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Gobernador de La Paz se apoya en resolución fiscal para evitar comparecer ante legislativo departamental

El gobernador de La Paz, César Cocarico, informó que no asistirá a la convocatoria de la Asamblea Legislativa Departamental para informar sobre el caso de la muerte del bebé Alexander apoyado en una resolución fiscal que solo reconoce, explicó, la competencia del Ministerio Público en este proceso investigativo en curso bajo reserva.

La Fiscalía emitió un requerimiento en el cual “señala que la única instancia que investiga hechos delictuosos es el Ministerio Público, bajo control jurisdiccional del juez cautelar, en todo caso, este requerimiento está disponiendo que cualquier entidad que estaba comenzando con la investigación pare cualquier acto”, explicó.

El legislativo departamental constituyó una comisión para investigar las causas de la muerte de Alexander, del Hogar Virgen de Fátima. El bebé de ocho meses murió el 13 de noviembre en el Hospital Juan XXII, tras ser evacuado del hospital del Niño, donde –se informó- fue reanimado, inmediatamente después de llegar desde el hogar de acogida.

El asambleísta y miembro de la Comisión Especial Roberto de la Cruz cuestionó los argumentos del Gobernador para no asistir a la convocatoria legislativa. “No puede ser que un hombre que dice ser de derecho desconozca las facultades  de la Asamblea Legislativa, que tiene el rol de fiscalizar al Ejecutivo departamental; eso es lo que estábamos haciendo”, afirmó.

Cocarico insistió en que no acudirá por “un hecho estrictamente legal”. “Ustedes saben que quien está a cargo de la investigación es el Ministerio Público y la Constitución y las leyes indican que solo debe haber una sola investigación, no puede haber dos o tres”, reiteró.

La Comisión Especial de la Asamblea Departamental se conformó luego de que se conociera el caso de la muerte del bebé Alexander. En el caso fueron detenidas siete personas: tres guardan detención preventiva y cuatro tienen detención domiciliaria. Ayer, luego de prestar declaraciones, el médico Roberto G. y la enfermera Patty R. del hospital Juan XXIII fueron detenidos e imputados.

“No puede inmiscuirse (el legislativo departamental) en este caso y en las labores del Ministerio Público”, afirmó el gobernadores. De la Cruz respondió que la Comisión no dejará la investigación.