La Defensoría del Pueblo planteó ayer al Gobierno la apertura del diálogo con dirigentes de las personas con discapacidad, quienes desde fines de enero ejecutan medidas de presión en Cochabamba demandando un bono mensual de Bs 500 y la ampliación de los beneficiados.
La protesta, que comenzó en Cochabamba, donde quienes tienen problemas de motricidad recurrieron a la extrema medida de colgarse con sus sillas de ruedas de un viaducto, traspasó los límites departamentales.
El jueves 3 de marzo, discapacitados de Chuquisaca emularon a sus pares de Cochabamba y se colgaron en sus sillas de ruedas de la pasarela de la avenida Jaime Mendoza, Sucre.
El viernes 4, otro grupo se apostó frente al Gobierno Departamental de Potosí. “Estamos pidiendo un bono digno y que éste sea mensual porque el bono anual de Bs 1.000 no alcanza, muchos son padres de familia y algunos no tenemos trabajo”, explicó Sara Burgos, dirigente de ese departamento.
“El Gobierno no puede actuar con tanta insensibilidad”, dijo el defensor Rolando Villena. Hasta ahora, autoridades de los ministerios de la Presidencia y Justicia no se han pronunciado formalmente sobre la demanda.
El beneficio anual de Bs 1.000 llega solo a quienes tienen incapacidad grave y muy grave, el 40% de las 388.000 personas tienen alguna dificultad permanente. Los movilizados piden que se extienda a todos.
“La actitud de las autoridades es una vulneración a los derechos constitucionales”, aseguró ayer el defensor.