El proxenetismo es un delito penado con hasta seis años de cárcel; por ello, ni la Gobernación ni la Alcaldía de La Paz autorizan el funcionamiento de lenocinios y sus dueños tampoco pueden regularizarlos.

“El que promueva, favorezca o facilite la prostitución de personas de uno u otro sexo (…) será sancionado con una privación de libertad de dos (2) a seis (6) años y multa de treinta (30) a cien (100) días”, dispone el artículo  321 del Código Penal.

Y agrega que con la misma pena será sancionado el que por cuenta propia o de terceros “mantenga ostensible o encubiertamente una casa de prostitución o lugar destinado a encuentros con fines lascivos”.

Es decir que si bien el ejercicio de la prostitución está permitido, la apertura de lenocinios está penada.

“No existe nadie que dé licencia de funcionamiento, no hay normativa ni nacional ni municipal, entonces ningún negocio tiene licencia. Se crea un ambigüedad”, explicó el intendente municipal, Óscar Guillén.

“De pronto encontramos vacíos legales y esto es aprovechado por estos lenocinios”, apuntó el director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), Henry Flores.

Pese a ello, la última semana de octubre, el Comando Departamental de la Policía, junto al Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, el Sedes y el Ministerio Público, clausuraron aproximadamente 17 locales ilegales en La Paz y El Alto, y arrestaron a unas 40 trabajadoras sexuales, desatando la protesta de las afectadas que exigen que las autoridades les dejen trabajar y les den un trato digno.

Tanto la Gobernación como la Alcaldía, además, atribuyen al otro la responsabilidad de otorgar permisos de operación a los prostíbulos.

“Debiera dar la Alcaldía, el Sedes solo vela por las condiciones de salud, a través de su Unidad de Control y Vigilancia Sanitaria”, dijo Flores.

“No es función del municipio el control de estos negocios, son de origen sanitario y tiene que ver con el Sedes”, replicó Guillén. A diferencia del año pasado, la cifra de operativos aumentó este año, en 2013 las autoridades clausuraron 37 burdeles y en lo que va del año 88.

¿Por qué cerraron estos negocios entonces? Flores mencionó al menos nueve irregularidades. Ambientes precarios (1), solo cuentan con un colchón o catre (2), los que presentan restos hemáticos (3), carecían de lavamanos (4), de basureros (5) y funcionan todo el día (6).

En La Paz hay 12.000 meretrices, 5.000 trabajan actualmente.

Por otro lado, las trabajadoras sexuales no portaban su carnet de salubridad o ese documento estaba desactualizado (7), se vendían bebidas adulteradas (8) y en algunos se encontraron menores de edad (9).

“Las condiciones de salud son pésimas, falta una norma para regular el funcionamiento de estos locales,  están abiertos todo el día. Padres denunciaron que sus hijos estaban en riesgo cuando salían del colegio, algunos funcionan a menos de 100 e incluso 30 metros (de un establecimiento educativo)”, puntualizó.

Los locales intervenidos —con fachadas de tiendas oficinas o inofensivas viviendas— estaban situados en las avenidas Montes, Muñecas, Arce, América, Buenos Aires; además en las calles Pichincha, Figueroa, Bueno, Potosí, Juan de la Riva, Ingavi, Viacha y los alrededores de las zonas Miraflores, Villa Fátima y Calacoto.

Lily Cortez, dirigente de las trabajadoras sexuales de Bolivia, informó  que en La Paz están registradas unas 12.000 meretrices, de las cuales entre 4.000 a 5.000 ejercen. “Solo en La Paz existen más de 100 lenocinios clandestinos”, precisó

“Como municipalidad no podemos aprobar una norma porque colaboraríamos con el proxenetismo. Es necesaria una ley nacional que nos dé un marco legal para que pueda ejercerse esa actividad económica regulada por el Estado y definiendo muy bien quiénes van a hacer los controles y en qué aspectos”, señaló el Intendente Municipal.

Reapertura. De los 17 negocios cerrados en octubre, de cinco a los que se hizo seguimiento, los cinco volvieron a operar hasta el tercer día, informó el Director del Sedes.

“Se va a verificar (la reapertura), para eso tenemos al Sedes y a las instituciones que correspondan”, dijo el coronel Eduardo Barrientos, comandante departamental de la Policía.

