— ¿Cómo ve a Bolivia en cuanto a su vinculación portuaria?

— La mejor manera de poner en valor de lo que es uno, es ver dónde estás ubicado. Bolivia está en el centro de muchos corredores bioceánicos. Se piensa que para ser un centro logístico que se aproveche mucho tiene que estar ubicado en el mar y realmente no es así, porque cuando se tiene una localización geofísica como Bolivia, es distintiva. Tiene carga y capacidad de exportación.

— ¿Qué pierde Bolivia por no tener acceso soberano al mar?

— Lo importante es tener carga y vuestro país tiene carga, tiene carga que produce y carga que consume. Logísticamente, lo importante es la ubicación y no tener puertos. Los puertos son solo herramientas para que tu mercancía llegue o salga; son necesarios.

— Pero, las terminales marítimas, los contenedores, los puertos no son claves para la eficiencia del transporte.

— Cada vez los puertos son más grandes; hay menos relevantes porque los barcos cada vez son más grandes y necesitan puertos grandes. Al final, en el planeta van a quedar pocos puertos importantes. Se podría decir que cualquier país que tenga puertos capaces de recibir 18.000 contenedores —es decir, cinco torres Eiffels— ya es importante. Lo importante en el mundo logístico, en el mundo de la carga, es tener carga y saberla distribuir para que tus productores ganen dinero, para que los fabricantes bolivianos no paguen más y ello no depende de los puertos. A las empresas portuarias les interesa tener carga. Tenemos que pensar al revés: lo importante no es tener puertos, sino tener carga.

— ¿Qué recomendaciones dio a empresarios y al Gobierno?

— Hay una propuesta metodológica para que Bolivia realice los flujos logísticos que necesita, son imprescindibles los mapas logísticos.                   

— ¿En qué consisten?

— Es una iniciativa del país. Primero, tienes que tener cadenas productivas y en Bolivia se produce mucho; luego se debe tener infraestructura logística que permita que las mercancías se muevan. Eso implica tener buenos caminos, autopistas, aeropuertos. Tercero, debemos conectar las infraestructuras logísticas, tenemos que tener corredores. Lo último que nos falta son las redes intermodales, que es incorporar tecnología a los corredores. Si Bolivia, con la capacidad que tiene, determina las infraestructuras que necesita, las conecta e implementa tecnología, liderará buena parte del mercado.

— Bolivia tiene concesiones y zonas francas en la hidrovía. ¿Cómo las potenciamos?

— No todo es un ganar y ganar, porque los problemas que pueden tener algunos de nuestros exportadores es que los puertos están con su propia actividad, colapsados. Lo que realmente importa es que ese mapa logístico tenga un modelo de negocio, es decir, cuando empezamos a ser rentables, si haces un buen modelo de negocios y ambas partes sepan cuál es su punto de equilibrio —es  decir donde gano yo y donde ganas tú—, seguro que la ecuación funciona. No se trata tanto de hacer convenios, sino de tener modelos de negocios.

— Pero, poner en marcha los mapas logísticos implica tener personal formado en el área…

— Hay un punto débil y es que debemos empezar a formar a la gente en el mundo logístico. Yo ya estaría pensando en capacitación técnica para operarios y gente de un nivel más técnico para toda Latinoamérica, porque no hay carreras en materia logística. Yo pediría un esfuerzo a los empresarios para que identifiquen perfiles profesionales y al Gobierno que piense en contenidos formativos y de educación en estos rubros.

— ¿Qué recomendaciones daría al Gobierno y a  empresarios?

— No dejarse llevar por la tradición. Los empresarios no tienen que pensar solo en un puerto seco y para el Gobierno, las infraestructuras donde haya carga y consumo.

Perfil

Nombre: Javier Fernández López

Profesión: Economista

Cargo: Consultor en temas portuarios y logística

Especialista en logística

Formado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Consultor que lleva 29 años trabajando en temas de transporte marítimo y la logística. Llevó a cabo 76 proyectos de viabilidad de distintas infraestructuras logísticas.

Es promotor de la tendencia de “puertos inteligentes” de respeto al medio ambiente, pero al mismo tiempo conectados con redes logísticas y de infraestructura vial y multimodal.

