La Subalcaldía de Mallasa abrió al menos 36 procesos por ocupación ilegal de terrenos municipales. La recuperación de dos predios ubicados uno frente a esa repartición y el otro, al final del zoológico municipal Vesty Pakos son los más difíciles.

En el primer caso, 11 familias, de este macrodistrito, que dicen ser dueñas, ingresaron el 1 de mayo de este año y comenzaron a edificar casas precarias.

En el segundo, al menos 40 familias del Sindicato Agrario Mallasa se asentaron en 2010 en 40.000 m2, talaron más de 1.000 árboles y erigieron precarias viviendas. Ambos predios son parte del Parque Nacional Mallasa, declarado área protegida de manejo integral en 2001.

“Un predio fue recuperado y precintado por la Fiscalía para fines investigativos, esperamos pronta solución. En el otro espacio estamos yendo a un proceso técnico administrativo”, explicó el subalcalde Eduardo Campero.

El parque nacional fue creado en 1956, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro.

“Juan Mamani Quispe, en representación de los 71 campesinos de la exhacienda, hizo una cesión voluntaria, gratuita y a perpetuidad a favor del Estado del Parque Nacional Mallasa en virtud de la compensación favorable que reciben en Caranavi de 400 hectáreas”, dice el documento suscrito entonces. En 1972 un decreto transfirió el predio a la municipalidad.

“Lo que alegan (los comunarios) es que jamás se consolidó la compensación”, explicó Campero. “Difícilmente vamos a hacer (que se respete la propiedad edil) cuando no tenemos la posibilidad de usar la fuerza pública para hacer cumplir las órdenes de demolición”, añadió.

La Subalcaldía denunció que hay “grupos organizados” de loteadores —a los que no identificó— que contratan personas para invadir, tomar posesión y permanecer en terrenos de propiedad de terceros por un tiempo para luego venderlos.

“No pasa por un simple loteamiento, donde personas que necesitan viviendas van y toman los predios, ellos lo revenden y engañan a la gente. No sabemos sus nombres. Las acciones que tomamos es seguir procesos técnicos administrativos”.

Estos sumarios tienen como base la Ordenanza Municipal 076/2004, que fija todos los parámetros para fiscalizar y administrar un territorio. “Una vez que identificamos un avasallamiento o el loteo de un área municipal, iniciamos fiscalización con la norma 076”, precisó.

Facundo Hurtado, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la zona Sur, sostuvo que los avasalladores se aprovechan del conflicto de límites que tiene La Paz con sus vecinos de Mecapaca, Achocalla y Palca, ya que alegan que cuentan con autorización de construcción emitido por sus gobiernos locales, a los que pagan impuestos.

Mecapaca Autorizó Edificación

TENSIONES

Las 11 familias que el 1 de mayo de 2014 se asentaron en un área forestal de 5.000 a 10.000 metros cuadrados del Parque Nacional Mallasa tienen folio real, impuestos pagados y planos aprobados por la Alcaldía de Mecapaca. Alegan que compraron los lotes a los descendientes de Hilarión Daza, uno de los primeros colonos.

La Intendencia Municipal y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz solicitaron imponer sanciones más duras a los propietarios de los “bares de remate”, que vuelven a abrir sus puertas a pesar de la clausura definitiva.

“Como defensora de la sociedad, la Fiscalía debería tomar acciones más fuertes, más allá del control administrativo de las alcaldías”, dijo el intendente Mauricio Ruiz.

La Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas dispone que quienes vendan alcohol fuera del horario permitido —de 03.00 a 09.00 y en horarios establecidos por las alcaldías mediante norma expresa— serán sancionados con la imposición de una multa, la clausura temporal, la clausura definitiva y, como castigo mayor, el arresto del propietario por  ocho horas.

“El Gobierno Municipal sólo los clausura, pero igual siguen funcionando ilegalmente”, reclamó Arturo Quispe, titular de la Fejuve La Paz.

El presidente del Concejo, Omar Rocha (UN), no cree que este problema se resuelva endureciendo las leyes, sino aplicando programas sociales dirigidos a los bebedores. “Tampoco podemos estar poniendo permanentemente gente para esos lugares. Nosotros hemos cumplido; podemos aprobar penas más duras, pero no sé si lo solucionará”, advirtió.

La Alcaldía paceña lleva adelante un proceso penal contra los dueños del bar El Caballito, que funciona en Villa Fátima, pese a ocho clausuras. Si la sentencia es favorable a la comuna, la pena máxima que se les puede aplicar a los propietarios es de dos años de cárcel. “Es como cortar un árbol con una lima de uñas. Si las penas fueron de 10 o 15 años, disminuirían notablemente”, señaló el Intendente.

Las excusas que dan los administradores de estos  negocios para continuar abriendo, a pesar de que se les ordena cerrar y se decomisan sus muebles, es que “tienen fiestas privadas”.

