La Fiscalía departamental investiga 66 avasallamientos de tierras, al menos tres áreas del municipio de Oruro están afectadas por ocupaciones ilegales. El fiscal departamental, Orlando Riveros, dijo que hasta la fecha se identificaron a 23 personas como presuntas responsables, quienes guardan detención en el penal de San Pedro. La autoridad entregó ayer un informe presentado a la Brigada Parlamentaria, Alcaldía y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, entre otros, que conformaban una comisión interinstitucional contra los avasallamientos a las tierras fiscales.
La investigación se efectúa en el marco de la Ley contra el Avasallamiento y el Tráfico de Tierras, promulgada el 30 de diciembre de 2013. Riveros anunció también que en los próximos días se ejecutarán otros mandamientos de aprehensión, sin dar más detalle.
Entre los 66 casos que investiga el Ministerio Público no solamente hay tierras fiscales, sino también particulares. “La figura del avasallamiento no es solo para proteger tierras fiscales, sino también predios particulares, eso dice la Ley 477”, recordó.
En Pampa Alamasi, por ejemplo, están afectados un centenar de relocalizados mineros, que son adjudicatarios de terrenos en esa zona situada al sudeste de la urbe. Respecto a las tierras del Estado identificó dos conflictos latentes, Cochiraya y Socamani. En el primer caso “son 4.623 hectáreas, pero tienen problemas en la delimitación”, señaló. En el segundo, 1.812 hectáreas de las que el gobierno local presentó su planimetría.
El alcalde de Oruro, Édgar Bazán, dijo que la Dirección de Ordenamiento Territorial recibió la orden de no permitir que “sinvergüenzas se aprovechen de áreas verdes, lotes de equipamiento y tierras transferidas a la municipalidad”.