Llegó al país para colaborar con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en la elaboración de una propuesta de largo alcance para que Bolivia acceda a puertos alternativos y llegue a mercados en ultramar de manera más eficiente y barata.

— ¿Cómo ve a Bolivia en cuanto a su vinculación portuaria?

— La mejor manera de poner en valor de lo que es uno, es ver dónde estás ubicado. Bolivia está en el centro de muchos corredores bioceánicos. Se piensa que para ser un centro logístico que se aproveche mucho tiene que estar ubicado en el mar y realmente no es así, porque cuando se tiene una localización geofísica como Bolivia, es distintiva. Tiene carga y capacidad de exportación.

— ¿Qué pierde Bolivia por no tener acceso soberano al mar?

— Lo importante es tener carga y vuestro país tiene carga, tiene carga que produce y carga que consume. Logísticamente, lo importante es la ubicación y no tener puertos. Los puertos son solo herramientas para que tu mercancía llegue o salga; son necesarios.

— Pero, las terminales marítimas, los contenedores, los puertos no son claves para la eficiencia del transporte.

— Cada vez los puertos son más grandes; hay menos relevantes porque los barcos cada vez son más grandes y necesitan puertos grandes. Al final, en el planeta van a quedar pocos puertos importantes. Se podría decir que cualquier país que tenga puertos capaces de recibir 18.000 contenedores —es decir, cinco torres Eiffels— ya es importante. Lo importante en el mundo logístico, en el mundo de la carga, es tener carga y saberla distribuir para que tus productores ganen dinero, para que los fabricantes bolivianos no paguen más y ello no depende de los puertos. A las empresas portuarias les interesa tener carga. Tenemos que pensar al revés: lo importante no es tener puertos, sino tener carga.

— ¿Qué recomendaciones dio a empresarios y al Gobierno?

— Hay una propuesta metodológica para que Bolivia realice los flujos logísticos que necesita, son imprescindibles los mapas logísticos.                   

— ¿En qué consisten?

— Es una iniciativa del país. Primero, tienes que tener cadenas productivas y en Bolivia se produce mucho; luego se debe tener infraestructura logística que permita que las mercancías se muevan. Eso implica tener buenos caminos, autopistas, aeropuertos. Tercero, debemos conectar las infraestructuras logísticas, tenemos que tener corredores. Lo último que nos falta son las redes intermodales, que es incorporar tecnología a los corredores. Si Bolivia, con la capacidad que tiene, determina las infraestructuras que necesita, las conecta e implementa tecnología, liderará buena parte del mercado.

— Bolivia tiene concesiones y zonas francas en la hidrovía. ¿Cómo las potenciamos?

— No todo es un ganar y ganar, porque los problemas que pueden tener algunos de nuestros exportadores es que los puertos están con su propia actividad, colapsados. Lo que realmente importa es que ese mapa logístico tenga un modelo de negocio, es decir, cuando empezamos a ser rentables, si haces un buen modelo de negocios y ambas partes sepan cuál es su punto de equilibrio —es  decir donde gano yo y donde ganas tú—, seguro que la ecuación funciona. No se trata tanto de hacer convenios, sino de tener modelos de negocios.

— Pero, poner en marcha los mapas logísticos implica tener personal formado en el área…

— Hay un punto débil y es que debemos empezar a formar a la gente en el mundo logístico. Yo ya estaría pensando en capacitación técnica para operarios y gente de un nivel más técnico para toda Latinoamérica, porque no hay carreras en materia logística. Yo pediría un esfuerzo a los empresarios para que identifiquen perfiles profesionales y al Gobierno que piense en contenidos formativos y de educación en estos rubros.

— ¿Qué recomendaciones daría al Gobierno y a  empresarios?

— No dejarse llevar por la tradición. Los empresarios no tienen que pensar solo en un puerto seco y para el Gobierno, las infraestructuras donde haya carga y consumo.

Perfil

Nombre: Javier Fernández López

Profesión: Economista

Cargo: Consultor en temas portuarios y logística

Especialista en logística

Formado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España. Consultor que lleva 29 años trabajando en temas de transporte marítimo y la logística. Llevó a cabo 76 proyectos de viabilidad de distintas infraestructuras logísticas.

