Sociedad

Friday 29 Mar 2024 | Actualizado a 06:15 AM

Saqueos y toma de 2 rehenes en el tercer día de violencia en Llallagua

Canje. Movilizados quieren intercambiarlos con adolescente violador y asesino

/ 30 de mayo de 2015 / 06:22

Saqueo de tiendas y la toma de un fiscal y un forense como rehenes marcó la tercera jornada de violencia en el municipio de Llallagua, norte de Potosí, de satada tras la violación y asesinato de dos niñas de cuatro años a manos de un adolescente.

Cerca de las 18.30, una fracción de las organizaciones sociales movilizadas decidió tomar como rehenes al fiscal Alfredo Santos y al médico forense Freddy Quispe —quienes llegaron hasta la población para efectuar la segunda autopsia al cadáver de la última víctima, Fabiola M. G.— para canjearlos con Vicente Z. C., de 16 años, autor confeso.

Su traslado a la ciudad de Potosí para resguardar su vida, y la noticia de que purgaría ambos crímenes con solo seis años de reclusión en un centro de rehabilitación de menores, encendió la furia del pueblo que exige que el adolescente les sea entregado.

El jueves, los movilizados saquearon y apedrearon tres instituciones policiales y prendieron fuego a la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal Integral de la Alcaldía y a dos casas de los familiares de Vicente Z. C. La Policía se replegó a Oruro, por lo que militares del Regimiento Illimani de Uncía ingresaron a patrullar la población a la medianoche del jueves.

Preacuerdo. A las 01.00 de ayer, la comisión formada por el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, arribó a esa localidad para tratar de apaciguar el conflicto.  Tras cuatro horas de negociación con la dirigencia cívica y llegar a un preacuerdo, a las 05.00 suspendieron la reunión. El Ministerio de Justicia ofreció constituirse en parte querellante para solicitar el traslado del menor al Centro de Rehabilitación de Calahuma, Viacha (actualmente se encuentra en un hogar de huérfanos en la capital potosina).

El arribo el 15 de julio de técnicos de la cartera de Justicia para explicar a la población el sistema penal y el cambio de los fiscales y de todo el cuerpo policial era parte de los compromisos, informó Jiménez. El Ministerio de Gobierno ofreció enviar un equipo para que elabore un Plan de Seguridad Ciudadana y ayude a conformar una guardia edil.

La entrega del antisocial impidió la suscripción del acuerdo.  A las 08.00, la paz parecía retornar, los militares se replegaron, los vehículos empezaron a circular y el comercio abrió sus puertas, sin embargo, la calma fue rota por una turba de jóvenes que comenzó a saquear tiendas, dijo el representante del Defensor del Pueblo, Marco Colque.

En medio de ese ambiente caldeado, el presidente del Comité Cívico, Jesús Camacho, fue agredido físicamente cuando intentaba socializar en la plaza los alcances del preacuerdo. Cerca de las 15.30, los militares intentaron nuevamente ingresar a la población, pero esta vez los vecinos lo impidieron.

Minutos más tarde, arribaron dos médicos forenses y dos fiscales para realizar una segunda autopsia a la pequeña Fabiola M. G. —que desapareció el 7 de mayo y cuyo cadáver fue hallado el miércoles 27— a pedido de la familia y los pobladores, que dudan de la data de su muerte.

El fiscal Santos, antes de ser tomado rehén, explicó a la gente apostada alrededor del hospital Madre Obrera, que las muestras del cuerpo de la niña serían enviadas a La Paz para que sean devueltas a la brevedad posible.

Esto no convenció a los pobladores que decidieron retener a un fiscal y un forense y pedir  su canje por el antisocial.  Los rehenes fueron llevados a la Alcaldía que fue sitiada por los manifestantes. “Nosotros vamos a ver que no sean agredidos ni maltratados, pero también apaciguar los ánimos”, prometió el alcalde electo Artemio Mamani.

A las 21.00, el dirigente vecinal  Rigoberto Ojeda comunicó que poco a poco los vecinos  retornaban a sus casas. “Si la gente se retira, vamos a hacer que el fiscal y el forense salgan a Oruro”. Esto permitiría reanudar el diálogo.

