El Tribunal de las Mujeres contra la Impunidad haciendo uso del derecho al control social impuso una sanción moral y social contra cinco fiscales y un juez que atendieron el caso del asesinato de la exconcejal de Ancoraimes Juana Quispe en 2012 por retardación de justicia y que hasta el momento no fue aclarado. No descartó denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Patricia Santos, Jhonny Garnica, Fernando Cabrera, Susana Boyán y Genaro Quenta, además de la jueza Lía Cardozo, fueron identificadas como las autoridades que en su momento atendieron el proceso para investigar y establecer responsabilidades en uno de los hechos que impulsó la aprobación de la ley de contra el acoso y la violencia política.
“Haciendo uso efectivo del control social, impone una sanción moral y social en contra de los administradores de justicia del Estado por tolerar la vulneración de los derechos humanos como el derecho a la vida, el ejercicio libre y los derechos políticos de la exconcejala Juana Quispe, por no haber actuado oportunamente para resguardar la seguridad de la integridad de la autoridad y promoviendo la impunidad después de su asesinato, a través de sus actores…”, refiere parte de la de la Resolución 001/2015 del Tribunal de las Mujeres contra la impunidad, una herramienta del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, participó de la iniciativa. “El Tribunal mostrará a la ciudadanía los errores y delitos que cometen a diario quienes tienen en sus manos el manejo discrecional de la administración de la justicia que, al ser un derecho humano, debe estar al alcance de todas y de todos”, destacó la autoridad.
Durante la sesión, la abogada de la familia Quispe, Valquiria Lira, familiares de la exconcejal y representantes de la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL) dieron a conocer los hechos que precedieron a la muerte de la exautoridad edil de Ancoraimes. Presentaron los argumentos con los que responsabilizaron a las y los fiscales y la autoridad judicial que conocieron el caso de incurrir en retardación de justicia.
El Tribunal estuvo formado por la abogada y activista Julieta Montaño y la también activista y periodista Lucía Sauma y Kathia Velarde. Determinaron que la Fiscalía actuó “de manera negligente porque no efectuaron los actos idóneos para lograr el esclarecimiento del hecho provocando que importante prueba testifical, documental no sea oportunamente recogida y que de manera ligera e irresponsable sin realizar un análisis pormenorizado de la prueba circunstancial e indiciaria procedieron a emitir Resoluciones de Sobreseimiento arguyendo la insuficiencia de prueba a favor de quienes fueron imputados por existir suficientes indicios para establecer que son con probabilidad autores y participes del asesinato de la ex concejala Juana Quispe Apaza”.
“Se advierte al Estado Plurinacional de Bolivia que de no actuar de acuerdo a las normas nacionales y los convenios y tratados internacionales no solo recaerá en la incredibilidad, y la impunidad sino que se hará pasible a ser denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, establece en su parte resolutiva el tribunal.