Es promotor de la tendencia de “puertos inteligentes” de respeto al medio ambiente, pero al mismo tiempo conectados con redes logísticas y de infraestructura vial y multimodal.

Llegó al país para colaborar con la Cámara Nacional de Comercio (CNC) en la elaboración de una propuesta de largo alcance para que Bolivia acceda a puertos alternativos y llegue a mercados en ultramar de manera más eficiente y barata.

La Asamblea Legislativa elegirá la próxima semana al nuevo Defensor del Pueblo de una lista de 24 postulantes que agrupa a las personas que vencieron las etapas de selección de méritos y competencias para el cargo. La nómina de los finalistas fue aprobada “por unanimidad, entre oficialistas y opositores”, según destacó el senador Milton Barón, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que preside la Comisión Mixta de Constitución, la entidad que estuvo a cargo de la preselección de postulantes.

Entre los seleccionados con mayores señales de notoriedad están: Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario; Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre de 2003; Silvia Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional; Guillermo Vilela, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, además de la activista Teresa Subieta. La mayoría de los calificados tiene estudios en Derecho y especializaciones en la aplicación de los Derechos Humanos. “Todos los seleccionados tienen la posibilidad de ser elegidos como Defensor del Pueblo”, puntualizó Barón.

Ayer concluyó la fase de entrevistas con la presentación de 14 candidatos de una lista de 38 que fueron habilitados para esta etapa. La Razón, en dos ediciones, publicó los planes de trabajo de estos profesionales seleccionados.

Hasta el 18 de abril, fecha tope del plazo, se inscribieron 163 aspirantes, pero este número se fue reduciendo progresivamente en el proceso de calificación de méritos y requisitos. Las personas que pasaron al pleno de la Asamblea Legislativa cumplieron ocho o más de los 14 requisitos medibles que se incorporaron en el proceso de calificación, entre los que destaca el activismo en favor de los Derechos Humanos y el conocimiento sobre las normativas sobre las que descansa la Defensoría del Pueblo como institución estatal.

En la primera ronda de entrevistas, que se cumplió el jueves, participaron 24 postulantes. Ese día se hizo visible la propuesta de ajustar la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo, promulgada en 1997, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente desde 2009. Ayer, los candidatos hicieron el esfuerzo de exponer sus propuestas en su lengua originaria, aunque los legisladores advirtieron que esta cualidad ya no servía para la evaluación, toda vez que fue un requisito que fue acreditado en el proceso de inscripción. De hecho, cerca del 60% de los 163 interesados fueron inhabilitados por no cumplir con esta exigencia.   

Barón precisó que el lunes se enviará la lista al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que esta autoridad convoque a la sesión del pleno. En todo caso, la elección del nuevo ombudsman del país deberá materializarse antes del 13 de mayo, la fecha en la que fenece el mandato de Rolando Villena.  

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aclaró, por su lado, que el oficialismo no tiene ninguna preferencia con ninguno de los candidatos. “Todas las personas que finalmente lleguen a la Asamblea, todas son potenciales aspirantes para llegar a la Defensoría del Pueblo”, puntualizó la autoridad legislativa.

Esperaban mayor competitividad  

Integrantes de la Comisión Mixta de Constitución esperaban una competencia más reñida entre postulantes para reemplazar al actual defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien culmina su gestión el 13 de mayo.  “Tengo un nivel de competitividad elevado y esperaba mayor cualificación en los candidatos”, afirmó la senadora opositora por Unidad Demócrata (UD) e integrante de la comisión Mirtha Arce, quien no obstante valoró a los finalistas.

Comentó que entre las 24 personas que pasaron a la última etapa existen cuatro perfiles “interesantes”, de jóvenes que tienen proyecciones. “Pero hay postulantes que dejan mucho que desear y otros regulares”, reconoció luego el presidente de la comisión, Milton Barón, del gobernante MAS.  El legislador también resaltó la formación de algunos aspirantes que cuentan con elevado nivel académico y trayectoria en la promoción de los Derechos Humanos. 

