“Yo he sido víctima de un asalto cuando estaba embarazada; quiero irme a vivir a otra zona porque Villa Fátima es muy peligrosa”, dice Ada Sandy. En este vecindario hay más negocios que expenden bebidas alcohólicas (46) que farmacias (34).
En un tono que deja traslucir la impotencia, Sandy cuenta la mala experiencia que tuvo siete meses atrás. “Hay una licorería en la calle General Loza (a tres cuadras de la Avenida de las Américas). Venden a los alcohólicos y fueron ellos los que me han golpeado en la panza y me han robado mi celular; terminé en el hospital. Eran las 16.00”, recuerda, mientras sostiene a su bebé en brazos.
En este vecindario existen 34 licorerías con licencia de funcionamiento —cantidad igual al de las farmacias que operan en esta zona— y 10 centros nocturnos de diversión que comercian bebidas alcohólicas. A ellos se suman dos conocidos bares de remate que funcionan de forma clandestina: El Caballito y Jazmín, este último situado en la avenida 15 de Abril, lo que hace un total de 46, informa el subalcalde del Macrodistrito Periférica, Óscar Mamani.
Como si esto fuera poco, las diferentes tiendas de barrio también venden cerveza y licores sin tener autorización, aseguran vecinos a este diario.
Casos. María Inés, quien vive en una casa de la calle General Saavedra, a una cuadra de El Caballito, denuncia a una tienda que en los hechos es una licorería.
“La tienda de enfrente funciona como licorería en la noche, vendiendo bebidas hasta tarde. Una vez desde mi ventana vi que le estaban asaltando a un joven. Los policías no patrullan por aquí y la borrachera es grave. En la esquina nomás hay dos locales (el Sky Bar y El Caballito)”.
Esta vecina, al igual que otros entrevistados, pide que el Gobierno Municipal de La Paz haga respetar sus ordenanzas y demanda a la Policía mayor control.
En un recorrido por este vecindario La Razón encontró a dos efectivos policiales del Módulo Policial Arandia, quienes realizaban rondas a pie por la Avenida de las Américas, la principal.
“En el día es tranquilo todo, pero en la noche existe concentración de borrachos, aunque no hay asaltos. Nosotros patrullamos y también el PAC (Policía de Auxilio Ciudadano) y los de la EPI (Estación Policial Integral) La Merced”, comenta un policía, quien no quiere identificarse.
El coronel Jorge Ceballos, comandante de la EPI La Merced, informa que esa estación cuenta con 168 agentes que trabajan en dos grupos, por lo que el patrullaje está garantizado las 24 horas.
“De acuerdo con el Plan Ñandereco (que significa Vivir Bien en guaraní), en cada unidad tenemos que sacar una patrulla con seis oficiales con armas largas y cuatro motocicletas”, añade.
Respecto al comercio de licores en las tiendas barriales, Ceballos —quien recuerda que la fuerza pública carece de facultades para clausurar estos negocios—dice que los uniformados controlan que esos productos no se expendan a menores de edad.
“Cuando verificamos que alguna tienda está vendiendo bebidas alcohólicas a menores de edad trasladamos a los propietarios a la EPI, porque está prohibido por ley”, asegura el entrevistado.
La Ley 259 o Ley de Control al Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, promulgada en 2012, prohíbe la venta de productos que contengan alcohol a los menores de 18 años (artículo 20).
De acuerdo con el artículo 31, “los establecimientos (que lo hagan) serán sancionados, la primera vez, con una multa de 10.000 UFV (o Bs 20.600 al cambio actual) y la clausura por 10 días continuos del establecimiento. Si por segunda vez se incurriera en la prohibición, la sanción es la clausura definitiva”. Sin embargo, ambas disposiciones no se acatan.
Según Ceballos, los efectivos de esta EPI llevan a cabo patrullajes a pie entre la plaza Villarroel y la tranca de Kalajahuira, salida a los Yungas (Villa Fátima, Villa El Carmen y Chuquiaguillo).