Temen que su casa sea tumba de otras niñas

Juan Mejía

Vicente Z. C., de 16 años,  dejó la escuela desde el nivel básico. Se dedicaba a arreglar bicicletas y su taller siempre estaba lleno de niños y niñas. Sus vecinos temen que en su casa estén enterradas otras pequeñas reportadas como desaparecidas en este municipio del norte de Potosí. El adolescente vivía en el inmueble, incendiado y saqueado el jueves, con tres hermanos (dos mujeres y un varón) y sus padres.

En cada una de las habitaciones hay gran cantidad de ropa quemada, ropa interior de niñas, pequeñas polleras, zapatitos, gorritos, falditas, entre otros.  “Parece que iban al campo y secuestraban a niñas para traerlas hasta Llallagua. Mamás campesinas llegaban para reclamar, pero la Policía y la Fiscalía no les hacían caso”, comentó una vecina.

Quienes participaron del asalto a la casa cuentan que en la habitación más grande encontraron santos con velas, dos monos disecados y sangre. Debido al fétido olor del cuarto creen que en él hay otras víctimas enterradas. “Nunca sospeché nada de este chico, sus hermanos y sus padres todos vivían sin levantar ninguna sospecha”, apuntó otra.

Los pobladores manifestaron que la familia ya no se encuentra  en Llallagua y que podrían estar en Oruro. En el momento de la detención el adolescente dijo que también su padre ha cometido el delito de violación y asesinato.  “No soy yo solo, hay más gente”, habría dicho a la Policía, que no actuó  y les dio tiempo de huir.

No existe acuerdo, el peligro continúa

Gonzalo Lazcano: Viceministro de Seguridad Ciudadana

La Policía va a retornar a Llallagua el lunes, se va a cambiar a todo el personal, se dotará de expertos en trata y tráfico. Mientras tanto, los propios vecinos van a continuar resguardando la seguridad con la ayuda de los militares del regimiento de Uncía

Marco Colque: Representante Defensor del Pueblo Llallagua

Las autoridades (locales) han perdido el control, los pobladores no están de acuerdo con el preacuerdo propuesto por la comisión del Gobierno porque lo que quieren es que se devuelva al autor de los crímenes. Se tomaron rehenes y no había ninguna autoridad

Diego Jiménez: Viceministro de Justicia

No podemos acceder a devolver al menor a Llallagua, porque eso no es competencia del Órgano Ejecutivo y porque tampoco sería aceptable en el marco de un Estado de derecho porque nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Sería un delito.

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Sujeto hiere de bala a su esposa; y cae un violento

Oruro. Funcionario de la DNA golpea a su novia

/ 1 de diciembre de 2015 / 05:09

El fin de semana, en el municipio de Warnes, un hombre disparó a su esposa con un rifle y la dejó malherida, mientras que en Oruro un abogado de la Defensoría edil de la Niñez y Adolescencia golpeó a su enamorada y le fracturó la nariz.

Ramiro B. M., de 35 años, es el sujeto que disparó contra su cónyuge María L. V. , de 31, quien se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Japonés.

“Estamos en busca del agresor que disparó contra su esposa, a quien dejó con una herida de bala con orificio de entrada y salida en el tórax. Se encuentra prófugo, tenemos importantes avances y esperamos encontrarlo”, dijo el investigador Luis Chumacero. El ataque criminal se produjo  la madrugada del domingo en medio de una discusión, en Villa Belén, Warnes, a 20 kilómetros Santa Cruz de la Sierra.

Agresión. En Oruro, entretanto, la Fiscalía ordenó la aprehensión del abogado agresor. Los familiares de la víctima temen que salga en libertad, sin ningún cargo, porque no hay testigos presenciales de la agresión.

Pierina Fortún, directora de la defensoría municipal, sostuvo que  “asume la ley como corresponde. Es un ciudadano más y si es parte de la población de agresores, asumirá su culpa”.  “Cuánto no quisiéramos —añadió— que en el momento en que contratamos al personal tengamos la certeza de que son libres de cometer estas acciones”.

La FELCV atendió solo 61 feminicidios en 10 meses

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) informó ayer que entre enero y octubre de este año se cometieron 61 feminicidios en Bolivia. “Tenemos 61 feminicidios hasta octubre y 27.000 denuncias de maltrato a mujeres. Cuando finalice la gestión tendremos un detalle completo para comparar con los datos de 2014”, informó la coronel  Nora Hurtado, su directora nacional.