Durante las intervenciones en la fase de entrevistas, más de la mitad de los candidatos saludaron y se despidieron de la comisión en sus idiomas nativos, como el quechua y aymara. Incluso, la aspirante Lidia Iriarte Tórrez respondió la primera pregunta de tres en quechua, pero a petición de la senadora Arce continuó su intervención en castellano. “Yo no hablo quechua, pero entendí y ella manifestó una cosa y en la traducción se dijo otra cosa que devaluaba la respuesta. Yo le pedí que mejor se haga en español, porque nos iba a permitir a nosotros una comprensión más adecuada”, reconoció Arce.

Los nervios y el reducido tiempo para dar a conocer sus propuestas jugaron en contra de algunos que no pudieron responder a ninguna consulta. La segunda jornada de la fase de entrevistas comenzó con dos horas de retraso y muchos de los candidatos manifestaron su molestia porque esperaron desde las 08.30.

Candidatos

Mónica Carmen Bayá Camargo, Abogada 

Propuso reforzar el acceso a la justicia y luchar contra la violencia; además evitar la discriminación en los servicios públicos e incorporar un enfoque de género en la administración de las instituciones gubernamentales. Planteó tener más presencia en las fronteras con unidades móviles.

Braulia Choque Gutiérrez, Abogada

Planteó trabajar con los niños y adolescentes de la calle porque a su criterio no existen suficientes albergues y casas de acogida. Dijo que su labor se enfocaría en gestionar la aprobación de políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Apoyaría a los migrantes en el respeto de sus derechos.

Adolfo Alfredo Huerta Ferrufino , Abogado

Aseguró que en la actualidad se vulneran los Derechos Humanos en muchas instancias, para lo que sugirió elaborar proyectos enfocados en la educación. Los niños y adolescentes serían los protagonistas de su plan de trabajo. Dijo que organizaría coloquios y seminarios.

René Marcelo Aramayo Pérez, Pedagogo

Sugirió un nuevo sistema organizacional basado en tres pilares: primero, trabajar en la prevención de la vulneración de los derechos; segundo, crear representaciones especiales de la defensoría en las 36  nacionalidades indígenas; tercero, incluir  en el currículo del sistema educativo el tema de los derechos.

Teresa Susana Subieta Serrano, Trabajadora social

Señaló que la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo deben ser las normativas para la Defensoría del Pueblo. Remarcó que trabajaría en coordinación con las demás instituciones, enfocándose en el servicio a la ciudadanía.

Alicia Aliaga Yana, Médica cirujana

Dijo que reconduciría las acciones de la Defensoría del Pueblo hacia una relación horizontal y efectiva, con un trabajo más cercano con la gente. Planteó trabajar en el empoderamiento de la población en el ejercicio de sus derechos; segundo, que los funcionarios públicos pasen cursos sobre el proceso de los DDHH.

Lidia Iriarte Tórrez, Abogada

Espera llegar a los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas y campesinas para informarles  sobre los derechos que tienen. También sugirió realizar una auditoría de la última gestión del ombudsman y adecuar la actual Ley 1818 del Defensor del Pueblo.

Germán Choque Condori, Historiador

Quiere formular un proyecto de ley para intermediar las peticiones de cabildos y asambleas de las organizaciones sociales. Aseguró que se anticiparía a los problemas con los sectores vulnerables. Planteó difundir los DDHH en instituciones públicas, enfocado en la educación. 

David A. Tezanos Pinto Ledezma, Abogado

Anticipó que velaría por el cumplimiento de los DDHH y sugirió replantear las funciones de la Defensoría del Pueblo para acercarla a la gente. Dijo que ayudaría en la implementación de normas a favor de los grupos vulnerables y las minorías. Planteó convertir los centros penitenciarios del país en espacios productivos.

Tairon Rolando Costa Pereira, Abogado

Replantearía la visión y misión institucional de la Defensoría para crear el empoderamiento de los grupos vulnerables, como las áreas rurales, las naciones indígenas y el pueblo afroboliviano. Propuso profundizar sobre las nuevas normas, como el derecho de la Madre Tierra y del mar. 

Michael Marco Sierra Mendoza, Abogado

Aspira a trabajar sobre cuatro pilares: primero, construir una cultura de paz desde la educación; segundo, dar vida a las normativas vigentes de DDHH; tercero, promover la rehabilitación de las víctimas de violencia desde el Estado; cuarto, incorporar un sistema innovado y accesible para dar un servicio a la gente.