Otra queja vecinal es que la exgasolinera Delta, situada en la principal arteria de esa villa, a la altura de la calle Ocobaya, se convirtió en un refugio de alcohólicos y drogadictos que generan gran inseguridad en la zona.
La Razón publicó hace más de un año —el 21 de septiembre de 2014— el reportaje Surtidores abandonados, refugio de alcohólicos y microbasurales, y pese al tiempo transcurrido la problemática sigue siendo la misma.
“Los alcohólicos duermen debajo de la gasolinera, ahí adentro en los tubos donde antes se guardaba la gasolina y en el cuarto abandonado también, allí hacen sus necesidades. Sería bueno que lo levanten todo y lo conviertan en un parque”, señala la ciudadana Modesta Chuquimia.
La mujer tiene un negocio a pocos pasos y fue testigo del asalto a una vecina, policía por añadidura, y cuenta lo ocurrido.
“A las 10 de la mañana la hicieron corretear aquí a una señora. Estaba con 4.000 bolivianos que quería depositar en el banco, pero (en la entidad) le pidieron papeletas de luz y agua, y tuvo que volver a su casa. Ahí le agarraron los alcohólicos y ella es policía… Es peligrosa esta zona, incluso de día”.
Este exsurtidor está abandonado desde hace unos 16 años y la municipalidad sigue un proceso legal contra Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), propietaria del predio, litigio que comenzó hace dos años.
“Estamos en juicio. Como Subalcaldía no podemos tocar nada, no podemos enmallar, solo hemos hecho la limpieza y retiramos a los alcohólicos. Una vez que el proceso salga a favor de nosotros, vamos a poder intervenir”, dice el subalcalde Mamani.
La autoridad explica que si bien la guardia edil echa a los alcohólicos consuetudinarios de ese predio, ellos siempre retornan.
Luis Castillo, presidente de la Asociación Comunitaria del Distrito 13, Macrodistrito Periférica, en cuya jurisdicción está Villa Fátima, pide a las autoridades más vigilancia.
“Hemos planteado reclamos a la Subalcaldía, se han hecho batidas, pero persisten los problemas; esperemos que el próximo año su trabajo sea mejor”, sostiene el dirigente.
En 2013 Villa Fátima fue incluida en el programa edil “zonas seguras”, el mismo que consistía en la implementación de una terminal de buses provisional en el barrio de Minasa, la construcción de un nuevo mercado y la instalación de cámaras de videovigilancia, entre otras acciones.
“Han puesto cámaras y con la implementación de la EPI (Estación Policial Integral) ha mejorado un poco el problema de la inseguridad, pero falta que se controle más a los locales clandestinos”, enfatiza Castillo.
La ordenanza aprobada por el Concejo Municipal prohíbe la apertura de nuevos establecimientos dedicados a la comercialización de licores, cerveza y otros, la venta de alcohol medicinal en tiendas, producto usado por los indigentes por su bajo costo, entre otras medidas.
Alcaldía instalará otras 4 cámaras de vigilancia
Hay vecinos de Villa Fátima que ponen en duda la eficacia de los equipos
En los primeros cinco meses de 2016 cuatro nuevas cámaras de videovigilancia se instalarán en Villa Fátima, La Paz, para luchar contra la inseguridad y delincuencia, las que se sumarán a las nueve ya existentes.
“Hemos sostenido reuniones con el alcalde (Luis Revilla) y todos los presidentes (de las juntas vecinales) del Distrito 13.
Ahí nos han hecho llegar sus requerimientos y hemos respondido a sus inquietudes con las previsiones para este año”, informa el coronel José Luis Ramallo, director edil de Seguridad Ciudadana.
La autoridad explica que aún no definieron con exactitud los lugares donde colocarán los equipos, decisión que será tomada en los próximos días previa coordinación.
