La Gobernación de Potosí en coordinación con la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Corte de Justicia comenzaron a tomar acciones para frenar la caza furtiva de vicuñas en el sudoeste potosino y para ello decidieron crear la Policía Forestal.
El gobernador Juan Carlos Sejas informó que las máximas autoridades de esas cinco instituciones se reunieron el jueves 15 de octubre y acordaron conformar dos comisiones.
Una se encargará de elaborar un Plan de Seguridad para hacer control en las zonas donde habitan esos mamíferos, y la otra redactará una propuesta para cambiar la legislación a fin de que la pena de cárcel pueda ser mayor a seis años.
El 14 de septiembre de este año, medios locales potosinos dieron cuenta del hallazgo de al menos un centenar de vicuñas despellejadas, abatidas a tiros, en el municipio de Colcha K.
El 27 de mayo de 2015, cerca de la frontera con Chile, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas se incautó de 158 cueros de este animal faenados ilegalmente.
Un reportaje publicado en Informe La Razón, el 5 de octubre, reveló que los municipios potosinos de Colcha K y Tomave son consideradas zonas rojas por la caza furtiva.
Este camélido está protegido por la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) y la Ley de Medio Ambiente 1333, ya que estuvo al borde de la extinción a finales de la década de los 60, por lo que su caza está vedada.
Sin embargo, son víctimas de los cazadores furtivos porque su fina fibra es bien cotizada en el ámbito local. Un kilo se vende hasta en Bs 2.200, aunque en el exterior una cantidad similar vale hasta $us 500 (Bs 3.480).
Para frenar la cacería en el sudoeste potosino, Sejas informó que en la reunión del jueves se encargó a la Policía y al Ejército elaborar un plan, que será implementado junto a la Policía Forestal. Anticipó que se harán controles a los vehículos que provienen de esas regiones y se efectuarán verificaciones sorpresivas en las zonas donde viven estos camélidos.
Plan. En 15 días la Gobernación y las cuatro instituciones se volverán a reunir para recibir el proyecto y aprobarlo. Sejas manifestó que para evitar la caza furtiva también se debe contar con el concurso de las autoridades originarias y locales.
En esa reunión también se prevé que una comisión jurídica entregue una propuesta para que se sancione con mayor rigor la matanza de ejemplares de esta especie. La Ley 1333 dispone una pena de privación de libertad de hasta tres años y el Código Penal castiga ese delito con hasta seis años de prisión.