Delina Joffré Romandú, Abogada

Recordó que la Defensoría es una institución autónoma e independiente y planteó incorporar los DDHH en el currículo del sistema educativo nacional, porque considera que trabajar desde la escuela hasta la universidad logrará grandes cambios en el comportamiento de la ciudadanía.  

Manuel Alfredo Morales Álvarez, Psicólogo

Calificó el trabajo de la Defensoría como el de una ONG e indicó que no hizo un seguimiento profundo de los casos. Ante ese panorama planteó  cumplir a cabalidad las funciones de la entidad que representa al pueblo boliviano, tomando acciones en el ámbito legislativo con más fuerza y sin miedo a represalias.

Alberto Moscoso Flor, Proyectista

Planteó actualizar la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo; monitorear de forma permanente las necesidades de los sectores de la sociedad civil para tomar acciones inmediatas y prevenir futuros conflictos. Sugirió tener menos acercamiento con la Iglesia para tener un rol más protagónico.

La Asamblea Legislativa elegirá la próxima semana al nuevo Defensor del Pueblo de una lista de 24 postulantes que agrupa a las personas que vencieron las etapas de selección de méritos y competencias para el cargo. La nómina de los finalistas fue aprobada “por unanimidad, entre oficialistas y opositores”, según destacó el senador Milton Barón, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), que preside la Comisión Mixta de Constitución, la entidad que estuvo a cargo de la preselección de postulantes.

Entre los seleccionados con mayores señales de notoriedad están: Ramiro Llanos, exdirector de Régimen Penitenciario; Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre de 2003; Silvia Salame, exmagistrada del Tribunal Constitucional; Guillermo Vilela, expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos, además de la activista Teresa Subieta. La mayoría de los calificados tiene estudios en Derecho y especializaciones en la aplicación de los Derechos Humanos. “Todos los seleccionados tienen la posibilidad de ser elegidos como Defensor del Pueblo”, puntualizó Barón.

Ayer concluyó la fase de entrevistas con la presentación de 14 candidatos de una lista de 38 que fueron habilitados para esta etapa. La Razón, en dos ediciones, publicó los planes de trabajo de estos profesionales seleccionados.

Hasta el 18 de abril, fecha tope del plazo, se inscribieron 163 aspirantes, pero este número se fue reduciendo progresivamente en el proceso de calificación de méritos y requisitos. Las personas que pasaron al pleno de la Asamblea Legislativa cumplieron ocho o más de los 14 requisitos medibles que se incorporaron en el proceso de calificación, entre los que destaca el activismo en favor de los Derechos Humanos y el conocimiento sobre las normativas sobre las que descansa la Defensoría del Pueblo como institución estatal.

En la primera ronda de entrevistas, que se cumplió el jueves, participaron 24 postulantes. Ese día se hizo visible la propuesta de ajustar la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo, promulgada en 1997, de acuerdo con la Constitución Política del Estado vigente desde 2009. Ayer, los candidatos hicieron el esfuerzo de exponer sus propuestas en su lengua originaria, aunque los legisladores advirtieron que esta cualidad ya no servía para la evaluación, toda vez que fue un requisito que fue acreditado en el proceso de inscripción. De hecho, cerca del 60% de los 163 interesados fueron inhabilitados por no cumplir con esta exigencia.   

Barón precisó que el lunes se enviará la lista al presidente nato de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, para que esta autoridad convoque a la sesión del pleno. En todo caso, la elección del nuevo ombudsman del país deberá materializarse antes del 13 de mayo, la fecha en la que fenece el mandato de Rolando Villena.  

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, aclaró, por su lado, que el oficialismo no tiene ninguna preferencia con ninguno de los candidatos. “Todas las personas que finalmente lleguen a la Asamblea, todas son potenciales aspirantes para llegar a la Defensoría del Pueblo”, puntualizó la autoridad legislativa.

Esperaban mayor competitividad  

Integrantes de la Comisión Mixta de Constitución esperaban una competencia más reñida entre postulantes para reemplazar al actual defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien culmina su gestión el 13 de mayo.  “Tengo un nivel de competitividad elevado y esperaba mayor cualificación en los candidatos”, afirmó la senadora opositora por Unidad Demócrata (UD) e integrante de la comisión Mirtha Arce, quien no obstante valoró a los finalistas.

