La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, aseguró que la reforma a la Ley 348, Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, es una medida “inconstitucional” y violatoria “flagrante” de derechos de las mujeres y niños y, además, plantea la impunidad.

La polémica por la Ley 348 comenzó cuando el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, dijo que era una “ley antihombres”, luego de que la senadora evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricia Arce dijera que la ley “destruyó familias”.

La legisladora presentó el proyecto de ley (PL) 143-2023-2024 de Modificación y Sistematización de la Ley del Órgano Judicial, que es una reposición del Proyecto de Ley 288 – 2021 y, posteriormente, modificar la Ley 348.

Organizaciones de mujeres consideraron que el proyecto representa un atentado y retroceso para el derecho de las víctimas de violencia al acceso a la justicia, protegido por la Constitución Política del Estado (CPE) y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia.

Denunciaron que propone modificar el artículo 94, referido al principio de veracidad, de la Ley 348, eliminando la protección de las mujeres denunciantes contra la revictimización por parte del sistema judicial.

Cruz, Paula Estenssoro (responsable de Incidencia de Católicas por el Derecho a Decidir) y Lucía Vargas (responsable de Incidencia Política de la Coordinadora de la Mujer) abordaron el problema en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

La viceministra rechazó las declaraciones de Rodríguez e informó que, desde 2013 a marzo de 2024, se registraron 443.614 denuncias por violencia contra la mujer. Del total, solo 18.459 personas están siendo cauteladas con la Ley 348.

Este número de personas cauteladas es “un 4,16% de la capacidad de respuesta de la ley”, añadió.

Ratificó que es “mentira” que todas las denuncias por parte de mujeres llevan a la cárcel a los hombres. “No es una ley antihombres”, insistió.

Develó que, en 2023, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) ha recibido 3.239 casos, en los cuales las víctimas son varones. “Es mentira que se haya utilizado la norma solo contra varones, cuando ellos también la han utilizado para ir contra mujeres”.

Lamentó que los senadores Rodríguez y Arce “están poniendo en tela de juicio” que hay un sistema patriarcal que busca un retroceso en la ley.

Por su parte, Vargas aseguró que el problema no está en el papel, sino en la implementación de la norma. “La reforma es un retroceso para los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas que denuncias ante un sistema insensible”.

En coincidencia, Estenssoro afirmó que la reforma presupone que las denunciantes mienten sobre los hechos de violencias física y sexual. Aseguró que la ley no es la que acaba con las familias, sino es la violencia machista.

“No podemos encarar esta reforma desde una perspectiva de un retroceso presumiendo que las mujeres son mentirosas”, sentenció.

Vargas afirmó que su despacho registró que del 100% de las denuncias, solo el 5 % tiene sentencia y el 95% restante no tiene un proceso abierto.

Cruz desmintió que se aplica detención preventiva solo con una denuncia interpuesta por una mujer y explicó que el principio de veracidad hace que la víctima no tenga cómo contar su abuso sexual en todas las fases del proceso.

“No necesitamos que lo repita ante la Justicia”, dijo.

Además, aseguró que la Fiscalía y la Policía deberían ser cuestionados por la mala implementación de la ley, debido a que ambas instancias son responsables de hacer las investigaciones. “Ellos deben responder”.

Insistió en que no es un problema entre hombres y mujeres, sino que es un problema estructural del sistema machista y patriarcal en el país. “¿Dónde está el juez de garantías?, que debe estar viendo que se no se apliquen medidas cautelares forzosas”.

La Ley 348 fue aprobada el 9 de marzo de 2013, luego de una serie de reclamos sobre caso de violación de derechos de las mujeres. Y la propuesta de la senadora Arce ahora pasó a revisión de la Comisión de Constitución del Senado.

Este 2024, en los primeros cuatro meses, se registraron 26 feminicidios y 16 infanticidios en el país.

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Un documental basado en un trabajo de investigación de ocho años sobre la pederastia clerical de dos jesuitas, se presentará el lunes en Barcelona, España. El trabajo audiovisual, denominado “La Fuga”, relata la impunidad de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes jesuitas.

