En junio de 2015, Basilia H. M., de 37 años, fue asesinada presuntamente por su pareja en una de las piezas de un alojamiento de la avenida Entre Ríos de la zona Cementerio en La Paz. El caso aún es investigado.
La inseguridad es uno de los 10 problemas detectados en estos establecimientos por la Dirección Departamental de Turismo y la Unidad de Certificaciones y Control, del Gobierno Departamental de La Paz, y el Viceministerio de Defensa del Consumidor.
Unos son culpa de administradores o dueños, y otros, de las instancias públicas que no ejercen sus atribuciones.
La mayoría —se calcula que un tercio— opera en la ilegalidad; no ofrece seguridad a sus clientes, solo el 20% entrega partes diarios a las autoridades.
También incumplen las condiciones mínimas de salubridad e higiene —que pueden ocasionar al menos tres tipos de afecciones cutáneas—, son usados como moteles o lenocinios, no entregan facturas y terceros figuran como propietarios.
Repaso. Entre las responsabilidades omitidas por las autoridades están: la ausencia de un registro de esta actividad económica, lo que permite que decenas funcionen al amparo de la ilegalidad; la falta de un tarifario oficial y de inspecciones periódicas, etc.
En la sede de gobierno hay 257 establecimientos de hospedaje: 95 alojamientos (34 de clase A y 61 de clase B), 63 hoteles, 60 hostales, 16 residenciales, 11 casas de hospedaje, 10 aparthotel, entre otros, informa Joel Sánchez, responsable del Control y Fiscalización de Operadores Turísticos y Hospedajes de la Gobernación paceña.
Sin embargo, esta repartición calcula que hay 128 ilegales.
Guillermo Mendoza, viceministro de Defensa del Consumidor y exconcejal, considera que la cifra de 95 alojamientos “queda chica (…), seguro se triplica”. Entonces la falta de un registro es la primera asignatura pendiente para evitar que operen en la ilegalidad.
Por ello, la entidad autónoma anunció un censo para tener una base de datos digital.
La falta de un tarifario oficial es la segunda. El 11 de febrero, La Razón pagó Bs 60 por una pieza de un alojamiento en la zona Garita de Lima, que no tenía la autorización de la Gobernación y solo operaba con la patente municipal. Miriam Katari, directora departamental de Turismo, opina que esta anomalía terminará cuando La Paz cuente con una ley del turismo.
El proyecto de norma trabajado durante seis meses fue devuelto por la Asamblea Legislativa del departamento.
En su recorrido, este diario preguntó precios en tres posadas. En la calle Antonio Gallardo, una cobra Bs 25 la noche; en la avenida América, otra pide Bs 80 y en la Garita de Lima, la tercera exige Bs 60. Ninguna de las piezas cuenta con baño privado.
En tercer lugar, hay posadas que no garantizan la seguridad de sus clientes. Cuando este medio se alojó en una hospedería en la Garita de Lima, constató que la chapa de la puerta no tenía seguro, y que cualquiera podía ingresar.
“Nos han reportado que, en algunos casos, se pierden las pertenencias de los huéspedes”, admite el funcionario de la entidad territorial autónoma. La cuarta anomalía es que de los 257 establecimientos, solo 20%, es decir 51, entregan sus partes diarios a las autoridades de la Gobernación y del Viceministerio de Turismo: a la fuerza anticrimen, a la fuerza antinarcóticos y al Servicio Nacional de Migración.
“Una mayoría (…), ese 80%, no lo hace porque son varias copias”, argumenta Sánchez.
En quinto lugar, la Gobernación detectó que el registro de los datos de los huéspedes es incorrecto, y este medio lo constató.
DeficienciaS. El enchufe destrozado en una pieza de un alojamiento en la Garita de Lima, donde este medio se hospedó el 11 de febrero.
Higiene. En el local de la Garita de Lima, el encargado omitió el número de carnet, escribió mal el apellido y puso otra edad, pese a que tenía en sus manos la cédula de identidad del periodista que firma esta nota.
El sexto problema es la ausencia de condiciones mínimas de higiene. “En un alojamiento que está a metros de la Terminal de Buses, las sábanas siempre están sucias, no hay papel (higiénico), jabón y menos toalla en el baño”, contó María Mamani, una joven que estuvo de visita en La Paz.
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) efectúa inspecciones periódicas, pero este medio verificó que sábanas y frazadas de la pieza de una hospedería situada en la calle León de la Barra tenían chicles pegados y que las fundas despedían mal olor.
Debido a que no ofrecen las condiciones mínimas de higiene, los clientes se exponen al menos a tres males, advierte Luis Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz: la dermatitis o inflamación de la piel, la aparición de hongos debido al contacto de sábanas y toallas sucias, y la conjuntivitis, entre otras afecciones.
“Los propietarios deben siempre tener sábanas, frazadas y otros implementos limpios”, dice Sánchez. Sin embargo, no hay quién haga cumplir la norma, porque su unidad no tiene personal suficiente. En la oficina de Control y Fiscalización de Operadores Turísticos y Hospedajes apenas hay nueve empleados.
