Mitad de los feminicidas apuñaló, flageló o estranguló a sus víctimas
Son 108 los feminicidios que se cometieron en Bolivia entre enero y el 10 de noviembre de este año. La Paz iguala a Cochabamba en la cantidad de asesinatos.
Felipa C., de 26 años, falleció el 9 de enero. Su esposo, después de una brutal paliza, la arrojó desde un segundo piso. De 108 feminicidios cometidos en 2015, 23 asesinos usaron armas blancas, 19 ultimaron a su víctima a puñetazos y puntapiés, y 15 las estrangularon con las manos.
Así murieron 57 (el 53%) de las 108 mujeres que perecieron en Bolivia víctimas de la violencia machista, según un recuento efectuado por la Defensoría del Pueblo de enero al 10 de noviembre de este año.
El 9 de febrero, en la localidad de Samuzabety, Eterazama, falleció Emiliana M. R., de 37 años. Su cónyuge Daniel Á. B, de 24 años, la mató a golpes tras una discusión.
Las primeras discusiones y los alaridos de la víctima comenzaron a las 21.00 aproximadamente y cesaron cerca de las 03.00, según los vecinos, que no intervinieron y solo denunciaron el delito cuando hallaron su martirizado cadáver, prueba de la tolerancia social hacia los violentos.
El 13 de febrero, en Santa Cruz de la Sierra, Freddy G. asesinó con 25 puñaladas a su cónyuge Gabriela R., quien tenía un embarazo de tres meses. El sujeto tenía otra relación.
El 9 de junio, Wílder M. D., de 19 años, segó a cuchilladas la vida de Hilda M, de 20, y de sus dos hijos de uno y tres años a orillas del río Ivirgarzama, Cochabamba; después, metió los cuerpos en dos bolsas de yute, las rellenó con piedras y las lanzó al curso de agua.
Recuento. Nueve usaron cuerdas, chalinas y otros para estrangularlas; siete utilizaron armas de fuego y cinco las atropellaron, arrastraron y fingieron un accidente de tránsito, de acuerdo con el reporte defensorial, que no incluye los dos últimos crímenes cometidos el 27 y 29 de noviembre en La Paz y que elevan a 110 la cifra total.
Cinco fallecieron debido a los golpes con objetos contundentes; 2 porque recibieron una brutal golpiza y fueron lanzadas luego desde un segundo piso; a 2 las quemaron vivas y otras 2 fueron asfixiadas y estranguladas, entre otros. (Ver infografía).
“Estos casos demuestran la extrema violencia que los hombres ejercen en contra de las mujeres, y lamentablemente nadie hace nada. Exigimos que se acabe con la complicidad, que genera impunidad y la continuidad de la violencia machista”, sostuvo Griselda Sillerico, adjunta de Programas y Acciones Especiales de la Defensoría del Pueblo.
El reporte también da cuenta de que una de las 108 asesinadas fue arrojada de un tercer piso, a dos las asfixiaron y luego descuartizaron, y una fue acuchillada y golpeada con un palo para acelerar su muerte. Se trataba de Martina C. A., de 39 años.
El 13 de marzo, en Potosí, Germán A. M., de 41 años, quien tenía prohibido acercarse a su esposa, ingresó por la ventana a la casa donde ella dormía y le asestó cuatro cuchilladas. Como no moría —delante de sus tres hijos, todos menores de edad—, tomó un palo con el que la golpeó en la cabeza hasta rematarla.
Una fue lanzada desde un vehículo en movimiento y otra fue envenenada. Estos son apenas algunos feminicidios perpetrados por esposos y exesposos, concubinos y exconcubinos, enamorados y exenamorados y otros, en lo que va del año según el Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, de la Defensoría, cuya base es el monitoreo de medios de comunicación.
De acuerdo con su reporte, seis de cada 10 asesinatos de mujeres se cometieron en los departamentos de Cochabamba y La Paz. Cada uno tiene 32 casos (30%) que suman 64, cantidad que representa el 60% del total.
Después está Santa Cruz con 18 (17%); Potosí con siete (6,48%), Tarija, Oruro y Chuquisaca, con seis cada uno (5,56%), y Beni con uno (0,93%). Pando es el único departamento donde no se informó de este delito.
El 20 de enero, María M., de 27 años, fue asesinada en la cárcel de San Pedro de La Paz. Juan L., de 32, su pareja desde hacía cinco años, confesó el crimen.
El sujeto cumplía una pena de prisión por la muerte de su primera esposa, a quien le quitó la vida en 2007.
La Ley 348 —Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia—, promulgada en 2013, establece una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto a quien mate a una mujer si el autor es cónyuge o conviviente, si la víctima tiene relación de subordinación o dependencia respecto a él o simplemente cuando hay un vínculo de amistad, laboral o de compañerismo.
El relevamiento defensorial también estableció que en 23 casos el asesino fue el concubino; en 21, el esposo; en 16, un desconocido; en 12, el enamorado; en nueve, el exenamorado; en siete, el exconcubino, y en cinco, los amigos de las víctimas.
El reporte registra 37 tentativas de feminicidio en el año que acaba, de los cuales 25 se registraron en Cochabamba (68%), cuatro en Santa Cruz (11%), tres en La Paz y tres en Tarija (8% cada uno) y 2 en Oruro (5%).
El relevamiento también da cuenta de que 49 de las 108 fallecidas tenían entre 19 y 30 años (44,4); y que la edad de 32 oscilaba entre los 31 y 60 años (29,6%).
