La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José de Costa Rica, convocó para el 2 de mayo a una audiencia para tratar la demanda de la persona de iniciales I.V., a la que se le practicó una esterilización “permanente y forzada”, en contra del Estado.
El 1 de julio de 2000, I. V. fue sometida a una cesárea en el Hospital de la Mujer, donde se le practicó una esterilización “permanente y forzada” sin el consentimiento informado, según la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derivó el caso a la Corte IDH.
Producto la cirugía, sufrió la pérdida permanente y forzada de su función reproductora y según la demanda, “esto se constituye en una violación a la integridad física y psicológica, así como a sus derechos a vivir libre de violencia y discriminación, de acceso a la información y a la vida privada y familiar”, informó la agencia EFE.
“Ella fue sometida a una operación de ligadura de trompas cuando estaba dando a luz a su segunda hija y no se le pidió la autorización, como correspondía, y esta versión ha sido demostrada ante la Comisión”, informó a La Razón Rielma Mencias, directora de Derechos en Acción, en 2015.
La CIDH concluyó que la intervención quirúrgica constituyó una violación a la integridad física y psicológica de I. V., así como a su derecho a acceder a la información y a la vida privada y familiar, entendiendo la autonomía reproductiva como parte de tales derechos, señala un comunicado de prensa del organismo.