Comentó que entre las 24 personas que pasaron a la última etapa existen cuatro perfiles “interesantes”, de jóvenes que tienen proyecciones. “Pero hay postulantes que dejan mucho que desear y otros regulares”, reconoció luego el presidente de la comisión, Milton Barón, del gobernante MAS.  El legislador también resaltó la formación de algunos aspirantes que cuentan con elevado nivel académico y trayectoria en la promoción de los Derechos Humanos. 

Durante las intervenciones en la fase de entrevistas, más de la mitad de los candidatos saludaron y se despidieron de la comisión en sus idiomas nativos, como el quechua y aymara. Incluso, la aspirante Lidia Iriarte Tórrez respondió la primera pregunta de tres en quechua, pero a petición de la senadora Arce continuó su intervención en castellano. “Yo no hablo quechua, pero entendí y ella manifestó una cosa y en la traducción se dijo otra cosa que devaluaba la respuesta. Yo le pedí que mejor se haga en español, porque nos iba a permitir a nosotros una comprensión más adecuada”, reconoció Arce.

Los nervios y el reducido tiempo para dar a conocer sus propuestas jugaron en contra de algunos que no pudieron responder a ninguna consulta. La segunda jornada de la fase de entrevistas comenzó con dos horas de retraso y muchos de los candidatos manifestaron su molestia porque esperaron desde las 08.30.

Candidatos

Mónica Carmen Bayá Camargo, Abogada 

Propuso reforzar el acceso a la justicia y luchar contra la violencia; además evitar la discriminación en los servicios públicos e incorporar un enfoque de género en la administración de las instituciones gubernamentales. Planteó tener más presencia en las fronteras con unidades móviles.

Braulia Choque Gutiérrez, Abogada

Planteó trabajar con los niños y adolescentes de la calle porque a su criterio no existen suficientes albergues y casas de acogida. Dijo que su labor se enfocaría en gestionar la aprobación de políticas públicas nacionales, departamentales y municipales. Apoyaría a los migrantes en el respeto de sus derechos.

Adolfo Alfredo Huerta Ferrufino , Abogado

Aseguró que en la actualidad se vulneran los Derechos Humanos en muchas instancias, para lo que sugirió elaborar proyectos enfocados en la educación. Los niños y adolescentes serían los protagonistas de su plan de trabajo. Dijo que organizaría coloquios y seminarios.

René Marcelo Aramayo Pérez, Pedagogo

Sugirió un nuevo sistema organizacional basado en tres pilares: primero, trabajar en la prevención de la vulneración de los derechos; segundo, crear representaciones especiales de la defensoría en las 36  nacionalidades indígenas; tercero, incluir  en el currículo del sistema educativo el tema de los derechos.

Teresa Susana Subieta Serrano, Trabajadora social

Señaló que la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo deben ser las normativas para la Defensoría del Pueblo. Remarcó que trabajaría en coordinación con las demás instituciones, enfocándose en el servicio a la ciudadanía.

Alicia Aliaga Yana, Médica cirujana

Dijo que reconduciría las acciones de la Defensoría del Pueblo hacia una relación horizontal y efectiva, con un trabajo más cercano con la gente. Planteó trabajar en el empoderamiento de la población en el ejercicio de sus derechos; segundo, que los funcionarios públicos pasen cursos sobre el proceso de los DDHH.

Lidia Iriarte Tórrez, Abogada

Espera llegar a los sectores más vulnerables, como las comunidades indígenas y campesinas para informarles  sobre los derechos que tienen. También sugirió realizar una auditoría de la última gestión del ombudsman y adecuar la actual Ley 1818 del Defensor del Pueblo.

Germán Choque Condori, Historiador

Quiere formular un proyecto de ley para intermediar las peticiones de cabildos y asambleas de las organizaciones sociales. Aseguró que se anticiparía a los problemas con los sectores vulnerables. Planteó difundir los DDHH en instituciones públicas, enfocado en la educación. 