Los nueve dispositivos en funcionamiento están ubicados en la Plaza del Maestro; en la avenida 15 de Abril y Virgen del Carmen; en la 15 de Abril esquina Rurrenabaque; en la Avenida de las Américas y Yanacachi; en la final Tejada Sorzano entre Saavedra y Las Américas (apunta al bar El Caballito); Avenida de las Américas a la altura del mercado de Villa Fátima; plaza Arandia; cruce Unión San José y cancha Petrolera; y en la plazuela calle 1.
En Villa El Carmen, calle Ramiro Castillo esquina calle 4, funciona otro dispositivo; al igual que en Chuquiaguillo, arteria 5; y en el barrio Comibol, avenida Costanera.
El gobierno municipal adquirió 140 cámaras en el último semestre de 2015, que fueron instaladas en diferentes barrios de la urbe.
Cifras. En total en el área urbana del municipio de La Paz hay 253 de estos equipos en funcionamiento.
Ramallo aseguró que los dispositivos están distribuidos en los barrios considerados más peligrosos por el índice delictivo de los siete macrodistritos urbanos: Centro, Max Paredes, Periférica, Cotahuma, Sur, San Antonio y Mallasa.
En 2016 el gobierno local tiene previsto adquirir otras 70 unidades para continuar apoyando la labor que lleva adelante la Policía Boliviana.
A diferencia de la opinión de dirigentes y autoridades, hay vecinos que consideran que estas cámaras no contribuyeron a dar más seguridad. “Seguimos siendo víctimas de asaltos, la borrachera continúa y nuestra zona sigue siendo peligrosa”, asegura Ismael Miranda.
Monitoreo, a cargo de la Policía
Normativa
La Ley 264 de Seguridad Ciudadana, promulgada en 2012, dispone que la Policía Boliviana es la encargada de monitorear las cámaras de videovigilancia.
Predio
El gobierno municipal tiene previsto entregar el nuevo edificio del Centro de Monitoreo de Cámaras de vigilancia hasta el 20 de este mes. En esos ambientes se realizará el monitoreo de los equipos.
La cantina El Caballito continúa operando
Vecinos, dirigentes y la propia Policía aseguran que el local El Caballito, ubicado en la avenida Tejada Sorzano, en el barrio de Villa Fátima, La Paz, que fue clausurado por décima vez el 18 de octubre de 2015, continúa operando de forma clandestina.
“De El Caballito sale mucha gente en la madrugada, lo clausuran pero igual lo abren. Si pasan por aquí en la madrugada verán cómo entran y salen los borrachos”, dice Martha Aguirre, residente de ese vecindario.
Luis Castillo, presidente de la Asociación Comunitaria del Distrito 13, Macrodistrito Periférica, también se refiere al tema.
“El Caballito funciona. No esperamos que se prohíba que haya locales, pero que cumplan las normas y atiendan en los horarios que corresponde y como lo dispone la ley, no a deshoras, porque hasta de día atienden”, denuncia.
El coronel Jorge Ceballos, comandante de la Estación Policial Integral (EPI) La Merced, corrobora ese hecho. “Trabaja a puerta cerrada. Lo han clausurado, pero se dan modos; creo que tienen otro acceso por donde la gente entra. Nosotros todos los días hacemos patrullaje”, agrega en su descargo.
Impotencia. El 18 de octubre de 2015 la Intendencia Municipal de La Paz, la Policía y la Subalcaldía Periférica intervinieron este bar de remate e incluso decomisaron su mobiliario.
Ante la evidencia de que continuaba operando, el domingo 27 de diciembre la Policía intentó intervenirlo, aunque los abogados de los dueños amenazaron a los uniformados con un proceso penal porque no contaban con una orden judicial que les respalde.
La Razón conversó con el director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, coronel Jose Luis Ramallo, quien dice que las sanciones que emite la municipalidad son de carácter administrativo.
“La ley ha previsto, en casos de recurrencia, el arresto de propietarios y administradores, entonces vamos a intensificar la acción conjunta con la Policía”.
Vecinos también se quejan del funcionamiento del bar El Jazmín, que trabajaría a puertas cerradas, y donde existiría la presencia de damas de compañía.