Después de tres años, la familia Román Torrico logró que la Sala de Familias, Niñez y Adolescencia del Tribunal de Justicia acepte tratar la solicitud de guarda de la niña que adoptaron y que fue alejada. Tras la decisión, la madre levantó una huelga de 78 días.
“Esta aceptación abre una esperanza para mi hija. Le han hecho justicia y espero se mantengan en esta línea”, expresó ayer Marcia Torrico, dirigente trotskista de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y madre adoptiva de Sofía, una niña que cuidó desde los dos meses y que ahora tiene tres años.
La Sala de Familias emitió el lunes una resolución que da curso a la apelación presentada por la familia Román Torrico para la guarda de Sofía, con lo que se revocó la decisión de la jueza Silvia Melgarejo, quien devolvió a la menor a los padres biológicos al no existir una resolución judicial que dé la guarda a los papás adoptivos.
“Ahora, después de tres años de trámites y persecución debe demostrarse dónde va a estar mejor la niña, dónde debe crecer”, manifestó Marcia, tras explicar que aún no hay fecha para la audiencia.
Marcia realizó una huelga de hambre de 78 días para exigir la devolución de Sofía. Pero tras la aceptación de la apelación decidió levantar la medida. Ella permanece internada en la Clínica Santa María de los Ángeles.
Según su versión, la niña le fue entregada en octubre de 2012, un año después de pedir apoyo para adoptar un menor. “La mamá y la abuela querían darla en adopción porque la mamá sufría de esquizofrenia y temían que se herede”. “Dos meses después comenzaron los obstáculos a los trámites porque a mi esposo y a mí nos identificaron como dirigentes trotskistas. Nunca comprobaron que somos malos padres”, dijo.
Según informe de la Defensoría de la Niñez, la pareja presentó en 2012 un documento privado firmado por los padres biológicos de la niña, considerado una irregularidad. La familia biológica asegura que fue engañada porque les dijeron que Sofía solo sería llevada a una guardería para recibir apoyo. Ariel Román, esposo de Marcia, aseguró que el documento es legal según el Código de la Niñez, que reconoce el consentimiento por escrito y verbal ante un juez.