Tras la riada, el Ministerio de Salud desplegó brigadas médicas al municipio de Quime del departamento de La Paz, las cuales, hasta el momento, han brindado 72 atenciones. La población ha presentado problemas en su salud que van desde migrañas hasta conjuntivitis y fiebre, según el reporte.

“A la fecha hemos realizado la atención de 72 personas también desplazamos personal debido a la afectación por las lluvias, que han provocado cortes en los servicios básicos como la electricidad y el suministro de agua”, informó el director general de Redes de Servicios de Salud, Yecid Humacayo.

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Justamente al respecto de la dotación de agua, se ha determinado entregar pastillas potabilizadoras. Esto, debido a que la riada afectó al suministro normal de algunos hogares; lo que genera un riesgo para la salud si es que se llegara a optar por agua que no es potable.

QUIME

“Este último elemento (agua) es muy importante porque su afectación tiene impacto directo en la salud. Por ello, hemos enviado un equipo de Salud Ambiental del Ministerio, que está controlando su calidad mediante la entrega de pastillas potabilizadoras”, dijo el funcionario.

El fin de semana, el desborde de dos ríos que atraviesan al municipio genero zozobra y una serie de afectaciones al municipio. Decenas de viviendas quedaron con daños y se han contabilizado un total de 500 familias afectadas. La Alcaldía determinó la declaratoria de desastre, en tanto que personal de la Gobernación y el Viceministerio de Defensa Civil se ha desplegado al lugar.

A la par de estos trabajos de reparación y prevención, Salud desplegó 30 brigadas para estar al pendiente de la población. La cartera estatal reportó que las atenciones se brindan desde el 13 de enero, cuando se activó el plan de contingencia del Gobierno por la declaratoria de desastre.

El Ministerio de Salud informó que entre las afecciones atendidas en Quime se detectaron “infecciones respiratorias agudas, migrañas, dolores de cabeza, dolores musculares, lumbalgias, heridas, fiebre, diabetes y conjuntivitis. Entre los grupos vulnerables atendidos están niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas”.

Luego de que el Gobierno llegara a un acuerdo con panificadores y el sector arrocero, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, anunció que se continuará trabajando con productores en mesas técnicas para abordar el alza de precios de productos como el arroz, el aceite y la carne.

Silva explicó que, a pesar de las dificultades del mercado, el objetivo es encontrar precios justos para estos productos, garantizando el equilibrio entre oferta y demanda.

“Se ha planteado la necesidad de divisar toda la cadena productiva de estos productos para llegar a un justo precio, que eso es lo que deberíamos buscar en el marco del equilibrio entre la oferta y la demanda”, dijo en entrevista con La Razón Radio.

El aumento en los precios de la carne de res, pollo y aceite sufrió una subida de precios en los últimos meses. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 2024 Bolivia cerró con una inflación del 9,97%, la más alta desde 2008 cuando se llegó al 11,8 %.

El martes, panificadores aceptaron la propuesta del Gobierno y anunciaron que mantendrían el precio del pan de batalla en Bs 0,50. También se llegó a un acuerdo con la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), para no realizar más intervenciones al sector, siempre y cuando éstos no especulen con el arroz y mantengan la producción a precio justo.

Según Silva, el sector privado sostiene que el Estado no debe intervenir debido a que los precios son determinados por la ley de oferta y demanda, lo que genera tensiones con las políticas públicas.

“Por lo tanto pues no están de acuerdo con los controles, no están de acuerdo con la fiscalización y en ese sentido es de que nos vemos necesitados como país de poder instalar estas mesas de trabajo”, enfatizó.

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Mesas técnicas

En respuesta, el viceministro destacó la necesidad de coordinar con los productores para regular los precios y evitar la especulación, especialmente tras la reciente amenaza del incremento en los precios del pan debido a la falta de acuerdos claros con el sector panificador.

“Entonces son tareas que están en la agenda y que las mismas están siendo tratadas a la brevedad posible, reitero porque a la población hay que darles respuestas, hay que darles certezas y no generar esta incertidumbre que es aprovechada por los especuladores”, aseguró.

Silva también se refirió al trabajo en conjunto con el sector ganadero, mencionando que el aumento de los precios de la carne se atribuye a factores como el costo del diésel y la calidad de los pastizales, aspectos que el Gobierno está buscando solucionar.

El Gobierno continuará con las reuniones y mesas de trabajo la próxima semana con el sector arrocero, se prevé evaluar el tema de la producción de arroz prevista para 2025 y sus respectivos costos.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva aseguró que el acuerdo logrado con el sector de los panificadores artesanales del país garantiza que el precio del pan de batalla no tendrá ninguna modificación.

