Sociedad

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Unos 1,7 millones migraron a la clase media ‘vulnerable’ en 10 años

Si bien el estudio del PNUD identifica una transformación social en 20 municipios metrópoli de tres departamentos, se aclara que la brecha campo-ciudad persiste

/ 22 de marzo de 2016 / 06:08

El séptimo informe sobre desarrollo humano: El nuevo rostro de Bolivia, del PNUD, identifica que en la última década unos 1,7 millones de personas pasaron de la clase baja a la media “vulnerable”. El dato se registra en 20 municipios urbanos del eje troncal.

“El informe destaca que en la última década el país pasó del 56% de pobreza al 39%; esto significa que Bolivia sacó de la pobreza al 17% de la población, que pasó a un estrato medio, pero muy vulnerable”, señaló a La Razón el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Mauricio Ramírez.

Este hallazgo está en el informe nacional El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización, que el organismo presentará hoy, a las 19.30, en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). La investigación fue realizada en 20 municipios urbanos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

Según el coordinador del informe, Ernesto Pérez, la inclusión de dicho 17% a la clase media “vulnerable” tiene dos orígenes: la primera es toda la transferencia de gasto social del Gobierno a los hogares, como bonos y programas;  y la segunda es el ingreso laboral.

Pérez mencionó que estudios internacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del PNUD y del Banco Mundial (BM) indican que el 84% de la mejora se debe al mercado laboral y el 15%, a las políticas del Gobierno nacional.

Para el analista de temas laborales Rodolfo Eróstegui, el ascenso social a la clase media no se puede dar en una década, sino que se consolida a través de generaciones, de hijos a hijos. Ramírez señaló que en el ámbito del país hay una clase media que ocupa el 22%, un grupo que tiene nivel de educación y formación, acceso a la seguridad social y mayor estabilidad económica.

Riesgos. Explicó que se considera “vulnerable” a este 17% porque en el caso de presentarse una “gran” inflación, los precios de los servicios y alimentos subirían, y esta población no tendría la capacidad de adquisición, por lo que subirían los niveles de pobreza.

Si bien hay una reducción de la pobreza en el área metropolitana, aún hay una brecha respecto al área rural. “No debemos olvidar las áreas rurales, es ahí donde hay núcleos más duros de desafíos en términos de desarrollo, hay una desigualdad”, apuntó Pérez. Agregó que gracias la inversión social, traducida en bonos y programas, se logró que los 1,7 millones engrosen a la clase media y mejoren su calidad de vida.

No obstante, resaltó que es necesario formular políticas con un carácter integral, que garanticen el bienestar de la población, el acceso a niveles de educación de alta calidad, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos, porque este grupo será demandante.

Pérez destacó que en estos 10 años, Bolivia llevó adelante cambios en lo político, social y económico, lo que fue positivo en el desarrollo del país, pero sugirió hacer mayores esfuerzos, más aún cuando la población urbana crece.

Bolivia concentra el 46% de la población en tres áreas metropolitanas: La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, Achocalla, Viacha y Laja (La Paz); Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba (Cochabamba); Santa Cruz, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno, Warnes (Santa Cruz).

Los datos señalan que en La Paz y El Alto está la mayoría de la población, con el 18%; Santa Cruz tiene el 17%; Cochabamba, el 11,3%. Ramírez destacó que en medio siglo, desde 1950, Bolivia pasó de un país con 80% de población en área rural y 20%, urbana, a 70% de área urbana y  30%, rural.

6 de 10 ganan más de Bs 1.656

Seis de cada 10 ocupados, dentro de las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tienen ingresos laborales por encima del salario mínimo (Bs 1.656), pero la calidad de sus condiciones laborales es baja, según el último informe nacional del PNUD.

El documento titulado El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización identifica, además, que solo dos de cada 10 ocupados combinan ingresos y condiciones laborales adecuadas.  El estudio señala que en las regiones metropolitanas solo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 28% cuenta con seguro de salud, el 29% tiene un contrato escrito y el 57% trabaja una jornada aceptada como normal, de 48 horas.

El mercado de trabajo metropolitano se refleja en al menos cuatro grupos según el nivel de ingresos y calidad de empleo:  altos ingresos con alta calidad de empleo (hidrocarburos y bancos); altos ingresos y baja calidad de empleo (construcción e industria); alta calidad con ingresos bajos (maestros y funcionarios) y bajos ingresos y mala calidad de empleo (servicio doméstico).

