Unos 70 trabajadores ediles de 12 sectores que reclaman el incremento salarial y el pago del retroactivo irrumpieron ayer en la última sesión del Concejo Municipal de La Paz y obtuvieron el compromiso de su presidente de convocar a una reunión extraordinaria para escucharlos.
“El presidente del Concejo, Jaime Bravo, nos ha dicho que va a intentar ayudarnos en estos días y este jueves habrá una sesión extraordinaria para tratar el tema, porque —como lo dijimos— nuestras papeletas están listas, pero sin el incremento salarial del 8,5%”, reclamó ayer Quique Soliz, quien además comunicó que los funcionarios declararon un estado de emergencia.
El Decreto Supremo 2346 eleva el salario mínimo a Bs 1.656, dispone un aumento salarial del 8,5% y establece el pago del retroactivo a enero hasta el 31 de mayo. Faltando 15 minutos para las 10.00, la última sesión se había instalado cuando unos 70 trabajadores, entre eventuales y permanentes, ingresaron al salón.
“Hemos visto que las papeletas (de mayo) van a salir sin el incremento, estamos aquí para que el Concejo nos ayude”, señaló Miriam, una empleada que pidió no ser identificada. El grupo manifestó que desconoce a Brenda Dávalos, dirigente de los funcionarios de planta.
Los concejales les indicaron que enviarían una minuta al alcalde transitorio Omar Rocha para recomendarle que cumpla con las disposiciones salariales del Gobierno nacional, pero la presión continuó hasta que Bravo accedió a reunirse con ellos.
Controversia. “Nos dijo que no conocía el caso, nos preguntó incluso: ¿por qué no vinieron antes?”, refirió Soliz al concluir la entrevista, aproximadamente a las 11.45. Media hora antes, el secretario ejecutivo de la Alcaldía de La Paz, Ramiro Antelo, ratificó que fue el Legislativo edil el que se opuso a la modificación del presupuesto.
“Nos encontramos imposibilitados de realizar el incremento salarial dado que no puede ser aprobado por el Concejo”. Sin embargo, Denisse Ostermann, concejala del Movimiento Sin Miedo, ratificó que en el proyecto del reformulado no figuraba el aumento e insistió en que cumplir con el decreto “depende del Ejecutivo edil. Ellos tienen que pagarles y no han tomado previsiones”.
A diferencia de pasados días, cuando Antelo aseveraba que no existían recursos para cubrir el aumento a 7.000 municipales, ayer dijo que hay unos Bs 2.000 millones, pero que “no tenemos la posibilidad de disponer, porque se debe modificar el presupuesto y no podemos hacerlo porque somos una gestión transitoria”. Además ratificó que las alcaldías no están obligadas a efectuar el incremento.
Soliz anticipó que si mañana el Concejo no se pronuncia, acudirán a un juez laboral y pedirán el arraigo de Rocha, Antelo y Hugo Pizarro, director de Recursos Humanos. Jorge Silva, concejal masista electo, dijo que la comuna aún está dentro del plazo fijado por el decreto.
Los pasos a seguir legalmente
Trabajo
En la Plataforma de Información del Ministerio de Trabajo explicaron ayer que si un gobierno municipal incumple con el incremento salarial y el pago del retroactivo tal cual dispuso el Decreto Supremo 2346, los trabajadores deben acudir a la Unidad de Servicio Civil del Ministerio de Trabajo y sentar la denuncia. De comprobarse la infracción, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es el que decide qué sanciones económicas aplicará a la Alcaldía.