El material audiovisual es coproducido por El Periódico, medio de comunicación del grupo Prensa Ibérica, 3Cat y Ottokar, trabajado por el periodista de este diario Guillem Sánchez, que dedicó ocho años a investigar los abusos sexuales a menores de edad en colegios religiosos.

«La fuga» traza la ruta de impunidad de los dos sacerdotes de Barcelona a Bolivia, descubre nuevas víctimas, y recoge la indignación de todas ellas al saber que continuaron atacando a niños y niñas “a uno y otro lado del Atlántico”.

El documental se estrenará el 6 de mayo en el marco del festival Docs Barcelona y el 18 de junio en ‘Nits Sense Ficció’ de 3Cat.

¿Por qué Lluís Tó y Francesc Peris, acusados de abusos a menores en los colegios de los jesuitas en Barcelona, fueron a parar a Bolivia cuando se les descubrió? ¿Por qué la Compañía de Jesús permitió que siguieran atacando nuevas víctimas a su nuevo destino? «La fuga» descubre el rastro depredador de los dos abusadores entre la capital catalana y Bolivia.

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En 1992, una sentencia pionera condenaba a dos años de cárcel al jesuita Lluís Tó por abusos a una alumna de ocho años de edad del colegio “Sant Ignasi” de Barcelona. Poco después, los jesuitas enviaban a Tó hacia Bolivia, donde trabajó en varias parroquias de El Alto. Solo unos años antes había aterrizado también Francesc Peris, del colegio de los jesuitas de Casp, donde ya se habían recibido quejas.

DENUNCIAS

Ambos acumulan ahora denuncias de exalumnos que han decidido hacer públicos los abusos y reclamar una reparación. Tó ya ha muerto y Peris envejece en una residencia. En el documental, la Compañía de Jesús pide perdón y niega que haya ningún patrón para encubrir a los pederastas.

El trabajo fue elaborado bajo la dirección de Josep Morell Feixas, Guillén Sánchez Marín y Marc M. Sarrado.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió dos nuevas alertas. Una meteorológica, por el incremento de vientos, y otra hidrológica, que anticipa la probabilidad de desborde de ríos. Asimismo, alertó de temperaturas más bajas y heladas, sobre todo en la zona del occidente del país.

La alerta meteorológica, vigente desde el pasado viernes hasta el próximo 3 de mayo, se refiere al incremento en la velocidad de los vientos que oscilan entre 50 y 80 kilómetros por hora.

El Senamhi determinó mantener la alerta para precautelar la seguridad, principalmente en la región del Norte Integrado de Santa Cruz.

Por otra parte, la alerta hidrológica, que se emitió este martes y estará vigente hasta el domingo 5 de mayo, avisa que se registrarán ascensos de nivel y desbordes de los ríos Grande, Pilcomayo, Parapetí, Mamoré, Chapare, Ichilo y Beni en los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Beni.

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Temperaturas

De acuerdo con los pronósticos del Senamhi, las temperaturas bajan paulatinamente en la región del occidente, pero la disminución será mucho mayor en mayo.

“Está programado el descenso paulatino de temperaturas. Las mínimas van a ir descendiendo más en las próximas semanas y fundamentalmente en mayo”, informó el Senamhi.

Según los datos del clima, ya se registraron heladas meteorológicas con temperaturas por debajo de 0 grados centígrados.

Para este último día del mes de abril y los primeros de mayo se prevé para las ciudades de La Paz y El Alto cielos despejados y poco nubosos por las mañanas. Así como mayor presencia de humedad y nubes por las tardes, así como probabilidades de lluvias dispersas.

(30/04/2024)

El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor informó este martes que aquellos colegios privados que incrementen las pensiones escolares en la presente gestión recibirán sanciones que constan del 10% de sus ingresos mensuales.

Jorge Silva, viceministro de Defensa al Consumidor, precisó que el Gobierno hará cumplir la resolución 001/2024 que establece el no incremento de pensiones.

“La educación es un derecho humano y prioridad del Estado, entonces emitir una resolución así amerita una sanción, en el caso de que alguna unidad educativa que no respete la resolución ministerial se la va a sancionar con el 10% de sus ingresos mensuales”, dijo Silva. 

