Seis días antes de que fuera violada y asesinada brutalmente, Sara Ch. M., de 18 años, fue atacada por un individuo que intentó abusar de ella. La Policía capturó al agresor, quien, sin embargo, recobró la libertad sin cargos, denunció ayer la abogada Paola Barriga. El crimen fue perpetrado el domingo 17 de enero en el barrio Alto Las Nieves, del Macrodistrito Cotahuma. Barriga cuestionó el informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y el trabajo de la fuerza pública.
Ese día, la joven fue a lavar ropa a un río, detrás de la estación de la Línea Amarilla de Mi Teleférico, pero no volvió a casa. Al día siguiente, su padre fue a buscarla y encontró su cuerpo sin vida con múltiples lesiones y claros signos de violación.
“Lo que más nos indigna es que el certificado forense establece como causa de la muerte asfixia por estrangulamiento, cuando ni siquiera tiene un surco equimótico, y sí lesiones en todo el cuerpo, porque además fue vejada, tiene un corte en el cuello y murió por desangramiento”.
Discriminación. Según la defensora, el cadáver presentaba fracturas en costillas y piernas, y hematomas en el rostro, brazos y caderas, pero ninguna de estas lesiones figura en el protocolo de autopsia suscrito por la forense Yesica B. D. La Razón no pudo contactar con ella y tampoco con Julio Dalence, responsable nacional de Medicina Forense del IDIF. La entrevistada cuestionó el hecho de que los restos de la joven hayan permanecido tres días en la morgue sin que se le practique la autopsia.
“La Justicia no es igual para todos. En el caso Varinia (Buitrago) se encontró el cuerpo y al día siguiente se realizó la autopsia y un día después ya se tenía a una persona detenida; en cambio, para la gente pobre existe discriminación”, denunció.
Al respecto, Teófila Guarachi, representante de la Defensoría del Pueblo, dijo que “lo que tienen que hacer los operadores de justicia es atender con la misma prontitud cualquier caso, los que se mediatizan y los que no, porque de por medio hay un ser humano que está siendo vulnerado en sus derechos”.
El 10 de enero, Sara fue atacada por un hombre cuando retornaba caminando a su casa tras visitar a su madre internada en el hospital Juan XXIII. “Un hombre intentó abusarla en la avenida Buenos Aires. Ella se defendió, pidió auxilio y llegó una patrulla de 110 que lo aprehendió y a ella la llevaron a su casa”. La abogada presume que fue él quien la volvió a atacar. “Son seis días de diferencia y si esta persona ya era violenta, al verse acorralado (sic) por la Policía, la conducta de un sicópata es reaccionar como una venganza”.
Hasta la fecha no se cuenta con los datos ni la identificación de dicho sujeto, por lo que Barriga pone en entredicho la labor de la fuerza pública “¿Por qué no se lo detuvo? ¿Por qué no se conoce qué patrulla fue la que lo condujo y a qué retén policial lo llevó?”. La entrevistada anunció que el lunes recorrerá los módulos policiales de Cotahuma hasta encontrar dónde fue conducido el individuo, para obtener los datos del atacante.
Tipificado como asesinato
Evidencias
Según Barriga, el agresor debe tener algunos rasguños, porque la joven se habría defendido. Pero “como las investigaciones demoran tanto, se están perdiendo las evidencias”.
Tipificación
Este caso se encuentra en la División Homicidios, ya que fue tipificado como asesinato y no como feminicidio. Según la ley, comete ese delito quien mata a una mujer “cuando el hecho ha sido precedido por un delito contra la libertad individual o sexual”.
Pena atenuada para feminicida de 15 años
Daymira Barriga
Luis A., de 15 años, fue sentenciado el jueves a seis años de privación de libertad en el centro de menores infractores Fortaleza, de Santa Cruz, por el feminicidio de su pareja, Fabiola Mercedes R. R., de 16 años, la noche del martes 27 de enero.
El quinceañero se sometió a un juicio abreviado y gracias al nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, aprobado en 2014, fue beneficiado con el principio de responsabilidad penal atenuada incluido en esa norma. El artículo 268 establece en el parágrafo I) que “la responsabilidad penal de la o el adolescente será atenuada en cuatro quintas partes respecto del máximo penal correspondiente al delito establecido en la norma penal” y en el II) dispone que: “para delitos cuyo máximo penal esté entre 15 y 30 años en la Ley Penal, la sanción deberá cumplirse en un centro especializado en privación de libertad”.
La noche del martes, en Villa Primero de Mayo de Santa Cruz de la Sierra, Luis A. agredió a su pareja; golpeó repetidas veces su cabeza contra la pared del dormitorio hasta desmayarla y luego la arrastró al baño donde la estranguló, reportó el corresponsal de La Razón.
Después, con el objetivo de simular un suicidio, pasó su cinturón alrededor del cuello de su víctima, colgó su cuerpo del tubo de la ducha y salió a pedir auxilio a los vecinos. Sin embargo, sus contradicciones y los hematomas encontrados en el cuerpo de la muchacha lo delataron y tuvo que confesar el crimen.
Para justificarse alegó que Mercedes quería dejarlo para volver con su exenamorado, y que eso lo enfureció. La audiencia se realizó a puerta cerrada debido a que el imputado es menor de edad, mientras la víctima era sepultada por sus familiares, quienes exigían justicia. La madre de la adolescente advirtió que el asesino, quien recuperará la libertad a los 21 años, es un peligro para la sociedad.