Acusan por la muerte del bebé a 7 personas; 3 son recluidas
Cautelares. La jueza dispuso la detención domiciliaria de los otros cuatro imputados
Siete de las diez personas aprehendidas el viernes por la presunta violación y posterior muerte de un bebé de ocho meses del Hogar Virgen de Fátima fueron acusadas ayer por los delitos de infanticidio y encubrimiento. Tres fueron enviadas a detención preventiva.
La determinación fue anunciada anoche, a las 20.15, tras una audiencia reservada de más de cinco horas en el Juzgado 2° de Instrucción en lo Penal Cautelar, en el que se trató la imputación de la comisión de fiscales que atiende el caso por los delitos de infanticidio y violación.
La audiencia concluyó en medio de una numerosa movilización ciudadana que exigía el máximo castigo para los responsables y expresiones de desesperación de los familiares de los acusados, entre ellos la joven de 19 años Madeleine P. P. C., madre sustituta del infante en el hogar de acogida, quien fue enviada al Centro de Rehabilitación Calahuma (Viacha).
“La jueza (Lía Cardoso) ha determinado la solicitud del Ministerio Público, tres personas con detención preventiva. La educadora del hogar Virgen de Fátima va a Calahuma porque tiene 19 años y las otras dos quedan detenidas: una en (el Centro de Orientación de) Obrajes y la otra en (la cárcel de) Miraflores para que no puedan comunicarse. Los restantes quedan con detención domiciliaria”, anunció la fiscal Edna Montoya.
La enfermera Naty Ch. B. fue enviada a Obrajes y su colega Martha T. A. a Miraflores, mientras que cumplirán detención domiciliaria la enfermera Isabel C. C., la médica Sandra D. M. C., el estudiante Darío R. T. y el médico José L. D. A. La acusación formal es por infanticidio y encubrimiento.
“Los delitos son infanticidio y encubrimiento. (El delito de violación) está dentro de infanticidio, numeral 2, modificado por la Ley 548, que habla de abuso sexual”, detalló la fiscal.
Aproximadamente cinco horas antes era enterrado en el Cementerio Jardín, en la zona Sur de La Paz, el cuerpo de Alexander, el bebé que falleció el jueves 13 luego de haber sufrido un abuso sexual en algún lugar del recorrido entre el Hogar Virgen de Fátima, el Hospital del Niño y el Hospital Juan XXIII. Fue trasladado al primer centro hospitalario con un paro cardiorrespiratorio del que fue estabilizado y luego derivado al segundo por falta de una unidad de Terapia Intensiva.
La fiscal Montoya dijo que aún se investiga cómo y dónde se cometió el abuso, y agregó que “lo único claro de este proceso es que la irresponsabilidad del Sedeges (Servicio Departamental de Gestión Social) ha sido grande” al dejar a una joven de 19 años al cuidado de nueve niños “so pretexto de que reemplazaba a una persona que debería tener conocimiento. Esto fue irresponsable”.
JUSTICIA. La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, siguió de cerca la audiencia y lamentó que no se hubiera tomado en cuenta su solicitud para que se incluya el delito de incumplimiento de deberes. “Hay una molestia del Ministerio de Justicia tomando en cuenta la gravedad de esta situación, nosotros vamos a analizar qué acciones vamos a tomar contra este equipo de fiscales, no descartamos alguna denuncia; no se puede tolerar esta situación”, advirtió.
No obstante, indicó que “la jueza actuó en el marco legal, ya que ella no puede ir más allá de la imputación que presentó el equipo de fiscales”.
El 13 de agosto, Óscar Alexander y su hermana de tres años ingresaron al albergue Virgen de Fátima tras ser rescatados, el 23 de abril, por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de sus padres, dos bebedores consuetudinarios. Ayer comenzó una requisa a ese centro, donde se realizarán exámenes físicos y psicológicos a los infantes que viven en el lugar.
Montoya anunció este sábado que “la investigación se ampliará a otras personas”, entre ellas a médicos del Hospital del Niño y personal del Sedeges, pero descartó que se convoque a galenos del Hospital Juan XXIII “porque el bebé llegó a ese lugar sin signos vitales y con sangrado”.
Hospital del Niño defiende a galenos
Mediante un comunicado a la opinión pública, el Hospital del Niño salió ayer en defensa de los cuatro médicos y los dos estudiantes de Medicina de último año que fueron aprehendidos en el caso del bebé que murió tras ser violado.
“Deploramos que a pesar de las acciones profesionales realizadas en el afán de salvar su vida (…) se hayan vulnerado los derechos fundamentales de cuatro profesionales y dos estudiantes de último año”, señala el comunicado.
MOTIVOS. Además, explica el procedimiento que se siguió para atender al infante que llegó a ese nosocomio a las 06.40 del jueves 13 y los motivos por los que tuvo que ser derivado a otro centro médico.
“El estado crítico del niño obligaba a continuar tratamiento con respirador artificial que se dispone en las salas de cuidado intensivo, en ese momento la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital del Niño se encontraba con todas sus camas ocupadas por niños igualmente graves a los que no se puede desconectar de los respiradores, lamentablemente esta sala cuenta con un número de camas y equipos determinados, siendo imposible admitir nuevos pacientes”, explica el comunicado.
Agrega que por esta razón se decidió trasladar al bebé a otro hospital que tenga espacio en su sala de Terapia Intensiva y que a las 07.40 fue enviado al hospital Juan XXIII, al cuidado de una médica residente y de un interno de Medicina, quienes llegaron al lugar una hora después. La Policía informó que, según los registros del Juan XXIII, la víctima llegó a las 10.30.