Consultada sobre las cifras de la Defensoría del Pueblo, que dan cuenta de que sobrepasan los 100, o los 81 reportados por la Alianza Libres Sin Violencia, Hurtado se limitó a decir que su registro es solo hasta el décimo mes del año. La  jefa policial reportó también que se capacitó a 300 agentes para mejorar la atención.

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Vendedor de partes de autos en custodia, libre

Ofertaba autopartes de vehículos secuestrados por el Ministerio Público

/ 13 de junio de 2015 / 08:12

Édgar C. C., de 23 años, aprehendido por la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) de Oruro, por desmantelar y poner a la venta partes de vehículos siniestrados, en custodia del Ministerio Público y que se hallaban depositados en el estacionamiento de su padre, fue liberado ayer.

“Hemos recibido una denuncia de robo (de partes de vehículos), que estaban en desuso. Estos motorizados estaban en un garaje de la localidad de Socamani, pero bajo tuición de la Fiscalía y por diferentes casos, como hechos de tránsito, asesinatos, u otros ilícitos”, declaró a los medios locales, el jueves 11 de junio, el director de Diprove, capitán Iván Garnica.

Édgar C. C., quien alegó desconocer la procedencia de los mismos, publicitó en su cuenta de Facebook la venta de autopartes por la suma de Bs 16.920  por las que incluso ofreció facturas. “Las partes las robaba del recinto y empezaba a querer hacer la transacción con algunos interesados. Una vez hecha la venta, incluso llegó a emitir factura al comprador”, indicó.

El sujeto fue descubierto por Fernando Mendieta Medina, la mañana del miércoles 10 de junio, quien pasó por el garaje y le encontró corrigiendo una factura. Diprove recibió la denuncia y dio con el autor del ilícito.

Según los informes policiales, los automóviles desmantelados estaban en calidad de chatarra (datan de 2000), por esa razón fueron enviados a un estacionamiento situado fuera de la ciudad. La autoridad policial dejó en claro que cuando los autos han sido secuestrados por el Ministerio Público, no se los puede devolver ni siquiera a los propietarios, salvo un requerimiento fiscal. “Por esto, este caso se constituye en un delito de robo”, precisó.

De igual manera, sostuvo que Diprove ha esclarecido este caso y que han logrado recuperar las piezas, casi en su totalidad, incluyendo las de un equipo pesado. Sin embargo, ayer se llevó a cabo la audiencia cautelar del imputado y un juez decidió darle medidas sustitutivas a la detención preventiva. Es decir que enfrentará las investigaciones y el proceso en libertad.

Sofía Guzmán, fiscal a cargo del caso, comunicó que solicitó la detención preventiva del imputado por el delito de robo agravado en el penal de San Pedro de Oruro. No obstante “la víctima llegó a transar con el vendedor, determinación que seguramente será analizada por el juez”.

Asimismo, dijo que el joven devolvió todas las piezas que había desmantelado “e incluso recuperó las que logró vender hasta las que pertenecían a una motoniveladora que había desmantelado y puesto a la venta”, agregó.

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Saqueos y toma de 2 rehenes en el tercer día de violencia en Llallagua

Canje. Movilizados quieren intercambiarlos con adolescente violador y asesino

/ 30 de mayo de 2015 / 06:22

Saqueo de tiendas y la toma de un fiscal y un forense como rehenes marcó la tercera jornada de violencia en el municipio de Llallagua, norte de Potosí, de satada tras la violación y asesinato de dos niñas de cuatro años a manos de un adolescente.

Cerca de las 18.30, una fracción de las organizaciones sociales movilizadas decidió tomar como rehenes al fiscal Alfredo Santos y al médico forense Freddy Quispe —quienes llegaron hasta la población para efectuar la segunda autopsia al cadáver de la última víctima, Fabiola M. G.— para canjearlos con Vicente Z. C., de 16 años, autor confeso.

Su traslado a la ciudad de Potosí para resguardar su vida, y la noticia de que purgaría ambos crímenes con solo seis años de reclusión en un centro de rehabilitación de menores, encendió la furia del pueblo que exige que el adolescente les sea entregado.