Nueve tenían entre 10 y 18 años (8,3%), seis eran adultas mayores de entre 61 y 85 años (4,6%), tres tenían entre 0 y 9 años (2,8%), y de ocho mujeres asesinadas en Bolivia no se logró establecer la edad (7,4%).
Abuelas maternas, sin dinero y con la custodia de sus nietos
Kattya Valdés
“El Erminio tiene la culpa para que muera mi mamá”, dice Keila, quien con tres años vio cuando su padre Erminio Q. S., de 33 años, golpeaba brutalmente a Lourdes T. Q., de 30. Era el 2 de agosto de 2014. Debido a los golpes, el hígado de la mujer reventó y una profusa hemorragia interna acabó con su vida.
Según un recuento de este diario, cerca de 67 menores de edad quedaron en la orfandad en lo que va de este año debido a los feminicidios cometidos en Bolivia.
El artículo 36 de la Ley 348 —Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, promulgada en 2013— establece que si a consecuencia de un delito de feminicidio quedaran hijos menores de edad huérfanos, éstos serán puestos de inmediato bajo custodia de los abuelos u otro familiar por línea materna.
Este diario conversó con tres abuelas maternas que cuidan a los hijos de sus hijas.
Dramas. Keila tiene dos hermanas. Cuando se cometió el crimen, la mayor contaba con 6 años y la más pequeña apenas había cumplido ocho meses.
Juana Q. P., de 57 años, mamá de Lourdes, tuvo que asumir el cuidado de la tres nenas. “Mis nietas —informa— siguen hablando de su madre. Las dos mayores están en terapia con las psicólogas de la Defensoría. Yo he dejado de trabajar en mi tienda porque no tengo tiempo, debo caminar con el proceso en contra del asesino”.
“Los padres del hombre me han ofrecido $us 25.000 para que desista del proceso. Me han dicho: ‘te vamos a dar víveres cada mes para las niñas’, pero como he seguido con el caso no me dan nada ni las ven”, agrega.
Al igual que ella, Elvira P. tuvo que amparar a la primogénita de su hija, María Isabel P. G., de 28 años. Ella falleció tras haber recibido una brutal golpiza de su pareja David V. M.
“Cuando este hombre le pegó a mi hija, mi nieta tenía dos años. Era el 22 de octubre de 2014, ese hombre la golpeó hasta reventarle el hígado”, recuerda entre sollozos la entrevistada.
Una noche antes del día en que murió, María amarró un pedazo de hilo azul en una de las muñecas de la infante y le recomendó que no llore y que probablemente iba a quedarse con su abuela Elvira. “La wawa bien se acuerda eso, mira el hilito y dice: ‘Isabel está en el hospital porque David le ha pegado’”.
Ella y su esposo, ambos de 47 años, asumieron el amparo legal de la pequeña y aseguran que la cuidarán y le darán todo lo que su María Isabel soñó con ofrecerle.
“Mi hija decía que le iba a meter a un ballet porque a mi nieta le gusta mucho bailar, y yo cumpliré con su voluntad”, agrega. Elvira se puso al frente del negocio de transcripciones de su descendiente y su esposo trabaja como chofer del Hospital de Clínicas del municipio de La Paz.
Demandada. La historia de Eulogia P. es aún más difícil. A los 70 años tuvo que amparar a sus dos nietos, que tenían dos y tres años, cuando una de sus descendientes fue víctima de un feminicidio.
Inés Q., de 25 años, fue asesinada en 2012 por su expareja Juan José C., de 26. En medio de una discusión, el sujeto la golpeó y le clavó un cincel en el cráneo.
Ana Rojas, abogada del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, brindó apoyo legal a la septuagenaria, quien es de “muy escasos recursos económicos”.
“La señora vende fruta en una carretilla (en El Alto) y está enferma. Ha sufrido varios desmayos, por esa razón la abuela paterna quería la custodia de los niños e inició una demanda, pero nosotros hemos pedido, como lo establece la Ley 348, que los niños se queden con la abuela materna”, recuerda la profesional.
Ana Angarita
Las víctimas de la tragedia posfeminicidio
Cuando una mujer muere por feminicidio no solo ella se convierte en víctima fatal de la violencia. La tragedia se extiende a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres y otros parientes cercanos. Son éstas víctimas silenciosas y desprotegidas de la violencia extrema. Suceden entonces tres situaciones lamentables:
1). Los hijos e hijas se quedan huérfanos de madre, en tanto que el padre, acusado de feminicidio, tampoco está en condiciones de brindarles protección. Entonces, los menores quedan por lo general a cargo de los abuelos, adultos mayores que tienen limitadas condiciones materiales para sostenerlos, porque además deben, paralelamente, correr con los gastos de un largo y costoso proceso judicial.
2). Los hijos e hijas deben arrastrar a lo largo de su vida una serie de traumas por la violencia en su hogar e incluso, en algunos casos, por haber sido testigos del crimen perpetrado por su propio padre.
3). La familia es estigmatizada en el barrio y en otros espacios de su entorno, lo que ocasiona cambios obligados en su vida para precautelar su estabilidad emocional.
En 2013, cuando el feminicidio fue tipificado en el país como un delito en el Código Penal y sancionado con 30 años sin derecho a indulto, Bolivia se convirtió, de acuerdo con datos de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en uno de los 14 países de la región en incluir este delito en su legislación, junto a Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.
A dos años de la aprobación de la Ley 348, hijos, hijas y familia de casi 270 mujeres víctimas de feminicidio continúan hoy sufriendo las consecuencias. Son víctimas de un dolor invisible, víctimas de la tragedia posfeminicidio.