Legalidad. El séptimo problema es que hay hospederías que son utilizadas como moteles o lenocinios. Una de ellas está ubicada en la avenida América. Al lado de recepción un cartel anuncia el servicio de damas de compañía en el tercer piso (ver foto al lado).
Mendoza, viceministro de Defensa del Consumidor, ratifica lo anterior. “Son alojamientos que tienen lenocinios”, sostiene.
“Algunos de estos sitios son utilizados para la trata y tráfico de personas”, agrega. Esa irregularidad —la octava— fue confirmada por el diagnóstico Violencia Sexual Comercial en Bolivia (2013).
El Viceministerio efectúa tres operativos mensuales a estos negocios con la Policía y Migración.
Hay propietarios que hacen figurar a otras personas como dueñas de las hospederías, novena falta. “Eso pasó cuando hicimos las verificaciones”, revela Mendoza.
Sánchez apunta la décima irregularidad: hay establecimientos que cambian de razón social sin dar parte a las autoridades. “Eso pasa incluso con conocidos hoteles que no avisan que cambiaron de nombre”, se queja.
La undécima, es que no siempre emiten factura. La Razón se hospedó por unas horas en un alojamiento de la zona norte y cuando reclamó la nota fiscal por Bs 60 el encargado respondió: “No doy factura, pero le puedo dar un recibo si usted quiere”.
La Paz pierde dinero por falta de ley del turismo
Jorge Quispe
La Gobernación de La Paz deja de percibir cada año recursos porque no cuenta con una Ley Departamental de Turismo que pueda obligar a los alojamientos a pagar una tasa anual.
Por la constitución de uno de estos negocios, el gobierno regional cobra “por única vez” entre Bs 400 y 3.000, pero los propietarios pagan aranceles anuales a Fundempresa (Fundación para el Desarrollo Empresarial) y a las alcaldías.
“Eso es lo que debemos cambiar con la futura ley”, dice Joel Sánchez, responsable del Control y Fiscalización de Operadores Turísticos y Hospedajes de la Gobernación.
Sánchez hace números. Si, por ejemplo, cada uno de los 257 hospedajes registrados pagaría Bs 1.000 anuales, la Gobernación de La Paz tendría un ingreso de Bs 251.000.
La falta de esa norma tampoco permite contar con un tarifario oficial, en función a las comodidades y servicios ofrecidos, con el fin de evitar abusos.
Las competencias de los gobiernos regionales están referidas al sistema de registro, categorización y certificación de estos establecimientos.
Pacto. Miriam Katari, directora departamental de Turismo, explica que en la gestión de Félix Patzi se presentó un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa Departamental, que la devolvió con observaciones debido a que en esta instancia el Movimiento Al Socialismo (MAS) tiene mayoría.
“Ahora organizamos mesas de trabajo con todos los actores para tener una ley que pueda permitirnos su control”.
Por ejemplo, algunos establecimientos ofrecen entre sus servicios: guías de viaje y transporte turístico, los que deben ser fiscalizados.
Katari inició los primeros contactos con los operadores para que el sector del transporte turístico sea regulado.
Sánchez, por su parte, considera que cuando se tenga la ley se podrá obligar a los administradores de estos establecimientos a entregar de manera diaria, y a través de medios digitales, su parte de clientes.
Al momento, solo 51 de 257 alojamientos, posadas y hospederías cumplen con ese requisito y lo hacen con retraso.
Identifican 2 factores que dificultan la fiscalización
Jorge Quispe
La Gobernación y las alcaldías del departamento de La Paz no coordinan a plenitud las tareas de control y fiscalización de los alojamientos debido a un vacío normativo, pero también por diferencias políticas, opinan autoridades consultadas por este diario.
“Hay un vacío competencial o de atribuciones, entre gobernaciones y alcaldías, sobre cuál instancia tiene la potestad, y eso complica las inspecciones”, sostiene el viceministro de Defensa del Consumidor, Guillermo Mendoza.
Por ello, añade, no se sabe a qué entidad le toca clausurar un alojamiento en el que, por ejemplo, “funciona un lenocinio”.
Tendencias. Otro factor que perjudica la fiscalización es el político. “Nos ha pasado que algunos municipios (donde el alcalde es de otro partido), que no nos colaboran cuando hacemos alguna inspección”, denuncia Joel Sánchez, responsable del Control y Fiscalización de Operadores Turísticos y Hospedajes del Gobierno Departamental de La Paz, dirigido por el opositor Félix Patzi.
Miriam Katari, directora de Turismo de la Gobernación, cree que aquello terminará cuando sea aprobada la Ley Departamental de Turismo, que aún es consensuada con todos los actores.
“Apuntamos a que La Paz Maravillosa —la sede de gobierno obtuvo ese título de New7Wonders— sea departamental, por eso todos debemos poner nuestro granito de arena”, agrega.