“El pan de batalla seguirá costando 50 centavos y pesará como mínimo 70 gramos, entonces para este efecto se firmará el convenio respectivo con la confederación de panificadores de Bolivia, EMAPA y el viceministerio de comercio interno”, aseguró Silva en La Razón Radio.

Por parte del viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, los controles serán para corroborar el cumplimiento del convenio, en cuanto al peso y precio, además que la harina subvencionada sea utilizada para la elaboración del pan de batalla.

Si bien no aseguró de dónde se importarán las 70 mil toneladas de harina de trigo comprometidas para el año, aseguró que los panificadores recibirán a “precio de fábrica” el azúcar, la manteca, levadura y algún otro insumo necesario para la elaboración del pan.

Este miércoles, el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, se refirió a la posibilidad de que ocurra un terremoto en el territorio nacional. La autoridad explicó que es un tema impredecible, pero que por los reportes de movimientos sísmicos y la recurrencia cíclica de estos eventos, el país debe estar preparado.

“Los reportes de la recurrencia y el aumento de la intensidad ya nos hacen prever que esto es una cosa impredecible. Además, si nos remontamos a los años de recurrencia de los terremotos en el país, estamos en un periodo cíclico, entre 30 y 40 años que se repite. De manera que tenemos que estar preparados”, señaló el viceministro en conferencia de prensa.

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Terremoto

Calvimontes informó que el Observatorio San Calixto, encargado del monitoreo y vigilancia de la actividad sísmica en el país, reportó una mayor recurrencia de movimientos sísmicos en el país.

“Nos estamos preocupando porque el Observatorio San Calixto nos está reportando la recurrencia de los movimientos sísmicos. Ustedes conocen las características geográficas y de crecimiento urbano de las principales ciudades del país”, explicó.

Debido a las características del país, se estima que un terremoto podría causar grandes daños en la infraestructura y en la zona donde se presente.

La actividad sísmica incrementó en 2024, con 1.608 sismos durante toda la gestión, la mayoría en Potosí. Sin embargo, la magnitud, en promedio, se sitúa por debajo de los 5.0 en la escala Richter, por lo que sus efectos fueron bastante leves.

Sin embargo, el hecho de que los sismos se vuelvan más frecuentes activó las alertas en el Gobierno que gestionó un crédito de financiamiento externo para atender cualquier posible desastre natural.

“El observatorio San Calixto nos está informando permanentemente sobre la recurrencia de los movimientos sísmicos en el territorio nacional. Por lo que en ese crédito está contemplado la probabilidad de que Bolivia sufra un terremoto”, afirmó Calvimontes.

Por ello, la autoridad exhortó a la Asamblea Legislativa aprobar ese proyecto y así también brindar mayor atención a las más de 30.000 familias afectadas en el territorio nacional a causa de la temporada de lluvias.

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, brindó datos actualizados de las consecuencias del periodo de lluvias en el país, con más de 30.000 familias afectadas y seis municipios que se declararon en desastre.

“Tenemos seis municipios que se han declarado en desastre municipal, los seis en el departamento de La Paz. Hablamos de: Apolo, La Asunta, Luribay, Palca, Humala y Yaco. Tenemos 45 municipios afectados”, informó en conferencia de prensa.

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Desastre

Por ello, La Paz es el departamento más afectado a nivel nacional, seguido de Cochabamba, que también sufrió inundaciones en sus cultivos.

Las intensas precipitaciones generan el desborde de ríos, sifonamientos, deslizamientos y otros desastres naturales que afectan a la población. De acuerdo con Calvimontes, el total de familias que sufrieron percances por las condiciones climáticas asciende a más de 30.000.

“21.248 familias afectadas, 9.014, familias damnificadas en total hacen 30.262. Tenemos 401 viviendas afectadas, de las cuales 205 están destruidas”, detalló el viceministro.

Los hogares que fueron arrasados, principalmente por las corrientes de los ríos, serán reconstruidos en su mayoría por la Agencia Estatal de Vivienda, como anunció el Gobierno.

Además, Calvimontes informó que el número de fallecidos a causa de las condiciones climáticas se mantiene en 16 y aclaró que cuatro de las muertes se ocasionaron por descargas eléctricas.

Lluvias

“Los eventos adversos que se están presentando en esta época son eventos que no son habituales”, señaló la autoridad.

Por ello, todavía rige una alerta naranja en 82 municipios, debido al posible incremento en el nivel de los ríos a causa de las heladas, principalmente en La Paz, Oruro y Potosí.

Calvimontes explicó que una vez que inicie el periodo de deshielo el nivel de agua de los fluviales incrementará, lo que podría afectar a la población y las comunidades aledañas.

Se prevé que la temporada de lluvias se extienda hasta el mes de marzo, por lo que el viceministro exhortó a la Asamblea Legislativa aprobar dos créditos que permitirán atender los desastres naturales.