La justicia de Santa Cruz determinó este martes modificar la detención preventiva por arresto domiciliario para la sindicada de estafar a socios de la Cooperativa San Luis, María Elena Moreno, madre de la candidata vicepresidencial por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Adriana Gil.
El abogado de la sindicada, Ever Cuellar, dijo no estar satisfecho con la resolución judicial ya que durante el tiempo de investigación por parte del Ministerio Público no se pudo demostrar elementos que la responsabilicen por la quiebra de la Cooperativa San Luis.
«En realidad nosotros esperábamos unas medidas mucho menos duras, ustedes han podido observar de que no ha existido ninguna prueba, ningún indicio que pueda enervar los derechos de mi patrocinada, pero finalmente se le está restituyendo la libertad que eso era el bien que buscábamos», manifestó el jurista a la culminación de la audiencia de cesación a la detención.
María Elena Moreno estuvo detenida aproximadamente dos meses en el penal de Palmasola mujeres por ser acusada de una supuesta estafa de más de un millón de dólares a los socios de la Cooperativa San Luis con 20 letras de cambio. Ahora la sindicada debe cumplir un arresto domiciliario de 10 de la noche a seis de la mañana.
Por su parte, Juan Carlos Díaz, abogado de los socios de la Cooperativa afectada mostró su descontento con la decisión del juez, sin embargo, adelantó que no apelará la modificación a la detención preventiva de María Elena Moreno porque se «perdería tiempo» en el avance del proceso investigativo.
En tanto, María Isabel Carrasco afectada de la quiebra de la entidad financiera anunció que se buscará la compensación a sus pérdidas con el remate de los activos de la María Elena Moreno.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en agosto pasado, informó que la comisión de disolución de la ex Cooperativa San Luis, está a cargo de la ejecución de la tercera etapa de intervención que consiste en el remate de todos los bienes e inmuebles de la ex entidad financiera.
La ex cooperativa San Luis arrastra pérdidas por 174 millones de bolivianos y hasta el momento varias ex autoridades de dicha entidad financiera fueron detenidas en la cárcel de Palmasola y otras siguen procesadas.