal y abusiva el año 2.000 por el señor Juan del Granado”, afirmó esta mañana, luego de haber sostenido una reunión con la jueza que atendió el caso.

Dijo que el gobierno municipal resulta gravemente dañado con esta determinación, que atribuyó a la irresponsabilidad con que actuaron los exalcaldes Juan Del Granado y Luis Revilla, este último reelecto en los comicios subnacionales del 29 de abril y próximo  retomar el cargo.

Rocha recordó que ya hace dos años llegó la sentencia que dispuso el pago de 1,7 millones de dólares a Brun, pago que las autoridades municipales de turno intentaron evitar con otros procesos legales que finalmente no prosperaron y que al final hicieron que la deuda suba hasta los $us 2,8 millones.

“El alcalde Revilla había iniciado hace cinco meses un proceso penal a la jueza por este tema tratando de hacer que esto no avanzara, cuando todos sabían, y saben, que la sentencia de Sucre, del Tribunal Supremo de Justicia, ya era definitiva hace dos años y lo que deberían hacer es buscar un acuerdo con el señor Brun para resolver este tema y que no haya ningún daño económico”, agregó.

Por ello, anunció que iniciará procesos legales contra los responsables de estas irregularidades.

El caso se remite a mayo de 2000, cuando el entonces alcalde Juan del Granado dispuso la demolición de un inmueble de tres pisos, emplazado en un terreno de 322 metros, situado en la avenida Costanera (Bajo Següencoma), al considerar que el predio pertenecía al Gobierno Municipal.

Tras un proceso, se demostró que esa familia tenía el derecho propietario y el fallo 240/2002 dispuso el pago de una indemnización, cuyo monto debía establecerse con un peritaje.

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