David A. Tezanos Pinto Ledezma, Abogado

Anticipó que velaría por el cumplimiento de los DDHH y sugirió replantear las funciones de la Defensoría del Pueblo para acercarla a la gente. Dijo que ayudaría en la implementación de normas a favor de los grupos vulnerables y las minorías. Planteó convertir los centros penitenciarios del país en espacios productivos.

Tairon Rolando Costa Pereira, Abogado

Replantearía la visión y misión institucional de la Defensoría para crear el empoderamiento de los grupos vulnerables, como las áreas rurales, las naciones indígenas y el pueblo afroboliviano. Propuso profundizar sobre las nuevas normas, como el derecho de la Madre Tierra y del mar. 

Michael Marco Sierra Mendoza, Abogado

Aspira a trabajar sobre cuatro pilares: primero, construir una cultura de paz desde la educación; segundo, dar vida a las normativas vigentes de DDHH; tercero, promover la rehabilitación de las víctimas de violencia desde el Estado; cuarto, incorporar un sistema innovado y accesible para dar un servicio a la gente.

Delina Joffré Romandú, Abogada

Recordó que la Defensoría es una institución autónoma e independiente y planteó incorporar los DDHH en el currículo del sistema educativo nacional, porque considera que trabajar desde la escuela hasta la universidad logrará grandes cambios en el comportamiento de la ciudadanía.  

Manuel Alfredo Morales Álvarez, Psicólogo

Calificó el trabajo de la Defensoría como el de una ONG e indicó que no hizo un seguimiento profundo de los casos. Ante ese panorama planteó  cumplir a cabalidad las funciones de la entidad que representa al pueblo boliviano, tomando acciones en el ámbito legislativo con más fuerza y sin miedo a represalias.

Alberto Moscoso Flor, Proyectista

Planteó actualizar la Ley 1818 de la Defensoría del Pueblo; monitorear de forma permanente las necesidades de los sectores de la sociedad civil para tomar acciones inmediatas y prevenir futuros conflictos. Sugirió tener menos acercamiento con la Iglesia para tener un rol más protagónico.

A un día de la consulta constitucional, la campaña proselitista se intensifica en las redes sociales a pesar del silencio electoral. Dos expertos sugieren al Tribunal Supremo Electoral (TSE), paliar la falencia con una normativa que controle y regule el ciberespacio.

Según un análisis del ciberactivista Tonny López, al no haber un reglamento en el uso de redes sociales, en Bolivia el ciberactivismo no termina con el cierre de campaña. Explicó que hay tendencias en las estrategias digitales afines al referéndum, como: #Fondioc, la corrupción del exfondo indígena; #AGL, título académico y libreta de servicio militar del vicepresidente Álvaro García; #Zapatazo, el escándalo y tráfico de influencias del presidente Evo Morales con Gabriela Zapata; el #Sí y #No, discusión sobre el referéndum electoral y #ElAlto, que hace referencia a los muertos y heridos en la Alcaldía de El Alto.

“El senador (Arturo) Murillo hizo conocer video que evidencia nefasta acción de Elío en la tragedia que vivió El Alto #NOMas”, publicó en su Twitter el líder de la opositora Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina. Mientras que el oficialismo viralizó, a través de las cuentas institucionales de las reparticiones del Estado, el tuit #BoliviaPositiva. “#GringoGonzales (presidente del Senado, José Alberto Gonzales): No recuerdo una campaña electoral tan sucia como la que tenemos ahora #BoliviaPositiva”, publicó la Cámara de Senadores en Twitter .

En Facebook hay cerca de 73 páginas y 116 grupos por el No; mientras que el oficialismo maneja 36 páginas y 29 grupos por el Sí. Los perfiles que hacen campañas en su mayoría son falsos o sin una credibilidad y los perfiles reales se abstienen o tratan de no involucrarse a esta guerra del ciberespacio, señala López en su estudio.

En Twitter existen 1.089 cuentas que hacen tráfico y campañas por el Sí y el No, pero las cuentas en su mayoría son anónimas y algunas sirven solo para posicionar, compartir contenidos, mencionar y comentar. “Las redes sociales tomaron protagonismo en la agenda y acciones sociales de varios medios de comunicación y ciudadanos”, aseguró el ciberactivista.

