Jermani Luz A. R., de 29 años, boliviana, quien con la ayuda de un sujeto aún no identificado asaltó a un joven la madrugada del miércoles en La Paz, aseguró ayer que solo cumplía las instrucciones de dos policías que la forzaron a delinquir. La mujer —quien estuvo en la cárcel en 2013 y 2015, respectivamente— fue capturada la madrugada de ayer y en declaraciones a la red Unitel dijo que no conocía a los uniformados y que éstos le hablaron “de la nada”.
“Me agarraron, me dijeron que suba a la camioneta (de la Policía) y vaya a robar porque si no, me iban a gasificar. Entonces yo subí con mi amigo y nos ordenaron asaltar a un hombre que estaba discutiendo con una mujer, y me dijeron ‘quítale todo lo que tiene, mientras tanto nosotros vamos a parquear el auto’”, dijo la aprehendida en declaraciones a la red Unitel, que destapó el hecho.
El escandaloso caso ocasionó la aprehensión en el día del suboficial Remigio M. y del sargento David M., destinados a la Estación Policial Integral de San Pedro, quienes además de ser enjuiciados por la vía penal enfrentarán un proceso disciplinario interno. Jermani Luz A. R. también usaba el nombre de María Luz. V. A. y estaría vinculada a un clan de delincuentes, informaron fuentes de la fuerza anticrimen.
“Le agarramos al tipo y le preguntamos qué le estaba haciendo a la chica. Ella se quejó de que él le había robado, yo le di un golpe (al joven), metimos la mano (en sus bolsillos) y sacamos 20 pesos”, relató. Cuando los policías recogieron a la pareja les preguntaron: “¿Cuánto le sacaron?”, y el dinero les fue entregado, añadió.
Cómplices. Un reporte de la red Unitel mostró el miércoles cómo una pareja desciende de la patrulla de la fuerza pública con placa 3450-LNI cerca de la plaza Eguino, se dirige a su víctima y la asalta con violencia. El vehículo les aguarda a unos metros y tras cometer el delito vuelven a abordarlo.
El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Gary Omonte, informó que la asaltante fue aprehendida a las 02.00 de ayer por personal de Inteligencia en la avenida Manco Kápac e indicó que Jermani Luz A. R. tiene antecedentes penales.
“En 2013 fue aprehendida por robo a domicilio y este año, por robo, habiendo salido del Centro de Orientación Femenina de Obrajes hace dos meses”. Respecto al sujeto que la acompañaba, ella no quiso dar referencias y se limitó a declarar que se encontraron en la calle.
Sin embargo, Omonte declaró que tendría nacionalidad colombiana y que personal de Inteligencia está tras su paradero. El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, señaló que la aprehendida fue imputada por los delitos de cohecho, complicidad y robo agravado. De los tres, el más grave es el último y tiene una pena de presidio de tres a diez años.
Indignación. “La mujer dio detalles de lo que aconteció esa madrugada y esa información nos permitirá dar con la otra persona”, sostuvo Rollano. El viceministro de Régimen Interior, Marcelo Elío, en su primera aparición pública tras su posesión el miércoles, anunció que “habrá mano dura en la lucha contra el crimen” y luego ratificó la continuidad del plan de reestructuración de la Policía Boliviana, cuya imagen sufrió un duro golpe. “No se permitirán estos hechos y no nos temblará la mano para sentar disciplina, que es lo importante”, advirtió.
El comandante general de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, cuando estalló el escándalo pidió a la población no generalizar, ya que son hechos aislados. “Un universo de 36.000 efectivos en el país debe dar una idea de que no todo es homogéneo”.
La baja por faltas graves es ‘previo proceso’
El sargento y el suboficial que operaban con dos asaltantes en La Paz cometieron faltas graves, según la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía. Empero, su expulsión solo puede ser efectuada tras un proceso interno. El miércoles, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, había anunciado que ya habían sido separados del cuerpo policial.
La norma establece que son faltas graves: el “concertar acuerdos o convenios ilícitos con delincuentes en beneficio personal o de terceros” (Art. 14, numeral 14) y “ser encontrados en flagrancia cometiendo acciones delincuenciales o en vinculación con personas del hampa” (Art. 14, numeral 17).
Dato. Estas infracciones son sancionadas con la baja definitiva sin derecho a reincorporación, es decir “la desvinculación final con pérdida de grado que se impone a la comisión de las faltas graves” (Art. 8, numeral 6). En el artículo 17 de ese cuerpo legal se precisa que “la imposición de sanción a faltas graves emerge de un proceso Administrativo Disciplinario Policial” (numeral II).
Agentes son imputados por cuatro delitos
El suboficial primero Remigio M. C. y el sargento segundo David M.M. fueron imputados por los delitos de robo agravado, uso indebido de bienes del Estado, cohecho pasivo e incumplimiento de deberes. El primero es el más grave y tiene una pena de entre tres y diez años de prisión. El fiscal a cargo de este caso, Edwin Blanco, presentó la imputación formal contra los dos uniformados, quienes prestaban servicio en la Estación Policial Integral del barrio de San Pedro.
Antigüedad. “No estamos encubriendo ningún acto y de manera transparente estamos realizando todo el trabajo de investigación. El primero tiene más de 25 años de antigüedad y el sargento debe estar con un poco menos de servicio”, informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Juan Jaldín.
La audiencia de medidas cautelares que debió empezar a las 15.00 de ayer fue postergada, debido a que Juan Córdoba, juez 7º Cautelar Ordinario, se declaró incompetente, con el argumento de que los delitos por los cuales se les imputa están tipificados como corrupción y son ventilados en un juzgado especial.
“De acuerdo con el artículo 26 de la Ley de Lucha contra la Corrupción (Marcelo Quiroga Santa Cruz), éstos son delitos de corrupción y a partir del año pasado contamos con jueces especializados, por lo tanto me declaro incompetente”, explicó Córdoba antes de instalar la audiencia. El Código Penal establece una pena privativa de libertad de tres a ocho años para el delito de cohecho pasivo; de uno a cuatro años para el incumplimiento de deberes; mientras que el robo agravado tiene una pena de cárcel de entre tres y diez años.