Estas diferencias entre la actividad económica y los sectores del mercado de trabajo son determinantes de las brechas en los ingresos y la calidad no remunerativa del empleo. El PNUD recomienda incentivos a ciertos sectores económicos mejorar las condiciones de calidad de trabajo.

Inseguridad se concentra en la región metropolitana

Aleja Cuevas, Wilma Pérez

El crecimiento demográfico y las mejoras sociales y económicas en el país tienen también como efecto la concentración de altos porcentajes de delitos en las regiones metropolitanas, y a ello se suma el aumento de percepción de inseguridad de los ciudadanos. El informe plantea enfrentar esta problemática de una manera distinta.

El informe de desarrollo humano de Bolivia, en el capítulo Una agenda de seguridad ciudadana metropolitana. Elementos para una propuesta integral, argumenta que “la mayoría de los homicidios y robos agravados ocurren en las tres regiones metropolitanas del país, mientras que las violaciones se producen afuera”.

Cabe señalar que la cifra oculta del delito llega al 74%, es decir que solo tres de cada 10 personas denuncian el delito del cual han sido víctimas. Además, señala el documento, es notoria la incidencia de estos delitos en personas menores de 30 años, y es el caso de violación el más crítico, porque la mayoría son menores de 17 años.

Respecto a las causas de delitos, se identificó que la mayoría de los que están involucrados son personas que experimentaron alguna forma de fractura familiar, rezago escolar o falta de trabajo.

El informe recomienda que el enfoque integral para abordar la problemática debe tener los elementos de “la promoción de un crecimiento urbano incluyente, equitativo y de calidad”. Agrega que es imprescindible potenciar el trabajo de las alcaldías en la prevención de las causas de la inseguridad, en el fortalecimiento de la cultura ciudadana y potenciamiento de la Policía.

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En Pando hay una demora de resultados de 600 pruebas COVID-19

El dirigente del Colegio Médico de este departamento asegura que al menos 450 darán positivo. Hace 12 días no hay reactivos para su laboratorio GeneXpert.

/ 1 de julio de 2020 / 00:17

El presidente del Colegio Médico de Pando, Andrés Antezana, informó a *La Razón* que hace 12 días el laboratorio GenXpert de ese departamento no realiza las pruebas COVID-19 por falta de reactivos y que están a la espera del resultado de unas 600 muestras enviadas al Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y al Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa).

“Hace 12 días que no se realizan las pruebas, se han tomado unas 600 muestras, de las que estamos seguros que el 75% son positivos”, advirtió Antezana.

Hospitales colapsan

De acuerdo con galeno, los establecimientos de salud de Cobija están colapsando con pacientes COVID-19. En el caso de hospital de tercer nivel Hernán Messsuti Ribera, hay 12 pacientes internados dependientes de oxígeno y se habilitaron 20 camas, con lo que se halla al 90% de su capacidad.

En los otros hospitales como el Roberto Galindo Terán, Perla del Acre y la Caja Nacional de Salud (CNS) tienen tubos de oxígeno en una cantidad “limitada”, afirma. “La Caja tiene 12 camas con pacientes positivos entre moderados y críticos, está al 100 por ciento”.

Falta de coodinación

Antezana observó que en Pando existe una falta de coordinación entre alcaldías, gobernación y gobierno central. “No se ponen de acuerdo en las ayudas, en la inversión con las necesidades que tenemos, es preocupante. El director del Sedes no asume la rectoría, el hospital COVID tiene una serie de aspectos incompletos, lo único rescatable es que dispone de oxígeno las 24 horas”.

Ante esta situación, el Colegio Médico de Pando anunció que apelarán a la Fiscalía Departamental para exigir a las autoridades responder a las necesidades en salud, de lo contrario estarían incurriendo en incumplimiento de deberes.

“Se ha determinado en las próximas horas, la denuncias por incumplimiento de deberes a la Fiscalía departamental para que de una vez existan responsables de todo el problema que estamos acarreando, seguiremos trabajando, pero con las condiciones que ameriten”, dijo Jimmy Panozo, del Colegio Médico de Pando. 

Este medio intentó comunicarse con el director del Sedes Pando, Danny Mendoza, para saber sobre el estado de la situación del sistema de salud en esta región, pero la autoridad no contestó las llamadas.

En tanto, el responsable de Epidemiología, Rodolfo Villarroel, señaló, a través de un video en Facebook de Sedes Pando, que el reporte de nuevos casos de este martes es preliminar, ya que esperan respuestas de La Paz y Santa Cruz. “Queremos decir que este es un informe parcial y, aproximadamente en 72 horas vamos a tener la respuesta de todo lo que se ha enviado a la ciudad de Santa Cruz y La Paz (en cuanto a) las muestras”.