La Fejuve  denuncia amenazas de dueños

La Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de La Paz denunció que sus afiliados reciben amenazas anónimas cuando denuncian a la fuerza pública la existencia y ubicación de los “bares de remate”.

“Como juntas vecinales se nos hace difícil (encarar esta situación), ya que de cada representante que denuncia su vida corre peligro”, afirmó el presidente de la organización, Arturo Quispe.

Las amenazas contra el dirigente denunciante o su familia llegan vía telefónica o a través de mensajes de texto (SMS) y en las que anuncian que les pasará algo si persisten en acusarlos.

La advertencia de iniciar un proceso por allanamiento a los policías a cargo de los operativos es otra forma de intimidación empleada por los propietarios, pese a que la Ley de Control del Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas señala en su artículo 13 que no se puede limitar “de ninguna forma” su acceso ni alegar allanamiento o falta de orden judicial para su ingreso.

Pero no sólo los propietarios de estos negocios clandestinos amenazan, sino los bebedores. En un operativo sorpresa, efectuado el martes 3 de septiembre por efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) La Merced, una consumidora, obligada a desalojar un  local en Villa Fátima, amenazó a la periodista de La Razón. “Muy mal, algo te va a pasar”.

Dejaron el anonimato el 11 febrero de 2003, en el motín policial contra el llamado “impuestazo” al salario. Cobraron notoriedad con su lucha por mejores condiciones de trabajo y remuneración para sus esposos.

Sin embargo, las esposas de los miembros de la Policía Boliviana no se pronunciaron públicamente sobre la violencia doméstica y de género, porque, como admitió la presidenta de la Asociación Nacional de Esposas Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anessclapol), Isabel García, éste no es un tema de discusión interna.

La falta de conocimiento de las leyes que las protegen es la razón para que acepten los golpes o el maltrato psicológico, explicó la representante.

Añadió que esto se relaciona con su grado de educación y la influencia que reciben. En general, desde que son niñas, a las mujeres su entorno familiar les inculca que “deben obedecer a su pareja”.

Celia Mamani P., de 34 años, murió el 3 de mayo de este año en un cuarto del barrio paceño de Alto Tejar, a manos de su expareja, el cabo Julio P. Q., quien la golpeó y asesinó con cuatro martillazos en la cabeza.

En su defensa, el asesino dijo, por medio de su abogado, que la golpeó porque ella no pudo darle hijos en sus diez años de convivencia.

Sin embargo, se estableció que además existían diferencias por el fruto de la venta de lotes. La Justicia envió al cabo, con carácter preventivo, al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, donde aguarda el juicio por el delito de asesinato.

De acuerdo con datos oficiales,  los uniformados son denunciados cada vez más por lesiones y abusos a terceros, en particular mujeres, aunque el registro es parcial y tiene notorios vacíos u omisiones.

Ayuda. García indicó que pedirá al Comando General de la Policía Boliviana que personal de la Brigada de Protección a la Familia capacite a las víctimas de violencia ejercida por miembros de la Policía, en el conocimiento de sus derechos.

Voy a pedir al Comando que ayuden en la capacitación porque (ellas) deben conocer sus derechos humanos”.

 Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), consideró que los efectivos también deben recibir información sobre la equidad de género y los derechos de la mujer y los niños, niñas y adolescentes.

Como los policías están a diario expuestos a la violencia, debido a su rol, esto les ocasiona fuertes tensiones emocionales, explicó Bravo.

 “Se enfrentan con delincuentes, reprimen manifestaciones y viven eventos de riesgo. No creo que trabajen bajo supervisión psicológica, ya que los maltratos recaen sobre ellos y al no tener dónde hablarlos ni tratarlos, continúan con la espiral de maltratos”.

García anunció que, de ser necesario, solicitará al Gobierno que trabaje en la prevención de este problema.

El Gobierno anuncia el empleo del polígrafo

Examen psicológico y polígrafo son dos instrumentos que el Gobierno nacional propone que se apliquen a los miembros de la Policía Boliviana, para evitar que personas desequilibradas o que hayan cometido actos ilícitos formen parte de esa institución.

“He pedido polígrafo para todos”, dijo el viceministro de  Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez. El polígrafo es un instrumento que registra y monitorea cambios fisiológicos y permite conocer el perfil básico de la personalidad de alguien, si tiene capacidad para tolerar la presión, etc.

 “Estamos estudiando cómo se va a implementar el examen psicológico. ¿A quiénes?, ¿sólo a estudiantes?, ¿en qué otro nivel se lo haría? No queremos estigmatizar”, apuntó Pérez.

Tras el asesinato de Hanalí Huaycho se planteó la necesidad de aplicar la prueba a los postulantes a la Universidad Policial y a la Escuela Básica de Policías.

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y Violencia Estatal (ITEI), explicó que los uniformados son renuentes a realizarse esta prueba.

“Creen que los psicólogos atienden a los locos, por lo que no enfrentan sus problemas y se descargan en su hogar”.