El inciso 1 del artículo 216 del Código Penal dispone que se privará de libertad de uno a diez años de prisión a quien “propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias”. Éste es el fundamento legal de los operativos, “tenemos que garantizar la salud pública y la seguridad sanitaria, tenemos información que habría locales que hacen trabajar a menores de edad. Se convirtieron en un foco de inseguridad”, sostuvo el jefe policial. Además, funcionaban entre las 06.00 y 08.00 cerca de establecimientos educativos.  

Los operativos se realizaron a solicitud de los vecinos.

 “No es que estemos en contra del trabajo sexual, sino lo que queremos es que se normalice esta situación. No se puede soportar que estén cerca de las unidades educativas, esto afecta también a instituciones y negocios cercanos”, dijo una vecina.
Cortez solicitó a las autoridades que no vulneren sus derechos exhibiéndolas a los medios cuando sí presentan su carnet sanitario.

“Las compañeras fueron retenidas sin haber cometido delito. El Concejo debe aprobar una ordenanza, y quienes tendrían que ser retenidos son los proxenetas, porque las tratan muy mal y hasta no les pagan”, dijo.

Según estudio, hay un burdel ilegal por barrio

Figueroa. Una trabajadora sexual es arrestada por la Policía la tarde del 28 de septiembre en La Paz. En estos operativos otras 39 fueron aprehendidas supuestamente por no tener el carnet de control sanitario. Foto: ABI

Micaela Villa

En cada barrio de La Paz opera al menos un lenocinio clandestino, informó el Servicio Departamental de Salud (Sedes), sobre la base de una investigación de estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés de 2012.

“No tenemos un registro, pero en cada zona de la ciudad y El Alto existiría al menos un lenocinio, algunos son más conocidos que otros”, dijo  Henry Flores, director del Sedes.

Esta entidad participó de los operativos contra estos locales clandestinos, llevados a cabo la última semana de octubre, que efectuó la Policía en coordinación con la Gobernación, la Intendencia Municipal de La Paz y la Fiscalía departamental.

“En la calle Figueroa —el control se realizó el 28 de septiembre y se arrestaron a unas 40 personas— pensábamos que funcionaban diez locales en un solo piso, sin embargo hemos encontrado cuatro niveles llenos de estos negocios, diferenciados por puertas y divisiones de madera. Había de 30 a 40”, destacó.

Lily Cortez, representante de las trabajadoras sexuales de Bolivia, señaló que se vulneraron sus derechos sin haber cometido delito alguno, ya que contaban con su carnet sanitario.

Denuncias. El coronel Eduardo Barrientos, comandante departamental de la Policía, informó que a diario reciben denuncias de los vecinos sobre la existencia de prostíbulos.

“Son reclamos permanentes, el problema es que salen (los clientes) entre 06.00 y 08.00, y es a esa hora que los niños dejan sus viviendas con rumbo a sus unidades educativas. Muchos de los negocios operan cerca de los colegios. La situación es grave”, apuntó.

“Lamentablemente, no solo se ha visto que funcionan en la zona Central, sino están en todos los distritos”, indicó Augusto Quispe, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) La Paz. El municipio está dividido en 21 distritos urbanos y tres rurales.

La Fejuve  propone enjuiciar a los dueños

Micaela Villa

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz sostiene que los dueños de lenocinios clandestinos deben ser procesados penalmente para evitar que burlen las clausuras y reabran sus locales como ocurre actualmente.

“Hay que iniciarles un proceso, sino va a ser lo mismo. Los operativos que se realizan no deberían limitarse a cerrar sus puertas, ya que al día siguiente estos negocios vuelven a funcionar como si nada”, denunció Augusto Quispe, presidente de la organización, en declaraciones a La Razón.

A finales de octubre, en La Paz, el dueño de un lenocinio ubicado en la calle Pichincha fue enviado a prisión preventivamente, ya que no contaba con autorización de funcionamiento. Además, cuatro trabajadoras sexuales fueron detenidas preventivas en la cárcel de Obrajes y a tres se les dieron medidas sustitutivas; todas fueron imputadas por la Fiscalía por atentar contra la salud pública, ya que carecían de carnet sanitario.

Quispe sostuvo que es importante la coordinación de las autoridades policiales y judiciales con los vecinos, ya que son ellos quienes conocen la ubicación de estos negocios, su horario de funcionamiento y en muchos casos las condiciones de trabajo.

 “A los vecinos les decimos que no duden en informarnos, ni en hacerse presente en (las oficinas)”,  solicitó el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Eduardo Barrientos.