El Ministerio de Salud reportó este martes un total de 27 decesos en el departamento por causa del COVID-19, pero según el informe de José Bernardo Condori, director del Servicio Municipal de Aseo Urbano (Semasur) de Cobija, solo en este municipio fallecieron 46 personas por esta causa.

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Oncológico de la Caja Nacional de Salud de La Paz cierra por casos de COVID-19

El 10% de sus trabajadores dio positivo. Se le tomó muestras al resto. Algunos pacientes con el virus fueron derivados a El Alto

/ 30 de junio de 2020 / 21:59

El Centro Oncológico de la Caja Nacional de Salud (CNS) de la zona Sur (entrada a Mallasa) de La Paz cerró “temporalmente” sus servicios desde este martes, luego de reportar 10 casos positivos de COVID-19 en su personal de salud, que llega a las 100 personas.

“Evidentemente, como en todos los establecimientos de salud, tanto de los entes gestores de la seguridad social y del sector público, nuestro hospital oncológico tiene casos positivos. Ante esa situación se decidió el cierre temporal para la desinfección del oncológico, sin embargo, estamos atendiendo a los pacientes que están internados, con todas las medidas de seguridad”, informó a La Razón el administrador Regional La Paz de la CNS, Israel Fuentes.

Los 90 trabajadores fueron sometidos a las pruebas pertinentes y se decidió que trabajen por turnos. El reinicio de las actividades en el oncológico está en función a los resultados. “Por el momento me atrevo a decir que tardaríamos unos tres días, pudiendo esto prolongarse, según cómo salen los resultados de todo el personal”, anticipó Fuentes.

También pacientes

El galeno agregó, sin precisar cifras, que hay pacientes internados a quienes se les hizo el estudio y dieron positivo; luego, se activó el protocolo respectivo y fueron transferidos al Hospital Obrero COVID-19 de la CNS, ubicado en la zona Santiago II, de El Alto.

“No podría darle el número exacto, pero son más de dos pacientes oncológicos con COVID-19 que están allá”, dijo.

Actualmente, el Centro Oncológico tiene 10 pacientes en atención continua que, según su evolución, serán externalizados en los siguientes días.

(30/06/2020)

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Identifican a 820 personas contagiadas, gracias al Call Center COVID-19

25% de los casos sospechosos dieron positivo. Las líneas gratuitas 800-10-1104 y 800-10-1106 atienden las 24 horas, los siete días de la semana.

/ 30 de junio de 2020 / 20:14

El Call Center (centro de llamadas) COVID-19 del Ministerio de Salud recibió, entre el 16 de marzo y el 23 de junio, 219.863 consultas, de las cuales se identificaron a 3.278 personas sospechosas de portar el coronavirus y de este total, unas 820 (25%) dieron positivo.

“De esos 3.278 pacientes, a través del seguimiento que se ha hecho con los centros Telesalud, alrededor del 25% (820) ha dado positivo”, dijo este martes el responsable Nacional del Programa Telesalud, Juan Pablo Escalera, durante la presentación preliminar de los resultados del centro de llamadas.

El Call Center COVID-19 inició su servicio el 16 de marzo, una semana después del brote del coronavirus en el país; 108 médicos del Programa Telesalud, Bono Juana Azurduy, Escuela Nacional de Salud y médicos del Programa de Salud Familiar Comunitaria e Intercultural (SAFCI) atienden a la población 24 horas, los siete días de la semana.

Se habilitaron las líneas gratuitas 800-10-1104 y 800-10-1106 con el objetivo de captar posibles casos de coronavirus, realizar el tele-triage y coordinar la activación de equipos médicos de respuesta rápida. A través del Call Center y del Programa de Telesalud “seguimos esforzándonos en hacer seguimiento y apoyo a la contención de la enfermedad”, remarcó Escalera.

(30/06/2020)

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Potosí ingresará en una cuarentena dinámica que durará 15 días

Los trabajadores de actividades económicas podrán prestar servicios de 07.00 a 15.00, con tolerancia de una hora para el traslado hasta sus domicilios.

/ 29 de junio de 2020 / 22:59

El municipio de Potosí resolvió este lunes ingresar en cuarentena dinámica condicionada a partir del miércoles 1 de julio. Este departamento registró en esta jornada 23 nuevos casos COVID-19 y con esta cifra el total acumulado es de 664 personas contagiadas.  