El jueves, los movilizados saquearon y apedrearon tres instituciones policiales y prendieron fuego a la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal Integral de la Alcaldía y a dos casas de los familiares de Vicente Z. C. La Policía se replegó a Oruro, por lo que militares del Regimiento Illimani de Uncía ingresaron a patrullar la población a la medianoche del jueves.

Preacuerdo. A las 01.00 de ayer, la comisión formada por el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, y el viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, arribó a esa localidad para tratar de apaciguar el conflicto.  Tras cuatro horas de negociación con la dirigencia cívica y llegar a un preacuerdo, a las 05.00 suspendieron la reunión. El Ministerio de Justicia ofreció constituirse en parte querellante para solicitar el traslado del menor al Centro de Rehabilitación de Calahuma, Viacha (actualmente se encuentra en un hogar de huérfanos en la capital potosina).

El arribo el 15 de julio de técnicos de la cartera de Justicia para explicar a la población el sistema penal y el cambio de los fiscales y de todo el cuerpo policial era parte de los compromisos, informó Jiménez. El Ministerio de Gobierno ofreció enviar un equipo para que elabore un Plan de Seguridad Ciudadana y ayude a conformar una guardia edil.

La entrega del antisocial impidió la suscripción del acuerdo.  A las 08.00, la paz parecía retornar, los militares se replegaron, los vehículos empezaron a circular y el comercio abrió sus puertas, sin embargo, la calma fue rota por una turba de jóvenes que comenzó a saquear tiendas, dijo el representante del Defensor del Pueblo, Marco Colque.

En medio de ese ambiente caldeado, el presidente del Comité Cívico, Jesús Camacho, fue agredido físicamente cuando intentaba socializar en la plaza los alcances del preacuerdo. Cerca de las 15.30, los militares intentaron nuevamente ingresar a la población, pero esta vez los vecinos lo impidieron.

Minutos más tarde, arribaron dos médicos forenses y dos fiscales para realizar una segunda autopsia a la pequeña Fabiola M. G. —que desapareció el 7 de mayo y cuyo cadáver fue hallado el miércoles 27— a pedido de la familia y los pobladores, que dudan de la data de su muerte.

El fiscal Santos, antes de ser tomado rehén, explicó a la gente apostada alrededor del hospital Madre Obrera, que las muestras del cuerpo de la niña serían enviadas a La Paz para que sean devueltas a la brevedad posible.

Esto no convenció a los pobladores que decidieron retener a un fiscal y un forense y pedir  su canje por el antisocial.  Los rehenes fueron llevados a la Alcaldía que fue sitiada por los manifestantes. “Nosotros vamos a ver que no sean agredidos ni maltratados, pero también apaciguar los ánimos”, prometió el alcalde electo Artemio Mamani.

A las 21.00, el dirigente vecinal  Rigoberto Ojeda comunicó que poco a poco los vecinos  retornaban a sus casas. “Si la gente se retira, vamos a hacer que el fiscal y el forense salgan a Oruro”. Esto permitiría reanudar el diálogo.

Temen que su casa sea tumba de otras niñas

Juan Mejía

Vicente Z. C., de 16 años,  dejó la escuela desde el nivel básico. Se dedicaba a arreglar bicicletas y su taller siempre estaba lleno de niños y niñas. Sus vecinos temen que en su casa estén enterradas otras pequeñas reportadas como desaparecidas en este municipio del norte de Potosí. El adolescente vivía en el inmueble, incendiado y saqueado el jueves, con tres hermanos (dos mujeres y un varón) y sus padres.

En cada una de las habitaciones hay gran cantidad de ropa quemada, ropa interior de niñas, pequeñas polleras, zapatitos, gorritos, falditas, entre otros.  “Parece que iban al campo y secuestraban a niñas para traerlas hasta Llallagua. Mamás campesinas llegaban para reclamar, pero la Policía y la Fiscalía no les hacían caso”, comentó una vecina.

Quienes participaron del asalto a la casa cuentan que en la habitación más grande encontraron santos con velas, dos monos disecados y sangre. Debido al fétido olor del cuarto creen que en él hay otras víctimas enterradas. “Nunca sospeché nada de este chico, sus hermanos y sus padres todos vivían sin levantar ninguna sospecha”, apuntó otra.