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Pensiones

La autoridad exhortó a los padres de familia a coadyuvar con las denuncias si son objeto de esas vulneraciones.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la resolución del Ministerio de Educación, pero va a depender mucho de los padres porque en pasadas gestiones íbamos por la misma vereda y no faltaban familias que no hacían respetar las normas”, acotó.

Silva señaló que las familias tienen el derecho a denunciar estos incrementos ante las autoridades pertinentes, sin la necesidad de presentar memoriales ni identificarse. 

“Lo que se tiene que hacer es denunciar a la unidad educativa y para ello no se necesita memoriales ni identificarse los padres por temor a represalias con sus hijos, pero sí hacernos conocer que están incumpliendo para hacer remitir al ministerio esta denuncia”, enfatizó el viceministro. 

La Asociación Nacional de Colegios Privados (Andecop) informó en las últimas horas que se determinó un aumento entre el 3% y el 8% de las pensiones tras el anuncio del gobierno sobre el incremento salarial. Agregan que el porcentaje del aumento será proporcional al incremento salarial.

Colegios privados

La postura de los privados consiste en que el incremento salarial anunciado por el Gobierno representa más importes para las unidades educativas.

“Se incrementa más del 3%, casi triplicando, es por eso que estamos obligados a un incremento. Porque ha sido un golpe muy duro para la mora de ingresos, aunque no pague el padre de familia también tenemos que cumplir con impuestos». Eso dijo el vocero de Andecop, Antonio Villena.

Ante esa perspectiva, el representante de los colegios privados descartó la retención de libretas. Así como impedir que los alumnos ingresen a las aulas si sus padres no acatan los aumentos de pensiones.

(30/04/2024)

Amigos a los que llamó Joel P. tras la desaparición de Odalys, el 30 de marzo, ahora se encuentran en la mira de la Justicia. Este lunes, Amilkar S. declaró en la Fiscalía, sindicado del delito de trata y tráfico de personas, y la decisión fue que se defienda en libertad.

Desde el 30 de marzo, no hay rastros de Odalys Vaquiata, de 28 años, quien ese fin de semana salió de paseo con su pareja al norte de La Paz. Búsquedas por tierra y aire, con policías, militares y canes especializados, no han dado resultados para despejar este misterio.

El principal sospechoso es su novio, quien tras estar con detención preventiva en el Centro de Rehabilitación y Reinserción de Qalauma, este lunes fue remitido al penal de Chonchocoro, en Viacha, tras descubrirse que portaba celulares y por brindar entrevistas a medios.

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“Mi defendido ha brindado una declaración desde las tres de la tarde. La señora fiscal le ha recomendado no emitir criterio alguno. El cuaderno de investigaciones se encuentra en reserva y nos encontramos contentos porque asumirá su defensa en libertad”, dijo la abogada Mónica Irusta.

Amilkar resultó sindicado tras las declaraciones de Joel P., quien indicó a la Fiscalía que el 31 de marzo se contactó con él, quien le aseguró que había visto a Odalys en Coroico. Ello provocó que el joven niegue cualquier relación con el caso: aseguró que ni siquiera conocía a Odalys.

Más aún, dijo que no tiene contacto con la pareja de la mamá desaparecida desde hace cinco años, cuando fueron compañeros de universidad. “Que diga la verdad, que deje de seguir implicando a más personas que no tenemos nada que ver, que existen familias también detrás de nosotros”.

Esas declaraciones las brindó el martes 23. Su abogado, en puertas del Ministerio Público de La Paz, aclaró que la calidad de sindicado de su defendido no sufrió ningún cambio y remarcó que se colaborará en la investigación. “Ha sido una declaración extensa”, aseveró la jurista.

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“En realidad, este ciudadano (Joel P.) ha realizado varias llamadas telefónicas, a varios amigos. Todos ellos están en calidad de investigados. No tengo mayor conocimiento, el cuaderno está en reserva, solo me interesó que mi defendido no sea aprehendido porque no tiene nada que ver”.

Joel P. está en la mira porque fue la última persona que vio a Odalys. Negó cualquier participación en su desaparición, aunque las autoridades lo señalan por incurrir en contradicciones. Más aún, el viceministro Jhonny Aguilera lo llamó “mentiroso”. Este martes se cumple un mes de lo sucedido.