“La cuarentena dinámica progresiva, bajo la modalidad de riesgo alto, con responsabilidad participativa, será por 15 días”, puntualizó el alcalde de esta ciudad Luis Alberto López.

Los ciudadanos que sean sorprendidos en vía pública serán detenidos por efectivos del orden público y sometidos a las sanciones que establece la normativa local, apuntó la autoridad.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) Potosí acumuló en esta jornada 664 casos positivos al COVID-19, 50 personas recuperadas y 17 decesos. Este departamento es el sexto con más infectados con el virus.

Tras una evaluación de detalle sobre impacto del coronavirus en esa región, el Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) resolvió el fortalecimiento de los centros de aislamiento, con el equipamiento necesario y la renovación de contratos del personal a cargo.

Entre las medidas de contención y prevención adoptadas, el COEM determinó que el Sedes  continúe con el rastrillaje de casos casa por casa y el proceso de desinfección de las vías públicas y centros de abasto, bajo un cronograma aún por definir.

(29/06/2020)

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Chuquisaca utilizará dióxido de cloro para tratar pacientes con COVID-19

En Oruro y Pando no descartan emplearlo en pacientes con el virus. El Ministerio de Salud declaró que su uso en Bolivia es “ilegal” y advirtió sobre efectos secundarios.

/ 29 de junio de 2020 / 20:18

El Servicio Departamental de Salud (Salud) Chuquisaca incluirá el dióxido de cloro en el kit de medicamentos para tratar a los pacientes sospechosos y positivos al COVID-19, pese al comunicado que emitió el sábado el Ministerio de Salud en el que estipula como “ilegal” su uso. En Oruro se espera la respuesta del comité científico para emplearlo como tratamiento en los enfermos y en Pando no descartan su aplicación. 

“Hay un plan de activación de grupos de rastrillaje en los primeros niveles (…) para esto se ha diseñado un kit de medicamentos que incluye la ivermectina, pero también el dióxido de cloro”, anticipó el director del Sedes, Enrique Leaño.

El galeno informó que iniciarán la aplicación del dióxido de cloro y la ivermectina en los pacientes asintomáticos, “altamente” sospechosos y positivos al COVID-19 a partir de la próxima semana, previa una capacitación del personal.  “Al ser un medicamento que está demostrando ser eficiente (pero por) no tener un protocolo a nivel mundial que nos diga cuál es el tratamiento específico, entonces, (será) bajo la supervisión médica, el estricto control y el seguimiento por el personal médico”.

Oruro y Cobija contemplan su uso

Oruro también analiza la incorporación del dióxido de cloro para tratar el COVID-19. “Hemos enviado una nota al comité científico para considerar incluir el dióxido de cloro, recién nos entregó su pronunciamiento para saber si se incluirá para el tratamiento, aún no lo leímos”, dijo el director del Sedes, Henry Tapia.

En tanto, en Cobija (Pando) tampoco descartan tratar a sus enfermos con dióxido de cloro, pero debe ser aprobado por la sociedad científica, anticipó Erwin Escalante, director del hospital Roberto Galindo Terán. “Con tal de salvar la vida, supongo que no vamos a descartar nada, pero hay que tocarlo en el comité científico que está llevando este tema”.

Salud advierte sobre efectos

El Ministerio de Salud, en un comunicado, informó que el dióxido de cloro no corresponde a un medicamento y no cuenta con Registro Sanitario que respalde su seguridad, calidad y eficacia para sanar el COVID-19, por lo tanto, su elaboración, importación, distribución, comercialización y uso en el territorio es “ilegal”. “Por lo tanto, Ministerio de Salud no autoriza el uso de este producto”.

El Comité Científico Nacional COVID-19 del Ministerio de Salud advirtió el domingo que su ingesta tiene efectos secundarios, entre ellos: falla respiratoria, metahemoglobinemia, prolongación del espacio QT en el electrocardiograma, hipotensión causada por deshidratación, falla hepática aguda, anemia hemolítica, vómitos y diarrea severa y trastornos hidroelectrolíticos.

“(…) Queda claro que el uso de este producto puede interferir en la aplicación de medidas de prevención apropiadas, dar una falsa sensación de seguridad a la población y promover el abandono de otras medidas que han demostrado ser eficaces y seguras. Se recomienda a la población boliviana evitar la manipulación psicológica, la indebida insinuación y la intimidación ejercida para ingerir dióxido de cloro con el supuesto fin de prevenir o tratar COVID-19”.

(29/06/2020)

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