Los pobladores manifestaron que la familia ya no se encuentra  en Llallagua y que podrían estar en Oruro. En el momento de la detención el adolescente dijo que también su padre ha cometido el delito de violación y asesinato.  “No soy yo solo, hay más gente”, habría dicho a la Policía, que no actuó  y les dio tiempo de huir.

No existe acuerdo, el peligro continúa

Gonzalo Lazcano: Viceministro de Seguridad Ciudadana

La Policía va a retornar a Llallagua el lunes, se va a cambiar a todo el personal, se dotará de expertos en trata y tráfico. Mientras tanto, los propios vecinos van a continuar resguardando la seguridad con la ayuda de los militares del regimiento de Uncía

Marco Colque: Representante Defensor del Pueblo Llallagua

Las autoridades (locales) han perdido el control, los pobladores no están de acuerdo con el preacuerdo propuesto por la comisión del Gobierno porque lo que quieren es que se devuelva al autor de los crímenes. Se tomaron rehenes y no había ninguna autoridad

Diego Jiménez: Viceministro de Justicia

No podemos acceder a devolver al menor a Llallagua, porque eso no es competencia del Órgano Ejecutivo y porque tampoco sería aceptable en el marco de un Estado de derecho porque nadie puede ser juzgado por tribunales especiales. Sería un delito.

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Destruyen 5 entidades y queman 2 casas; violación sacude a Llallagua

Causa. Pobladores dan 24 horas para que les entreguen a adolescente, autor confeso

/ 29 de mayo de 2015 / 07:54

La Escuela Básica Policial, la fuerza anticrimen, la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal de la Alcaldía de Llallagua fueron saqueados por una turba, que quemó dos casas de familiares de un adolescente que secuestró, violó y asesinó a dos niñas.

Sus víctimas tenían solo cuatro años. El cuerpo de Fabiola M. G. fue hallado el miércoles, 21 días después de su desaparición, el 7 de mayo de este año. El fiscal Paul Raúl Acuña dijo a Aclo Potosí que también confesó la vejación y el asesinato de otra niña el 7 de febrero del año pasado.

V. Z. C., de 16 años, fue capturado cuando pretendía raptar a  otra niña en Catavi. El padre de la pequeña, al escuchar sus gritos, la rescató y entregó al autor a la Policía. En los interrogatorios comenzó a salir a la luz el misterio de las desapariciones de las dos niñas.

La audiencia cautelar del sujeto se efectuó a las 18.00 del miércoles en ambientes de la Policía de Uncía, ante la falta de garantías en Llallagua, que tiene 50.000 habitantes. En ella la jueza Edith Ance Velásquez dispuso su detención preventiva en un centro de acogida en la ciudad de Potosí.

Daños. El traslado de V. Z. C. desató la ira de la población, conmocionada por los dos crímenes, que se dirigió hasta el Comando exigiendo que le entreguen al culpable para ajusticiarlo; ante la negativa, comenzó el asalto a plan de dinamitazos y la quema de una motocicleta policial. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, confirmó desde Oruro el daño ocasionado a las oficinas de las cinco entidades públicas citadas.

La Policía ordenó el repliegue de sus efectivos a la capital de ese departamento, tras el ataque al Comando Regional que dejó cinco uniformados heridos. Según el relato de un vecino, los estudiantes de la Escuela Básica Policial tuvieron que escapar por los cerros para no ser atrapados por la turba.

“Hicieron reventar dinamitas que ocasionaron heridas en cinco policías, que tienen politraumatismos, por lo que hemos decido replegarnos a fin de evitar que sean agredidos”, precisó el comandante de la fuerza pública de Potosí, coronel Víctor Hinojosa.

La multitud, integrada por amas de casa, estudiantes, representantes de las juntas vecinales, mineros y campesinos, atacó después dos inmuebles de los parientes del adolescente, los saqueó y luego les prendió fuego. Incluso  tomó una rehén creyendo que era la madre de V. Z. C.

