Miriam Rocabado, quien como forense certificó la violación de una interna de seis años de la Colonia Ecológica Pedro Basiana en 2009, es enjuiciada por falsedad ideológica por Francisco V., sentenciado a 15 años de prisión por ese delito, y su esposa.
El proceso ingresó ayer a la fase oral. La audiencia fue instalada a las 10.00, pero fue suspendida 15 minutos después. La presidenta del Tribunal de Sentencia 1º, Vivian Enríquez, tomó la determinación ante la ausencia de un perito convocado por los demandantes. La próxima audiencia fue fijada para el 23 de noviembre de este año.
El proceso penal contra la entonces médica forense empezó en 2013, cuatro años después de la primera intervención al hogar de acogida Colonia Ecológica Pedro Basiana, ubicado en el municipio cochabambino de Tiquipaya, El 8 de octubre de 2009 ese centro de acogida fue intervenido y clausurado por primera vez.
Tras la denuncia del abuso sexual de una menor que tuvo un hijo producto de la agresión, el Servicio de Gestión Social (Sedeges), la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen y el Ministerio Público intervinieron el albergue, que funcionaba ilegalmente y que acogía entonces a un centenar de menores de edad, 30 internos y 70 externos.
Al menos 18 contaron en la primera entrevista que fueron víctimas de abuso sexual y agresiones físicas. Francisco V., conocido como Papi Kiko, administrador del hogar, fue inculpado por los niños y adolescentes.
Sin embargo, según publicaciones de la época, las autoridades no pudieron realizar los exámenes forenses porque los niños y adolescentes desaparecieron, excepto una niña que según la forense ahora procesada, era huérfana y nadie reclamó por ella.
“Me ordenaron que valore a la niña, era chimán”, recordó. En la valoración confirmó que fue vejada sexualmente. Francisco V. fue imputado por el delito de violación y condenado en primera instancia a 15 años de privación de libertad en el penal de San Sebastián varones.
Alegato. Dos años después apeló con el argumento de que el acceso carnal de un adulto con una menor de seis años era prácticamente imposible, porque de darse causaría múltiples lesiones e incluso la muerte. Por ello, el Tribunal de Sentencia de Sacaba emitió su fallo cambiando el tipo penal a abuso deshonesto.
El 7 de mayo de 2013 se recibió una segunda denuncia. Una adolescente de 14 años, echada del albergue, declaró que fue abusada sexualmente por el hijo de la administradora, y dijo temer por sus hermanas de 13 y 15 años, quienes habían sido internadas allí por sus padres. En la segunda intervención no se halló a ningún albergado porque alguien había alertado a los administradores.
En 2013, él y su esposa denunciaron a la médica —quien por esta causa fue apartada de su cargo— con el argumento de que mintió en la certificación forense, ya que, según sus peritos, si un menor de esa edad es violado, se muere o es sometido a cirugía. “Eso no tiene sentido”, alegó la profesional, quien luego aseguró que su valoración médica fue correcta.
“El certificado dice que la niña fue violada y ahora intentan ayudar al agresor. Esta teoría ya permitió la liberación de tres individuos”, denunció. Kimberly Moetley, abogada estadounidense y defensora de los derechos humanos, arribó a Cochabamba para seguir el caso y ayudar a la profesional.
“Lo que están tratando de decir es que no puede haber violación de niños menores de seis años sin que esto cause muerte o cirugía, y eso es muy peligroso”, indicó y agregó que esta aseveración podría poner en riesgo a quienes tienen esa edad o menos.
“Hay miles de niños bolivianos que desafortunadamente han sido agredidos sexualmente, y hay pedófilos que han admitido la violación y están en la cárcel, pero ahora podrían salir libres”, alertó.
Moetley ratificó su apoyo a la galena y dijo que “es importante que sepan que Miriam es una de las primeras médicas forenses en su cargo. Si la encuentran culpable, qué incentivo hay para otras profesionales, tendrán miedo de ir a la cárcel por solo hacer su trabajo”, inquirió. Entretanto, en Cochabamba, activistas de derechos humanos realizan manifestaciones en favor de la procesada.