ANÁLISIS. El experto explicó que el tráfico del uso en Facebook, Twitter, WhatsApp y YouTube subió, lo que puede corroborarse mediante herramientas de monitoreo. A ello se suma que varios grupos y activistas en las redes sociales esperan controlar el voto.

La presidenta del Órgano Electoral, Katia Uriona, dijo en una entrevista a La Razón, que no tienen tuición sobre el uso de las redes sociales durante las campañas, porque hay términos de que es un espacio de libre expresión y al protegerse en el anonimato se pueden generar diferentes opiniones.

Para Marcelo Durán, consultor en comunicación y tecnología, a diferencia de elecciones pasadas, la ciudadanía se apropió de la tecnología. “La población quiere tener un control social sobre el tema y el Tribunal debería usar las redes sociales para enseñar a la gente que éste es un proceso de todos y que use la tecnología para denunciar y comentar”, recomendó.

Durán consideró que la falta de una normativa electoral menos “subjetiva” en redes sociales es una de las grandes debilidades del TSE. “Es necesario que se aclaren y transmitan cómo es el tema de regulación en redes, porque ahí otra vez estamos en tierra de nadie”, remarcó el activista.

Explicó que hubo una gran ausencia del Órgano Electoral en el control de la guerra sucia del proselitismo, porque debió tener un papel más importante para encauzar con mayor firmeza las publicaciones privadas.

Entre tanto, el TSE informó desde sus cuentas oficiales en redes sociales sobre las prohibiciones y dudas que existen sobre el proceso electoral del domingo.

“Deseamos aclarar que no existen restricciones en cuanto a la ropa que utilicen los ciudadanos. Las mismas solo se aplican a los y las delegados de cualquier opción”, publicaron ayer en su página de Facebook.

Twitter y facebook,  en carrera

Falsas

En Facebook hay cerca de 73 páginas y 116 grupos por el #NO. El oficialismo maneja 36 páginas y 29 grupos por el #SÍ. Los perfiles que hacen campaña en su mayoría son falsos.

Anónimos

Existen cerca de 1.089 cuentas que hacen tráfico y campañas por el #SÍ y por el #NO en la red de Twitter. Las cuentas en su mayoría son anónimas.

Se prohíben tomas de celulares y cámaras

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) restringió el uso de celulares con cámara, filmadoras, cámaras fotográficas y dispositivos similares al momento de sufragar en el referéndum del domingo, según un instructivo. La finalidad es preservar el secreto del voto.

Las personas que porten cualquiera de estos dispositivos, antes de ingresar al recinto de votación tienen que entregarlo al jurado electoral. Tras emitir su voto, se les devolverá el dispositivo junto a su documento de identidad y el certificado de sufragio. Cada Tribunal Departamental hará cumplir la Ley 26 del Régimen Electoral que establece como falta electoral la violación del secreto del voto por cualquier medio. 

Veedores populares vigilarán referéndum

Dirigentes sociales de seis países participarán del proceso de consulta

Yuri Flores – La Paz

Cerca de 20 representantes de organizaciones sociales e indígenas de seis países de la región llegaron ayer a Bolivia para participar como veedores populares en el referéndum constitucional de este 21 de febrero. El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Feliciano Vegamonte, anunció que estos delegados sociales de Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay y Venezuela estarán en los departamentos de La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz para apreciar el desarrollo del proceso.

“Han venido como veedores populares a solicitud del pacto de unidad para que el domingo la democracia sea de una manera más transparente posible, ellos serán los testigos más que todo del escenario democrático que se va a desarrollar en el pueblo boliviano”, manifestó el dirigente.  

Agradecimiento. En tanto, el representante del Movimiento Popular la Dignidad Túpac Katari de Argentina, Julián Bokser, agradeció la invitación del pacto de unidad y sostuvo que en grupos de dos personas estarán recorriendo los diferentes recintos electorales. “Hemos respondido a esta convocatoria del pacto de unidad con nuestros esfuerzos para poder estar aquí fortaleciendo la diplomacia de los pueblos, estamos seguros que el pueblo boliviano va a dar otra lección de madurez democrática este domingo”.

Además de los veedores populares, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), confirmó la presencia de observadores de la OEA, Unasur, Mercosur, y de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.