La aprobación de la Ley de Acceso y Difusión de la Información Pública Municipal efectuada por el Concejo de La Paz, que establece que hay datos e informes confidenciales, abrió un debate sobre la reserva. Ayer el presidente del Legislativo, Pedro Susz, argumentó que se impondrá la reserva en pocos casos, cuando los datos puedan afectar la seguridad pública o la dignidad personal.
“Si una embajada quiere adquirir un inmueble, en aplicación de normas internacionales puede solicitar que los planos no sean de acceso público, por una cuestión de seguridad”.
Susz añadió a modo de ejemplo que un funcionario con VIH-sida puede pedir que ese dato personal no sea divulgado.
La norma —que debe ser promulgada y reglamentada— dispone que una petición puede ser rechazada únicamente cuando haya sido clasificada como reservada “en forma previa a la fecha de solicitud”.
Entre la información catalogada como tal, está la que hubiera “sido entregada (…) con carácter confidencial”, la que se refiera a “información personal” o la que esté “protegida por la legislación” edil, departamental o nacional (artículo 20).
En esta categoría también entra “aquella que sea determinada por el Alcalde o por la mayoría absoluta del pleno del Concejo” con base en un informe técnico legal de la unidad que requiera proteger esos datos y un dictamen de un Comité Municipal de Consulta.
La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia saludó el martes la aprobación de la ley, pero lamentó que haya datos confidenciales en el ámbito local. La norma también fija los contenidos mínimos del sitio web de la Alcaldía —que contribuirá a transparentar la gestión—, el que debe ser actualizado de forma permanente.