“Acogiéndose al Código Niño, Niña y Adolescente, la jueza dispuso que este muchacho guarde detención preventiva en un centro de acogida de la ciudad de Potosí atendiendo a su minoridad”, explicó la fiscal departamental, Wilma Blazz. Cerca del mediodía se llevó a cabo un cabildo en la plaza El Minero de Llallagua, donde los manifestantes decidieron exigir la modificación del Código Niño, Niña y Adolescente y del Código Penal, ya que el culpable confeso recibirá una pena máxima de seis años de reclusión.

También determinaron poner en vigencia un toque de queda a partir de las 22.00 y que se traslade al imputado a ese municipio  en las próximas 24 horas.  Además decidieron ir a la captura de todos los delincuentes,  por lo que allanaron casas durante toda la jornada. “Este asesino al perecer pertenecía a una red de delincuentes, hasta ahora unas 30 niñas han desparecido y no hubo justicia; la Policía y la Fiscalía han mostrado su inoperancia”, dijo el alcalde Tomás Quiroz.

El cabildo determinó además la clausura de todos los locales clandestinos, punto de encuentro de los delincuentes. A las 21.00 Lazcano y el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, se aprestaban a viajar desde Oruro a esa población para escuchar las demandas de los pobladores y buscar la pacificación. Mientras estos hechos se desarrollaban, en el salón principal de la Alcaldía de Llallagua se velaban los restos de la pequeña Fabiola.

Fiscal pide debatir reformas a las leyes

Tras la jornada violenta que sacudió ayer la población de Llallagua, la fiscal departamental de Potosí, Wilma Blazz, exhortó a las autoridades nacionales a iniciar un debate sobre la modificación del artículo 268 del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente que atenúa la responsabilidad penal de los adolescentes en cuatro quintas partes de la sanción mayor correspondiente.

“Habría que poner sobre la mesa de debate este tema para que en algunos casos, como éste, la ley sea más drástica. No es lo mismo un menor que roba por necesidad a otro que no solo viola, sino también asesina y por segunda vez, y que por la minoridad establecida en la norma no se puede hacer nada; la ley nos ata las manos y la población nos exige más drasticidad”, explicó a este diario la autoridad entrevistada telefónicamente.

En el artículo 268, parágrafo I del citado código determina que: “la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo correspondiente al delito establecido en la norma penal”. En el II establece que “para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y  30 años en la ley penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad”.

Wilma Blazz explicó que el violador y asesino confeso de dos niñas de cuatro años en 2015 y 2015 —de 16 años— solo recibiría una sanción máxima de seis años que deberá cumplir en un centro especializado para menores infractores, que en ese departamento no existe.

“No hay un centro de acogida en Llallagua, por lo que tendrá que estar en la ciudad de Potosí, donde existe uno de acogida, pero allí no solamente se internan a los menores que cometen delitos, sino sobre todo a aquellos que no tienen familiares, que son huérfanos”, agregó preocupada.

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Destruyen 5 entidades y queman 2 casas; violación sacude a Llallagua

Causa. Pobladores dan 24 horas para que les entreguen a adolescente, autor confeso

/ 29 de mayo de 2015 / 07:54

La Escuela Básica Policial, la fuerza anticrimen, la Fiscalía, la Defensoría de la Niñez y el Servicio Legal de la Alcaldía de Llallagua fueron saqueados por una turba, que quemó dos casas de familiares de un adolescente que secuestró, violó y asesinó a dos niñas.

Sus víctimas tenían solo cuatro años. El cuerpo de Fabiola M. G. fue hallado el miércoles, 21 días después de su desaparición, el 7 de mayo de este año. El fiscal Paul Raúl Acuña dijo a Aclo Potosí que también confesó la vejación y el asesinato de otra niña el 7 de febrero del año pasado.

V. Z. C., de 16 años, fue capturado cuando pretendía raptar a  otra niña en Catavi. El padre de la pequeña, al escuchar sus gritos, la rescató y entregó al autor a la Policía. En los interrogatorios comenzó a salir a la luz el misterio de las desapariciones de las dos niñas.

La audiencia cautelar del sujeto se efectuó a las 18.00 del miércoles en ambientes de la Policía de Uncía, ante la falta de garantías en Llallagua, que tiene 50.000 habitantes. En ella la jueza Edith Ance Velásquez dispuso su detención preventiva en un centro de acogida en la ciudad de Potosí.

Daños. El traslado de V. Z. C. desató la ira de la población, conmocionada por los dos crímenes, que se dirigió hasta el Comando exigiendo que le entreguen al culpable para ajusticiarlo; ante la negativa, comenzó el asalto a plan de dinamitazos y la quema de una motocicleta policial. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, confirmó desde Oruro el daño ocasionado a las oficinas de las cinco entidades públicas citadas.

La Policía ordenó el repliegue de sus efectivos a la capital de ese departamento, tras el ataque al Comando Regional que dejó cinco uniformados heridos. Según el relato de un vecino, los estudiantes de la Escuela Básica Policial tuvieron que escapar por los cerros para no ser atrapados por la turba.

“Hicieron reventar dinamitas que ocasionaron heridas en cinco policías, que tienen politraumatismos, por lo que hemos decido replegarnos a fin de evitar que sean agredidos”, precisó el comandante de la fuerza pública de Potosí, coronel Víctor Hinojosa.

La multitud, integrada por amas de casa, estudiantes, representantes de las juntas vecinales, mineros y campesinos, atacó después dos inmuebles de los parientes del adolescente, los saqueó y luego les prendió fuego. Incluso  tomó una rehén creyendo que era la madre de V. Z. C.

“Acogiéndose al Código Niño, Niña y Adolescente, la jueza dispuso que este muchacho guarde detención preventiva en un centro de acogida de la ciudad de Potosí atendiendo a su minoridad”, explicó la fiscal departamental, Wilma Blazz. Cerca del mediodía se llevó a cabo un cabildo en la plaza El Minero de Llallagua, donde los manifestantes decidieron exigir la modificación del Código Niño, Niña y Adolescente y del Código Penal, ya que el culpable confeso recibirá una pena máxima de seis años de reclusión.

También determinaron poner en vigencia un toque de queda a partir de las 22.00 y que se traslade al imputado a ese municipio  en las próximas 24 horas.  Además decidieron ir a la captura de todos los delincuentes,  por lo que allanaron casas durante toda la jornada. “Este asesino al perecer pertenecía a una red de delincuentes, hasta ahora unas 30 niñas han desparecido y no hubo justicia; la Policía y la Fiscalía han mostrado su inoperancia”, dijo el alcalde Tomás Quiroz.

El cabildo determinó además la clausura de todos los locales clandestinos, punto de encuentro de los delincuentes. A las 21.00 Lazcano y el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, se aprestaban a viajar desde Oruro a esa población para escuchar las demandas de los pobladores y buscar la pacificación. Mientras estos hechos se desarrollaban, en el salón principal de la Alcaldía de Llallagua se velaban los restos de la pequeña Fabiola.

Fiscal pide debatir reformas a las leyes

Tras la jornada violenta que sacudió ayer la población de Llallagua, la fiscal departamental de Potosí, Wilma Blazz, exhortó a las autoridades nacionales a iniciar un debate sobre la modificación del artículo 268 del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente que atenúa la responsabilidad penal de los adolescentes en cuatro quintas partes de la sanción mayor correspondiente.

“Habría que poner sobre la mesa de debate este tema para que en algunos casos, como éste, la ley sea más drástica. No es lo mismo un menor que roba por necesidad a otro que no solo viola, sino también asesina y por segunda vez, y que por la minoridad establecida en la norma no se puede hacer nada; la ley nos ata las manos y la población nos exige más drasticidad”, explicó a este diario la autoridad entrevistada telefónicamente.

En el artículo 268, parágrafo I del citado código determina que: “la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo correspondiente al delito establecido en la norma penal”. En el II establece que “para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y  30 años en la ley penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad”.

Wilma Blazz explicó que el violador y asesino confeso de dos niñas de cuatro años en 2015 y 2015 —de 16 años— solo recibiría una sanción máxima de seis años que deberá cumplir en un centro especializado para menores infractores, que en ese departamento no existe.

“No hay un centro de acogida en Llallagua, por lo que tendrá que estar en la ciudad de Potosí, donde existe uno de acogida, pero allí no solamente se internan a los menores que cometen delitos, sino sobre todo a aquellos que no tienen familiares, que son huérfanos”, agregó preocupada.

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